Habrá un "protocolo de convivencia" consensuado con los gobernadores
Por Sebastián Aulicino Agencia Buenos Aires"La protesta social es una problemática de todo el país. Lo que in
tentamos es encontrar un consenso con las provincias que nos permita homologar una propuesta conveniente para todos". Lo dijo ayer a "Río Negro" la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, en relación al protocolo de "convivencia" para regular las protestas sociales en el que el gobierno ya está trabajando. Un tema que no es sencillo y que por los potenciales costos políticos el kirchnerismo sólo amagó con tratar, pero que finalmente quedó en vía muerta en el Congreso.
En la mañana de ayer, Bullrich, había afirmado que ese protocolo "va a ser un consenso de todos", por lo que requerirá diálogo con los ministerios de Seguridad de los 24 distritos del país. "Es un tema que tenemos que abordar entre todos y así creo que va salir", dijo en diálogo con radio Continental y subrayó que "es tan importante que no estén cortadas las rutas en Jujuy, Salta, Tierra del Fuego o Santa Cruz, como en la Ciudad de Buenos Aires".
La idea del gobierno es llevar el plan al Consejo de Seguridad Interior, que hace poco avaló por unanimidad el pedido de la ministra para decretar la emergencia nacional en seguridad. Según una alta fuente gubernamental, se busca que "todos dejen sus huellas marcadas en lo que se va a empezar a hacer para enfrentar este problema". Se trata de "construir un paraguas que los contenga a todos y no haya nadie que se tenga que hacer cargo, por sí solo", del costo de limitar la protesta, grafica la misma fuente.
Desde que resurgió el tema con protestas como las de Cresta Roja y Bullrich expuso la línea oficial en esta materia, hubo llamados desde las distintas provincias al gobierno nacional. Uno de los gobernadores que ya dio las primeras señales de apoyo a la propuesta fue el neuquino Omar Gutiérrez (ver "Gutiérrez...").
El gobierno de Mauricio Macri enfrentó su primer conflicto de alto impacto con las movilizaciones y piquetes realizados por obreros de la avícola Cresta Roja, que incluyó choques con la Gendarmería. Pero Buenos Aires no es el único lugar donde la situación es delicada. En Jujuy, la Tupac Amaru hace acampes contra el gobierno de Gerardo Morales. En Neuquén, la semana pasada, los gremios estatales, partidos de izquierda y organizaciones kirchneristas marcharon por el centro de la capital y amagaron con hacer un escrache a Macri en Villa La Angostura, donde está de vacaciones.
El kirchnerismo se mostró primero tolerante y hasta alentó la modalidad de los piquetes, pero llegó a reprimir algunos y hacia el final, hizo algunos intentos de regularlos.
La última iniciativa kirchnerista, en abril del año pasado fue un proyecto de ley redactado por Juan Manuel Pedrini, diputado nacional por la provincia del Chaco y hombre muy cercano al entonces jefe de Gabinete, Jorge Capitanich. Su firma fue acompañada por las de Carlos Kunkel, Diana Conti, y otros legisladores ultrakirchneristas.
La propuesta fue adjudicada sólo a los firmantes, tal vez para evitarle costos a Cristina Kirchner, porque no sólo recibió críticas desde la oposición sino también del CELS, Carta Abierta, el Movimiento Evita, Luis D'Elía, entre otros. El proyecto antipiquetes distinguía entre manifestaciones legítimas e ilegítimas dependiendo de si notificaban o no 48 horas antes a la policía, y de si garantizaban o no el funcionamiento de servicios públicos y la libre circulación al menos en algunos carriles. Desde el Pro sostenían entonces que ellos ya habían presentado proyectos propios y que el del kirchnerismo era muy tosco. De forma similar, desde el massismo criticaban el oportunismo y recodaban las críticas K a una iniciativa similar elaborada por sus equipos.
Aquel proyecto kirchnerista quedó paralizado. "Nunca fue enviado para ser tratado en las comisiones. Tiene estado parlamentario, pero quedó frenado ahí. Primero me dijeron que sí y después que no…", dijo ayer Pedrini a este diario.
Unos años antes, apenas arrancado el 2011, la entonces ministra de Seguridad, Nilda Garré, había buscado también consenso con las provincias. Presentó ante sus ministros una serie de protocolos de acción, tendientes más a garantizar una actuación medida de las fuerzas de seguridad frente a las manifestaciones que a buscar su regulación. "Se buscará garantizar el control del tránsito para minimizar los inconvenientes para personas ajenas y reducir la posibilidad de hechos de violencia con los manifestantes", resumía uno de los puntos del acta de Garré. El gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck fue uno de los que lo suscribió.
