Pero eso es sólo en los papeles. En la realidad el ajuste va a ser más profundo. El presupuesto proyecta el dólar a $12, un monto significativamente inferior, y contradictorio, con lo que vienen diciendo los economistas del macrismo, que pretenden llevarlo a $14/$15 con la liberación del “cepo” cambiario.
Los analistas económicos estiman que de mínima la devaluación que planea el gobierno entrante ubicará la inflación en 40% el año próximo. Los precios de la mayoría de los alimentos ya comenzaron a ser remarcados en noviembre. La escalada inflacionaria podría ser mayor incluso porque el designado ministro de Energía y Minería, Juan José Aranguren, anunció el retiro de subsidios y un tarifazo.
En la Ciudad el macrismo hace honor a los presupuestos de ficción que elaboró el kirchnerismo en el Congreso Nacional durante los últimos años.
El presupuesto dice que el Producto Bruto Geográfico crecerá 2% en 2016. Es un cuento. El equipo económico que asumirá el 10 de diciembre prepara un ataque al salario, lo que se viene es ajuste, devaluación y recesión. Por lo tanto, ni siquiera se podrán cumplir los objetivos recaudatorios con la economía en retroceso. El Frente de Izquierda rechaza este presupuesto de ajuste y reclama para las partidas de salarios de los trabajadores municipales, de educación y salud, una readecuación permanente acorde a la verdadera inflación.
Festival de endeudamiento
El gobierno de la Ciudad anticipa con la escalada de endeudamiento lo que el gobierno nacional entrante busca mediante un acuerdo con los fondos buitres y el inicio de un nuevo ciclo de deuda externa.
El 20 de Noviembre el Poder Ejecutivo de la Ciudad solicitó autorización para ampliar el Programa de Asistencia Financiera y de Financiamiento en el Mercado Local. La nueva deuda es por 460 millones de dólares. Ese mismo día solicitó ampliar esos programas por 60 millones de euros para material rodante de la Línea H de subterráneos y como si fuera poco hicieron otro pedido de deuda por 500 millones de dólares “destinado a inversiones en infraestructura a realizarse bajo la órbita de diversos Ministerios del Poder Ejecutivo”. Este proyecto llega al límite de pedir autorización para endeudarse a la Legislatura sin siquiera definir en qué se usará ese dinero.
En estos casos, los títulos emitidos bajo el Programa de Asistencia Financiera quedan sometidos a los tribunales de Inglaterra para definir diferendos. Aunque cambia el país, es la misma concesión de soberanía que hoy tiene sometida la deuda pública nacional al arbitrio del juez Thomas Griesa.
En 2015, en el Presupuesto presentado a los legisladores, el monto total del nuevo endeudamiento autorizado al Gobierno de la Ciudad ascendió a $5.490,5 millones. El resultado: la deuda creció 303% en la gestión del PRO, pasando de u$s 574 millones hace siete años a u$s 2.315 millones el 30 de septiembre de 2015. Los intereses de esa deuda están teniendo un incremento explosivo: pasaron de 153 millones de pesos en 2007 a 2.605 millones en el presupuesto 2016. Un alza de 1604% que supera claramente cualquier índice de inflación del período.
Según análisis del Cippec, la Ciudad es una de las jurisdicciones más activas en los mercados de deuda en los últimos años con una proporción de deuda en moneda extranjera de 98%. Aunque parte de la deuda es emitida en pesos, se realiza bajo la modalidad de “dollar linked”. Con la devaluación en ciernes el peso de la deuda y de los intereses pegará un nuevo salto en el presupuesto siendo un enorme peso e hipoteca, presente y futuro, sobre el pueblo trabajador de la Ciudad.
Las mentiras del PRO están a la vista. Mientras argumentan que la nueva deuda es tomada para obras de infraestructura, el porcentaje de este ítem se mantuvo alrededor del 15% del gasto durante toda la gestión de Mauricio Macri. Claramente, la deuda se utilizó para financiar el déficit público y pagar el endeudamiento preexistente. Un negocio redondo para los especuladores.
