Moyano, jefe del Sindicato de Peajes e hijo del líder de la CGT Azopardo, planteó en la iniciativa que "el Estado nacional tiene la obligación de garantizar la estabilidad del trabajo para sus habitantes, desactivando todo acto propio o de terceros que importe su privación de forma injusta".
En ese sentido, pidió declarar la "emergencia pública en materia ocupacional por el término de 180 días, contados a partir de la entrada en vigencia de la presente ley".
El proyecto establece que los "beneficios" de la norma "resultan de aplicación a todos los trabajadores que presten servicios en relación de dependencia, tanto en el ámbito público como privado en el territorio nacional".
Por eso, se busca que queden "prohibidos" durante 180 días "los actos administrativos que tengan por objeto la desvinculación de empleados públicos, cualquiera la naturaleza jurídica o denominación que se le asigne, y cualquiera sea la jurisdicción o poder del Estado que lo disponga", del mismo modo que para los trabajadores del sector privado.
"Los distractos dispuestos durante el referido plazo, serán nulos de nulidad absoluta", agrega la iniciativa.
(DyN)
