La hora de los jueces - Piedra OnLine

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domingo, 3 de julio de 2016

La hora de los jueces

El Consejo de la Magistratura ha sido uno de los escenarios donde el kirchnerismo librĆ³ muchas de sus mĆ”s duras batallas por obtener el control de la Justicia. 
 
El jueves, con el voto unĆ”nime de 11 de sus miembros presentes, el Consejo aprobĆ³ la iniciativa de un grupo de organizaciones de la sociedad civil en favor de una exhaustiva auditorĆ­a de los jugados federales que investigan delitos contra la administraciĆ³n pĆŗblica. Un relevamiento sobre quĆ© han hecho y quĆ© estĆ”n haciendo los jueces que deben castigar la corrupciĆ³n. Pocas medidas despertaron mayor expectativa –y preocupaciĆ³n– en la Justicia.

Dos dĆ­as antes, durante la reuniĆ³n de gabinete del martes, el presidente Macri habĆ­a instruido al ministro de Justicia GermĆ”n Garavano para un seguimiento sobre el vertiginoso ritmo que tomaron las causas por corrupciĆ³n que involucran a funcionarios del Ćŗltimo gobierno despuĆ©s de aƱos de parĆ”lisis, sujeciĆ³n y temor. Garavano lo hizo pĆŗblico ese mismo dĆ­a: “El presidente mencionĆ³ la necesidad de que el Consejo de la Magistratura tome cartas en el asunto. La sociedad estĆ” esperando respuestas”.

El gobierno aspira a que la indagaciĆ³n sobre la tarea de la Justicia federal en los largos aƱos del kirchnerismo –jueces, camaristas, miembros de tribunales orales– despeje el camino hacia el juicio y remociĆ³n de aquellos que habrĆ­an sido funcionales a la impunidad. Desde la fantasmal apariciĆ³n de JosĆ© LĆ³pez con su carga millonaria en dĆ³lares no alcanzan las bocas en el gobierno para ponerles nombres: los jueces Rodolfo Canicoba Corral, Daniel Rafecas, SebastiĆ”n Casanello y el camarista Eduardo Freiler –de la muy cuestionada sala I del tribunal que integra Jorge Ballestero y que acaba de abandonar el subrogante Eduardo Farah, miembro tambiĆ©n de la sala II– estĆ”n entre los mĆ”s mencionados.

Suena demasiado simple. Como no sea que el objetivo del gobierno apunte a lograr renuncias espontĆ”neas –una alternativa, si bien buscada, poco probable– una auditorĆ­a de la Justicia federal enfrenta dificultades varias.

La tarea que se impuso el Consejo abarca la investigaciĆ³n sobre el desempeƱo de los jueces desde 1996 en adelante. AllĆ­ aseguran que, si bien administra y ejecuta los recursos del Poder Judicial, y pese a que cuenta con un cuerpo de auditores propio –su jefe es Pedro Meydac– el Consejo carece de presupuesto para una tarea semejante. Un relevamiento de las causas tramitadas por un solo juzgado podrĆ­a demandar un aƱo. “Y ademĆ”s, ¿quĆ© se supone que vamos a hacer en los juzgados? ¿Revisar carpeta por carpeta?”, se preguntĆ³ uno de los miembros del organismo.

¿Un placebo? Tal vez esto explique la unanimidad del voto, que incluyĆ³ el de tres integrantes alineados con las estrategias del kirchnerismo. Ese sector de cinco consejeros incluye a HĆ©ctor Recalde, titular del bloque de diputados del FpV, y es la llave para la apertura de cualquier sumario: se necesita del voto de los dos tercios del cuerpo para enjuiciar a un juez. Recalde, quien se retirĆ³ del plenario antes del voto, dijo ayer a RĆ­o Negro: “Una cosa es revisar los nĆŗmeros y otra el contenido del expediente. Esta es una decisiĆ³n que puede poner en riesgo la independencia del Poder Judicial”.

En algunos despachos de Comodoro Py la iniciativa fue bien recibida: se asegura que una auditorĆ­a de esta naturaleza ya fue propiciada en trabajos acadĆ©micos recientes de uno de los camaristas de CasaciĆ³n. TambiĆ©n se la considera como una jugada inteligente para administrar la fuerte presiĆ³n social contra la impunidad de los delitos por corrupciĆ³n desde la apariciĆ³n furtiva de LĆ³pez. Con todo, advierten que cualquier tarea, para obtener resultados, deberĆ­a ponerse en prĆ”ctica sin demora. Ya hay mucha gente barriendo debajo de la alfombra.

El gobierno tambiĆ©n buscĆ³ avanzar esta semana en un acuerdo con la oposiciĆ³n en el Congreso para la reforma del Ministerio PĆŗblico Fiscal. El principal obstĆ”culo parecĆ­a superado en la noche del lunes, cuando en una reuniĆ³n en el despacho del presidente de la CĆ”mara de Diputados, Emilio MonzĆ³, de la que participĆ³ el ministro Garavano, se hablĆ³ de fijar en cinco aƱos, con la posibilidad de una renovaciĆ³n, el mandato de procurador. El proyecto sin embargo no pudo ser tratado y se postergĆ³ para despuĆ©s del receso: al acuerdo con la oposiciĆ³n le precede una fuerte interna en Cambiemos sobre la situaciĆ³n de Alejandra Gils CarbĆ³. Lilita CarriĆ³ empuja la apertura de un juicio polĆ­tico contra la procuradora, mientras que el radicalismo –tambiĆ©n Garavano– procura un acuerdo para que abandone su cargo, que es vitalicio, en marzo.

Sin agenda definida, en el kirchnerismo se decĆ­a ayer que CFK viajĆ³ a Buenos Aires para notificarse personalmente de su situaciĆ³n procesal por la venta de dĆ³lar futuro. Se cuestiona que la hubiera sometido a esa exigencia Claudio Bonadio, uno de los mĆ”s controvertidos jueces federales y quien mĆ”s firmemente ha avanzado en las investigaciones sobre el enriquecimiento de la ex presidenta. Bonadio suma decenas de causas en el Consejo de la Magistratura, pacientemente cosechadas en sus 20 aƱos de trayectoria.