Se conocen casos desopilantes en la causa de los certificados truchos.
Mario Cippitelli
cippitellim@lmneuquen.com.ar
Neuquén.- Estaba tan deprimido por la muerte de su perro que se pidió dos años de licencia psicológica. Otra persona se sentía muy gorda e hizo lo mismo por un extenso período. Y no faltó quien asegurara que sufría trastornos de ansiedad para ausentarse de la oficina por tres meses.
A medida que avanza la investigación por el caso de los certificados truchos, la Justicia va descubriendo casos realmente desopilantes e indefendibles a la hora de justificar ausentismos en el trabajo.
Todo se inició con una denuncia que en su momento presentó la Municipalidad de Neuquén al constatar la gran cantidad de licencias por largos períodos que algunos empleados se tomaban bajo el amparo de la firma de un psicólogo o un psiquiatra. Ese fue el disparador para que la Justicia no se quedara sólo con los casos municipales y abriera la investigación a todos los ámbitos de la administración pública de la provincia. Fue la punta de un gigantesco iceberg que roza la corrupción, la falta de ética de algunos médicos, la desidia de los empleados y la flexibilidad de los funcionarios a la hora de controlar.
En las oficinas de recursos humanos de varias dependencias del Estado conocen cada caso en particular, pero la mayoría de las veces hay más resignación que ganas de investigar los motivos del ausentismo crónico que tienen algunos trabajadores por más desopilantes e increíbles que parezcan. “Es tanta la impunidad que nadie se avergüenza a la hora de justificar una licencia prolongada con la muerte de una mascota”, dijo ayer una fuente judicial.
Aparentemente, el fiscal que maneja el caso, Germán Martín, está decidido a seguir adelante con la investigación. Si bien el funcionario prefiere mantener el silencio y no hacer declaraciones al respecto, trascendió que estaría dispuesto a avanzar mucho más para ver hasta dónde llegan estos casos que anualmente generan pérdidas millonarias al erario público.
Los certificados truchos que involucran a siete médicos (entre psicólogos y psiquiatras) se acomodan a las necesidades de cada “paciente”. Y, dependiendo del tiempo de licencia, se cobran los honorarios que sean. Comienzan con 500 o 700 pesos, pero las renovaciones pueden llegar a ser mucho más costosas, dependiendo del grado de complejidad para “convencer” al empleador de que esa persona no está en condiciones de ir a trabajar porque se siente mal. Así se conoció otro caso de un empleado que había contratado un “paquete” para viajar al exterior y cuando se lo comunicó a su jefe éste le recordó que no tenía suficientes días de licencia para hacerlo. ¿La solución? Un certificado psicológico por 30 días para cubrir esas vacaciones soñadas sin problemas. Nadie podría cuestionar un pico de estrés o de depresión. Tampoco faltan aquellos que se encuentran “mal”, pero que aprovechan ese ausentismo para estudiar o cumplir tareas en otro lugar durante largos períodos, aunque todos en la oficina estén al tanto.
La investigación por el “festival de certificados” –como comienzan a llamarlo en los pasillos de la Justicia– ya causó un fuerte impacto en todas las dependencias del Estado porque puede derivar en penas y sanciones realmente severas.
De ahora en más, los empleados pensarán dos veces en pedir una licencia psicológica porque se les murió “el Boby”, porque se sienten muy gordos, están deprimidos porque está grave el primo del tío de un concuñado o el jefe los mira con mala cara.
Creen en la Justicia que, aunque la investigación recién empieza, la noticia ya puso un freno al negocio de los certificados. Mientras pase la tormenta, tendrán que levantarse temprano, concurrir a la oficina y ganarse el sueldo trabajando. Deberán hacer el sacrificio por más problemas que les plantee la vida. Como lo hace la inmensa mayoría que da pelea pese a todo. Como aquellos que todavía tienen tanta dignidad como vergüenza.
Los gremios apoyan la investigación
Los gremios provinciales ven bien que se investiguen las licencias psicológicas prolongadas, pero advirtieron que esto no debe convertirse en “una caza de brujas”.
Carlos Quintriqueo, secretario general de ATE y la CTA, dijo que debería investigarse a los profesionales y que, en caso de detectar una irregularidad, tendría que aplicarse una sanción, como por ejemplo quitarle a esa persona la prestación del ISSN. Dijo que además falta control en el Estado y que, para evitar estas cosas, sería importante cambiar y actualizar la legislación de licencias médicas.
Claudio Salazar, de Sejun, indicó que no les consta que exista este tipo de abuso en el TSJ. Igual le pareció bueno que se investigue, aunque aclaró que debe “recaer en todos, empleados y funcionarios, porque si no siempre se corta el hilo por lo más fino”.
En tanto, Marcelo Guagliardo (ATEN) consideró que es algo que se debe estudiar con cautela porque hay trabajadores con dolencias severas. “Defendemos el régimen de licencias, pero esto no quita que haya un control con un departamento de salud ocupacional. También es importante el control de profesionales, porque pueden darse las situaciones que se conocen públicamente”.
