Representantes del presidente electo pretenden imponer decisiones para las que no están facultados, no sólo porque aún no están en ejercicio de funciones sino también porque, principalmente, impulsan con ello violaciones a la normativa que, en campaña, prometieron una y otra vez respetar.
Por esto COMUNA, como lo hacen otras organizaciones y sectores, reclama la observancia irrestricta de las normas que establecen con toda claridad cuáles son los plazos de gestión para los que fueron designadas las autoridades de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (AFSCA), Radio y Televisión Argentina (RTA) y todos los organismos contemplados en la Ley 26.522.
Asimismo denuncia la concatenación de acciones de intimidación con complicidad de un sector de la justicia, al lanzarse el viernes 4 de diciembre un allanamiento a las oficinas de AFSCA después de que su titular, Martín Sabbatella, ajustado plenamente a derecho, reiteró ante personeros macristas que seguirá en el ejercicio de la función por el plazo establecido legalmente.
Estas acciones se inscriben en una serie de expresiones contrarias a la libertad de expresión por parte de futuros funcionarios, como las amenazas a periodistas sobre que el 10 de diciembre se quedarán sin trabajo, por difundir informaciones y opiniones que no son del gusto del presidente electo, y las declaraciones a favor de la eliminación de espacios periodísticos por el mismo motivo.
Todas estas acciones y declaraciones cuentan además con el coro de acompañamiento de medios en posición dominante o que sin serlo se identifican con toda claridad con el futuro gobierno, como cuando escriben que hay funcionarios que "se aferran al sillón" o que quieren "continuar en el gobierno de Macri", ignorando toda referencia a la ley vigente, lo que representa un acto de censura y de engaño a su público.
Buenos Aires, 4 de diciembre de 2015
