Otra movilización contundente en Junín, en recla-mo de justicia por el policía asesinado. Presentaron ante el Consejo de la Magistratura un escrito de 20 puntos en el que detallan irregularidades que "entorpecen la investigación" y "benefician" al joven Juan Marcos Fernández.
El intendente Juan Linares confirmó que la presidenta Cristina de Kirchner se interesó por el caso y dio instrucciones para sumar fuerzas federales a las tareas de búsqueda.
JUNÍN DE LOS ANDES (ASM)- Los familiares del policía asesinado, que anoche marcharon al frente de una gruesa columna de unas mil personas para depositar flores en el edificio local de tribunales y exigir justicia por José Aigo, acusaron al juez Joaquín Cosentino de entorpecer la investigación y otorgar privilegios a Juan Marcos Fernández, hijo del intendente de San Martín de los Andes y conductor de la camioneta en la que viajaban los buscados.
Los deudos del sargento abatido por la espalda en un control de tránsito sobre la ruta 23, el miércoles 7, presentaron un escrito ante el Consejo de la Magistratura en el que piden la urgente intervención de las autoridades para revisar la actuación del magistrado.
En tanto, nuevos efectivos policiales se sumaron a la búsqueda de los evadidos Juan Carlos alias "El Chino" y Alexis Cortez Torres, de quienes se supone son ciudadanos chilenos vinculados con organizaciones sediciosas que operan en la clandestinidad en aquel país.
El tal "Juan Carlos" fue quien disparó a matar y se enfrentó con el compañero de Aigo, el oficial Pedro Guerrero, que puso en fuga a los dos sujetos mientras Fernández permanecía en el lugar.
Desde Presidencia de la Nación se aseguró colaboración de las fuerzas federales para dar con los sospechosos, a la vez que se reforzó la participación de efectivos policiales y se incorporaron nuevos medios aéreos y personal de Gendarmería (ver notas aparte).
Anoche, una silenciosa columna con velas, flores y gigantografías de la víctima, marchó hasta el edificio del Poder Judicial, donde leyeron el escrito presentado horas antes al Consejo de la Magistratura. En la marcha estuvieron el intendente Juan Linares, la viceintendenta Andrea Rosso y miembros de la cooperadora policial.
Antes y en rueda de prensa, la familia había presentado un escrito de 20 puntos dirigido al Consejo de la Magistratura del Neuquén, varias de cuyas observaciones y denuncias ya fueron publicadas por este diario.
Pero a más de dos semanas de los hechos, el escrito de la familia afirma que el presunto mal desempeño del juez Cosentino "impide la actuación de la fiscalía y la querella, y omite o demora ordenar medidas urgentes, dando un evidente trato privilegiado a (Juan Marcos) Fernández, mostrando un completo desinterés en saber la verdad material de lo que sucedió la noche que asesinaron a nuestro hermano".
En ese sentido, repudian la libertad concedida al hijo del intendente, quien desde el primer momento fue considerado como un testigo por el magistrado, contratado para hacer un "flete" entre El Bolsón y Aluminé, hasta que el pasado lunes se le imputó falso testimonio y fue excarcelado.
El fiscal pretende que se lo procese también por encubrimiento, pero de momento no ha logrado su cometido.
"Solicitamos encarecidamente a las autoridades de la justicia provincial y nacional que tomen cartas en el asunto, para controlar las acciones de sus inferiores y de esta manera se tomen medidas urgentes en la investigación y no se siga entorpeciendo la causa judicial por parte del juez subrogante Joaquín Cosentino".
Destacan la labor del fiscal Manuel González y del abogado de la querella, Gustavo Lucero, así como la tarea de la Policía provincial.
Pero en el primer punto del escrito, dicen: "Repudiamos con todas nuestras fuerzas las tareas de investigación que ordena el juez, las cuales son muy lentas e impiden de esa manera encontrar a los asesinos de José Eduardo Aigo".
En la larga lista de objeciones incluyen la demora en la realización de la autopsia, 36 horas después del fallecimiento, y la inmediata libertad del joven Fernández, que el mismo jueves 8 dejó el juzgado como testigo al mismo tiempo en que velaban el cuerpo del policía.
Recuerdan que por entonces el juez sólo se basó en la declaración testimonial del propio Fernández para otorgarle la libertad, sin disponer medidas a los fines de corroborar los dichos, tales como el allanamiento de su domicilio; la recepción de la declaración testimonial de su esposa (luego también imputada por falso testimonio y excarcelada); esperar los resultados de la requisa o pericias que se debían realizar en el vehículo propiedad de Fernández; esperar que sea ubicado o detenido alguno de los prófugos, y el resultado de los allanamientos ordenados.
También denunciaron "privilegios" en favor de Fernández, como el traslado a San Martín de los Andes y el asesoramiento -afirman- de un abogado cuando estaba demorado en calidad de testigo; a la vez que subrayan otros hechos ya anticipados por este diario y denunciados por la fiscalía. Por caso, mencionan la realización de dos allanamientos que no fueron comunicados previamente al fiscal Manuel González (uno en Buenos Aires y otro en la seccional Yuco del Parque Lanín, del que dio cuenta "Río Negro" en su edición de ayer), así como un entredicho con el abogado Lucero por el horario de una ampliatoria de testimonial de Analía Godoy, la esposa del joven hijo del intendente de San Martín.
Otro de los duros cuestionamientos al juez resulta de considerar "inexplicable" que luego de diez días, Cosentino ordenase el allanamiento del domicilio de Juan Marcos Fernández en Mallín Ahogado, cuando "debió ser una de las primeras medidas a adoptar, tras recepcionarle la declaración testimonial a esta persona y a los fines de corroborar sus dichos".
Ese allanamiento en la provincia de Río Negro no le fue comunicado -afirman- a las autoridades policiales del Neuquén.
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