NEUQUÉN (AN).- El gobernador Omar Gutiérrez debió sortear siete crisis de distinta intensidad durante sus dos meses de gestión. La primera ocurrió un día antes de asumir el cargo, cuando su antecesor Jorge Sapag dijo que aumentaría por decreto los aportes previsionales al ISSN. La última, aún latente, es la de los gremios estatales que no descartan medidas de fuerza si no se cumplen sus expectativas de recomposición salarial.
El día antes de que jurara como gobernador, Gutiérrez brindaba su última entrevista televisiva como Ministro de Economía cuando un grupo de manifestantes de ATE llegó a las puertas del estudio para repudiar el incremento en los aportes que había anunciado Sapag. En paralelo, afiliados ocupaban el cuarto piso de ISSN. Se llegó a hablar incluso de un paro por tiempo indeterminado si se confirmaba la decisión. El tema quedó en el freezer.
Apenas comenzó enero el sindicato de profesionales de la Salud Pública (Siprosapune), el único que se encuentra actualmente con medidas de fuerza, votó un paro de 48 horas en reclamo de una convocatoria a mesa de negociación salarial. Además denunció la falta de recurso humano por las condiciones laborales. Los funcionarios aseguraron que el gremio sería citado, pero no le puso fecha y hora a la reunión.
La protesta más virulenta que enfrentó Gutiérrez hasta el momento fue la que encabezó ATE en Casa de Gobierno y que terminó con destrozos en el edificio. Los afiliados repudiaban el despido de tres operarios del EPAS –uno de la planta de Los Barreales y dos de Mari Menuco–. Se trataba de trabajadores que habían sido incorporados por contrato administrativo y que eran delegados. El gremio afirmó que iría por la vía judicial para resolver el conflicto.
Hubo dos grandes conflictos que derivaron en cortes de ruta por reclamos de desocupados que pedían trabajo en la industria hidrocarburífera. Un foco estuvo concentrado en Cutral Co-Plaza Huincul y terminó en un acuerdo por capacitaciones y el compromiso de veinte puestos.
El otro, en San Patricio del Chañar, finalizó con un violento cruce en pleno centro capitalino, entre facciones de la Uocra, al momento de firmar el acta en la subsecretaría de Trabajo.
A fines de enero cuarenta empresas de servicios especiales presentaron un pedido de preventivo de crisis. El secretario general de petroleros, Guillermo Pereyra, indicó que peligraban 1.500 puestos de trabajo. El 2 de febrero se suscribió un acuerdo por noventa días que congeló despidos y estableció un régimen de rotaciones para los trabajadores suspendidos que recibirán una suma remunerativa equivalente al 50% del salario neto.
La crisis en ciernes que deberá enfrentar el gobernador comenzará el 15 de febrero si es que no logra conformar a los estatales con la oferta salarial. Los auxiliares de servicio de ATE ya anticiparon que podría no iniciar el ciclo lectivo.
