Piedra OnLine

miércoles, 13 de julio de 2016

Amenaza de muerte a periodista de “La Voz” por publicar denuncia de Iril por desfalco -

Andrés Martínez, supuesto funcionario municipal de Plaza Huincul y propietario de FM Top Hit, quien fue denunciado por el concejal Gustavo Iril a raíz de un supuesto “desfalco” en el municipio de Plaza Huincul, envió un mensaje de tipo mafioso a éste medio en el que advierte : “Me la vas a pagar… mirá para todos lados”. 

El mensaje amenazante fue enviado desde el teléfono particular de Martínez (299-5531606) a las 12,36 de este martes. La Voz realizó ayer a las 13 la correspondiente denuncia en Fiscalía.

El ataque, que incluye insultos y amenazas a través de su propia radio, no tiene más intención que amedrentar a éste medio que reprodujo un video del concejal Gustavo Iril cumpliendo con su función de contralor del Ejecutivo municipal, donde pide que se investigue la irregularidad de la contratación directa por 40 mil pesos de pauta publicitaria en el medio de Martínez que también es empleado contratado con categoría 25 del municipio, de acuerdo a los dichos del concejal.

Martínez aparece señalado como funcionario de planta política del intendente Juan Carlos Giannattasio y, como tal, debe regirse por el Código de Etica Pública fijado en la Ley 25.188 que fue ratificado por el Decreto 41/99.

Además, hay incompatibilidades evidentes entre su cargo y la pauta. El Código de Etica de los funcionarios públicos, una Ley nacional, en el capítulo V referido a Incompatibilidades y Conflicto de intereses, señala:
ARTICULO 13. — Es incompatible con el ejercicio de la función pública: b) ser proveedor por sí o por terceros de todo organismo del Estado en donde desempeñe sus funciones”.

Tras la denuncia, realizada por Iril el jueves pasado en plena sesión del deliberante, Martínez comenzó una campaña de hostigamiento al concejal y a este medio sin aportar un mínimo elemento al esclarecimiento de los hechos expuestos por el edil en el ejercicio de sus funciones. Cabe preguntarse: ¿el Estado municipal le paga a Martínez para que acalle al periodismo independiente y al concejal Iril con insultos y amenazas de muerte?.
Los próximos pasos del Ejecutivo municipal responderán a esta pregunta. -

Mientras tanto, Martínez en vez de esclarecer la acusación que lo comprende y que involucra fondos públicos, no sólo insulta sino que además llega hasta hacer un spot de propaganda ridiculizando a Gustavo Iril. No está claro si este ataque a un concejal que cumple sus funciones de contralor municipal es una política suelta, individual o impulsada desde el Estado.
La constancia del pago de 40 mil en FM Top Hit surgido del informe, según Iril.

Hay 50 mil pesos en sospechas. No es la primera vez que Martínez ataca con insultos y agravios a todo aquel que se le antoje. Pero ahora agrede a quien lo investiga desde su función de concejal. Y para completarla, también amenaza con ¿asesinar? a un periodista o su familia.
Volvemos al principio: de acuerdo a la denuncia no contestada desde el Ejecutivo aunque respaldada con documentos aportados por la Sindicatura Municipal, Martínez es funcionario del gobierno de Juan Carlos Giannattasio quien debería aclarar la situación contractual de Martínez que fue expuesta desde la semana pasada aunque insinuada por el mismo Iril desde mucho antes. Un intendente se puede equivocar en la elección de un asesor y es comprensible; puede pasar. Pero debe ser claro al fijar postura sobre las actitudes públicas de ese funcionario.
El mismo Código de Etica define en el artículo 3° que los funcionarios públicos “deberán observar como requisito de permanencia en el cargo, una conducta acorde con la ética pública en el ejercicio de sus funciones. Si así no lo hicieren serán sancionados o removidos por los procedimientos establecidos en el régimen propio de su función”.
Finalmente, hacemos responsable directa e indirectamente a Andrés Martínez por cualquier cosa que nos pueda suceder a cualquiera de los integrantes del staff de La Voz o sus bienes personales. Asimismo solicitamos que el Poder Ejecutivo y Legislativo municipal asuman posturas concretas ante la situación. -