NEUQUÉN (AN).- El gobierno neuquino destina más de 9,5 millones de pesos mensuales para subsidiar a 8.583 trabajadores desocupados de la provincia. Los números oficiales corresponden al último relevamiento realizado en febrero y fueron dados a conocer ayer durante el tratamiento del proyecto del Poder Ejecutivo que establece capacitaciones obligatorias para los beneficiarios de planes.
Según el informe elaborado por el ministerio de Gobierno y Justicia, el 51% de los subsidios de desempleo se destina al departamento Confluencia, siendo Neuquén (2.303) y Centenario (1.528) las que más cantidad de beneficiarios tienen. Le siguen Cutral Co (322), Senillosa (86) y Plaza Huincul. En el interior, el departamento Zapala concentra la mayor cantidad de subsidios (1.292) y le siguen Aluminé (591), Loncopué (485), Huiliches (468) y Minas (451). En el otro extremo se encuentra Los Lagos, con nueve beneficiarios.
En la relación de subsidiados por población total, sin embargo, va a la cabeza Loncopué con un 6,4%. Detrás se ubican Minas (5,8%), Aluminé (5,7%) y Ñorquín (5,1%). Esa misma relación es de 1,1% en el departamento Confluencia.
"Si bien hay diversidad de situaciones, el valor promedio de la transferencia mensual ronda los 1.100 pesos", detalló el informe. En el interior, las ayudas sociales son administradas mediante el Programa Provincial de Asistencia a la Comunidad del ministerio de Seguridad, Trabajo y Ambiente. En la Confluencia, corresponden al Programa Provincial de Asistencia a la Desocupación Laboral, del Ministerio de Gobierno.
Los diputados de la comisión de Legislación del Trabajo retomaron ayer la discusión del proyecto de capacitaciones luego de que, semanas atrás, fracasara el debate ante la falta de información. Tras una hora de intercambios, se votó un despacho por mayoría que apoyó el oficialismo, el Pro, Unión Popular, FRIN y la UCR, y otro por minoría del FpV, Libres del Sur y el Frente Grande.
El planteo de la oposición fue que la capacitación sea considerada "un derecho" y no una obligación para el beneficiario. "No siempre la obligatoriedad redunda en un beneficio. Por el contrario, aquí lo haría peligrar porque si no se hace la capacitación, cae el subsidio", argumentó Santiago Nogueira.
En tanto Mario Pilatti (MPN) consideró que el proyecto es "pertinente y progresista porque obliga al Estado a brindar capacitación".
Ambos despachos deberán pasar por dos comisiones más antes de llegar al recinto.