Seguridad y publicidad, las preferidas del presupuesto
La gestión de Rodríguez Larreta no prevé modificar sustancialmente la estructura de gastos de la Ciudad. El gasto en Servicios Sociales (Educación, Salud, Promoción Social, Cultura) se mantiene en los bajos valores de la que caracterizan a la administración macrista. Hace 10 años el gasto se situaba cerca del 65% del presupuesto total y hoy ni siquiera llega a 61%, cuando cada punto porcentual hoy equivale a más de $1.100 millones. Mientras se condena a la educación pública de la Ciudad a un bajo presupuesto, se privilegia a la educación privada. Los subsidios a este sector crecerán 41% respecto a 2015, llegando casi a los $4.000 millones.
Mientras, el porcentaje del presupuesto para la educación pública destinado a las cooperadoras, becas, infraestructura y mantenimiento retrocede notablemente. La salud también sigue siendo un gran tema de debate. El ejemplo es el nuevo recorte al Hospital Garrahan, cuyos trabajadores calculan en casi $350 millones para 2016.
Menos para gastos sociales y más para seguridad y publicidad oficial sigue siendo la ley ordenadora del gobierno del PRO en la Ciudad.
El tema de la “publicidad y propaganda” es escandaloso. Las partidas se calculan para el año próximo en más de $950 millones, superando la de 2015, año en que ya se había incrementado en casi 100% por las elecciones y la separación de las elecciones de la Ciudad y las nacionales. Es además un presupuesto que estuvo enmarcado en enormes polémicas de falta de transparencia con el dinero recibido por la empresa de quien fuera candidato a diputado del PRO, Fernando Niembro, quien tuvo que renunciar a partir de este escándalo, o radios que denunciaron penalmente al Gobierno de la Ciudad por jamás haber recibido dinero por pauta publicitaria que figuraba en los datos presentados en la página de la Ciudad.
La otra gran caja que ha creado el macrismo ha sido la destinada a los Servicios de Seguridad y a la Policía Metropolitana, cuyas erogaciones para 2016 están previstas en más de $5.300 millones y constituye parte del discurso represivo del PRO. Esta fuerza estuvo además implicada en desalojos y represiones como en el Hospital Borda y en el Parque Indoamericano (con asistencia de la Federal) y está acusada de balear a Lucas Cabello, un joven que cuidaba coches en el barrio de La Boca.
Una ciudad para los grandes empresarios
En sintonía con la designación de gerentes y CEO´s en los principales puestos nacionales, el gobierno de la Ciudad también será “atendido por sus propios dueños”. Nicolás Caputo, el amigo multimillonario del multimillonario Mauricio, es el gran ministro “sin cartera” del PRO.
El Grupo Roggio se beneficia por subsidios a la actividad de los subterráneos. No sólo la ganancia de ese grupo es subsidiada a través del pasaje, sino que la renovación y ampliación del material rodante y la infraestructura queda en manos del presupuesto público. Los costos los absorbe la población de la Ciudad mientras los beneficios los embolsa el empresariado. Lo mismo ocurre con las empresas que lucran con la recolección de residuos. Se les subsidia la compra de los camiones y las plantas de reciclados. Pero la cosa no termina allí. Se reparten exenciones impositivas a doquier, como en el Polo Tecnológico o el Distrito de las Artes. Una fiesta para los empresarios.
La contrapartida de los grandes negocios inmobiliarios privados es el escaso presupuesto dedicado a viviendas: menos del 2% del total. No sólo eso. El gobierno de la Ciudad todos estos años subejecutó esas partidas, mientras las villas y los asentamientos precarios siguen sin urbanizarse.
La Ciudad tiene un esquema impositivo regresivo apoyado en la recaudación de los ingresos brutos. Para que la Ciudad empiece a atender las necesidades de sus trabajadores hay que imponer impuestos al capital financiero, por ejemplo grabando con tasas especiales a la propiedad y a los ingresos de las actividades financieras. Lo mismo aplica para los especuladores inmobiliarios, como pueden ser impuestos a las viviendas ociosas. Es necesario responder al déficit habitacional con la urbanización de villas y asentamientos, créditos para la primera vivienda y un plan de obras públicas bajo control de sus trabajadores. De igual manera, es urgente la estatización de todas las líneas de subterráneos y de la recolección de los residuos bajo gestión de sus propios trabajadores.
