JUNÍN DE LOS ANDES (ASM).- El intendente Juan Linares asistió ayer a la primera jornada del juicio penal que se le sigue por incumplimiento de deberes de funcionario público, en una causa iniciada con la denuncia de un inversor del Parque Industrial de Junín de los Andes, a propósito del destino de fondos depositados por el privado para obras de infraestructura en el predio.
Precisamente el denunciante, Antonio Benvenuto, fue el primero en declarar tras la presentación del caso que hizo el fiscal Manuel González ante el juez Mario Tommasi.
También fue citado Diego Marcovesky, quien era el presidente del Concejo Deliberante que aprobó el proyecto en cuestión: una estación de GNC. Luego siguió en el turno de los testimonios el del exintendente Enrique Campos (MPN), también al frente del Ejecutivo cuando se aprobó aquella iniciativa.
En la misma causa está imputado quien fuera el secretario de Linares en el área de Promoción del Empleo y Desarrollo Territorial, Alejandro Regueiro.
Linares escuchó la presentación del fiscal y los testigos. El intendente de Junín es asistido por el abogado sanmartinense Saúl Castañeda.
La acusación se centra en un expediente iniciado por la denuncia del inversor Benvenuto. Se trata de una disputa por el uso de los caudales depositados en una cuenta oficial por el empresario y adquirente de parcelas del Parque Industrial de la ciudad, que conforme la normativa debían tener por único destino el desarrollo de la infraestructura de servicios en ese área.
Conforme la formulación, se atribuye el incumplimiento del mandato de la Carta Orgánica respecto del apoyo e impulso a las actividades industriales y comerciales dentro de su ejido, y las acciones necesarias para organizar, desarrollar y fomentar el Parque Industrial Municipal, en combinación con los alcances de la ordenanza 479/95, que en su artículo 10 dispone que "los fondos existentes (por pagos de los adquirentes de parcelas) se reinvertirán en infraestructura de servicios en el área industrial".
El juicio contra Linares es el primero en su tipo contra un funcionario público municipal a partir de la vigencia del nuevo Código Procesal Penal de la provincia.
El Deliberante desechó por mayoría la suspensión preventiva, por lo que Linares enfrenta el juicio manteniendo sus funciones al frente del Ejecutivo.
