El gobernador Jorge Sapag no deja la administración provincial de la mejor manera. Después de casi ocho años al frente del Ejecutivo, entrega las cuentas fiscales con un déficit récord de cerca de 1.900 millones de pesos. Algo nunca visto en la corta historia de Neuquén.
Así lo refleja la ejecución del cierre presupuestario para este primer semestre del año. Según datos consignados por el Ministerio de Economía de Neuquén, los ingresos totales percibidos por la administración en estos primeros seis meses del año alcanzaron los 14.525 millones de pesos, mientras que los gastos totalizaron los 16.403 millones en ese mismo período. El déficit financiero se ubicó en los 1.878 millones, cifra que dista, y mucho, del superávit de 950 millones logrado al cierre del mismo semestre del año pasado o los 74 millones negativos del 2013 (ver infograma en páginas siguientes).
Si bien el gobierno neuquino entregó todo tipo de relatos, apuntalando el concepto de poner un freno al gasto público, las estadísticas oficiales muestran que las erogaciones crecen a un escalofriante promedio de 51 millones de pesos por día hábil. La cuenta es sencilla. Durante el primer semestre del año en curso las erogaciones totales del Estado neuquino se incrementaron en 6.146 millones de pesos respecto del mismo período del 2014. Teniendo en cuenta que en estos seis meses del 2015 existieron 120 días hábiles para la administración pública, una simple relación da cuenta de que el gasto se disparó a un promedio de 51,2 millones de pesos diarios.
Es algo realmente complejo poder racionalizar semejante salto en el gasto en tan poco tiempo. Son más de 6.000 millones de pesos adicionales que se devoró la burocracia estatal en sólo seis meses. Lamentablemente esa millonaria cifra lejos está en el reflejo de una mejor educación, servicio de salud o seguridad para la provincia.
¿Cómo se explica pasar de un superávit de 900 millones a un brutal déficit cercano a los 2.000 millones de pesos en doce meses? Semejante descontrol puede relacionarse sólo con la irresponsabilidad de un gobierno provincial en el mal uso de los recursos públicos durante un año electoral. Prometieron lo imposible para poder mantenerse en el gobierno. Lo lograron, pero ahora la fiesta hay que pagarla. ¿Cómo lo van a hacer? Con más endeudamiento. Una fórmula que ha utilizado mucho la administración Sapag para salir de los apuros financieros generados por su propio desmanejo.
En este contexto, el gobernador envió semanas atrás un proyecto de ley al Parlamento neuquino para emitir títulos de cancelación de deuda pública (Ticade) por 300 millones de dólares en los mercados financieros local e internacional. Desde el gobierno aseguraron que estos fondos frescos irán a cubrir vencimientos de deuda y no gastos corrientes, algo poco creíble para muchos teniendo en cuenta los desequilibrios que presentan las cuentas presupuestarias.
El texto presentado en la Legislatura avala al Ejecutivo a realizar un canje de títulos públicos en circulación y pone como garantía recursos provenientes de la coparticipación federal de impuestos, junto con los fondos que perciba el distrito en concepto de regalías. Los bonos Ticade tendrán un plazo de emisión de hasta doce años, con tasa fija o variable y con pago de intereses trimestrales, semestrales o anuales. Además, la tasa de interés no podrá superar en cinco puntos porcentuales la tasa que rinden los títulos soberanos emitidos por el Estado nacional.
Teniendo en cuenta las garantías de este nuevo título y las altas tasas en dólares que hoy está pagando el país para acceder a financiamiento, quien tome los bonos Ticade obtendrá una alta rentabilidad. Pero hay que dejar bien en claro que, en última instancia, esto es un juego de suma cero: las ganancias de unos (inversores) sólo se producen porque los otros pierden (Provincia).
Es difícil pensar como un territorio con semejante cantidad de recursos naturales, ingresos extraordinarios en sus cuentas fiscales y una escala poblacional relativamente baja pueda llegar a los actuales niveles de deterioro. Claramente Sapag, no se va de la mejor manera. Llegó en diciembre del 2007 con dos grandes objetivos: lograr una mejora en los precios de los hidrocarburos, lo que repercutiría en mayores ingresos fiscales por regalías liquidadas, y poner en marcha la emblemática obra multipropósito Chihuido. En estos ocho años sólo promesas recibió del gobierno nacional sobre estos dos emblemáticos objetivos.
Ni siquiera la puesta en marcha de Vaca Muerta en el 2011 y la irrupción de YPF en el control de esta importante área, al año siguiente, se pudieron traducir en una mejora para los neuquinos y las cuentas provinciales. La estadística oficial avala estos conceptos. En este primer semestre del 2015 los ingresos por regalías alcanzaron los 2.684 millones de pesos, cifra que representa una caída en valores reales (neteados por el IPC neuquino) del orden del 8% en relación a los recursos obtenidos en el mismo período del año anterior.
Las promesas de millones de dólares de ingresos a las arcas provinciales se van diluyendo en el tiempo y las expectativas sobre el potencial derrame económico que podría generar Vaca Muerta continúan postergándose. En definitiva, la esperanza es lo último que se debe perder.
Tendencia preocupante
Mientras la mayor parte de los gremios exige al gobierno provincial que cumpla con sus compromisos firmados meses antes de la última elección, la administración Sapag no tiene respuesta a estas demandas. Esta semana el gobernador fue claro con su mensaje: "La tesorería está al límite". Los números que refleja el presupuesto avalan esta crítica situación.
Los gastos corrientes que se ven en el presupuesto ejecutado, que son los que contemplan el funcionamiento global de la administración pública provincial, se ubicaron en este primer semestre en los 14.875 millones de pesos, mostrando un crecimiento respecto del mismo período del año anterior del orden de los 5.400 millones. Los ingresos corrientes por su parte alcanzaron los 13.925 millones, reflejando un salto de algo más de 3.100 millones.
Las crudas cifras oficiales reflejan que, mientras los ingresos suben a una tasa interanual del 29%, los gastos lo hace al doble, al 58%. Un esquema que es imposible de sostener en el tiempo.
Sin lugar a dudas el actual ministro de Economía y flamante gobernador electo, Omar Gutiérrez, tiene por delante un importante desafío para corregir la herencia dejada por Sapag. Si bien todo indica que existe una "continuidad" política para los próximos cuatro años de gobierno, el contexto económico nacional y las restricciones financieras que presenta la Provincia hacen prever que no hay mucho más margen para seguir incrementando el gasto público sin una gestión adecuada sobre esos recursos.
