Viedma -
En la Línea Sur la distancia aleja bienestar, derechos y afectos. Esa es la situación que viven los niños que concurren a las escuelas hogares Nº 158 de Corralito y 152 de Cerro Alto, quienes regresan a casa cada 15 días de acuerdo al servicio de transporte escolar que ofrece Educación. Los padres –y los niños también– pidieron que el transporte sea semanal. Y aunque el tema aún está en la justicia, Educación se comprometió a que en el segundo cuatrimestre los chicos puedan volver a sus casas cada viernes.
A principio de año, los padres de los niños presentaron un recurso de amparo en el que intervino el Defensor de Menores e Incapaces de Bariloche, Ricardo Mayer. La Justicia de aquella jurisdicción hizo lugar al pedido, obligando al Estado rionegrino a aumentar la frecuencia del transporte una vez por semana. La resolución fue apelada por la Fiscalía de Estado y ahora debe expedirse el Superior Tribunal de Justicia.
Antes de que la Justicia tome una última resolución la ministra de Educación y Derechos Humanos de Río Negro, Mónica Silva, garantizó que durante el segundo semestre sería modificada la situación en función de refuerzos presupuestarios.
El compromiso fue asumido ante la defensora general Custet, quien también consultó la opinión de los alumnos de Corralito y Cerro Alto.
Cantidad de conmovedoras cartas recibió como respuesta. “Necesito el transporte semanal porque extraño a mi familia, los fines de semana me gusta ir a la casa de mi abuela. Los que son más chiquitos también la pasan mal porque están tristes”, sostuvo Lázaro. “Tengo 9 años, me estoy acostumbrando bastante, pero dos semanas parecen un mes y no estoy de acuerdo, no soy el único porque tengo hermanos que tuvieron la misma experiencia y no querían ir más a la escuela, eso mismo me pasa a mi, por favor pido que el transporte sea igual para todos”, reclamó otra.
Frente a esta situación y al recurso de amparo que espera una definitiva resolución, Custet consideró que “si bien el diseño de las políticas educativas se encuentra a cargo del Ejecutivo no puede desconocerse que, cuando éstas ocasionan un perjuicio a los derechos de algún niño, niña o adolescente, le corresponde intervenir al Poder Judicial a efectos de garantizar los derechos vulnerados”.
Además planteó que “si hasta el año pasado tenían contacto semanal con su familia, es regresivo que en 2016 un derecho tan fundamental se vea restringido a un contacto quincenal”.
La defensora general concluyó que “detrás del expediente judicial está la realidad, el dolor, la necesidad y los sueños de estos niños de 5 a 12 años que reclaman por su derecho a crecer en el afecto familiar como lo hacen los niños en la ciudad”.
