La marcha atrás con el tarifazo del gas abrió una sigilosa pero dura batalla entre las petroleras y la provincia de Neuquén por el pago de regalías. En juego hay unos 200 millones de pesos por mes, que quedaron envueltos en un limbo administrativo y que amenazan con detonar un conflicto que podría inclusive llegar a la Justicia.
El problema de fondo es que los topes de 400% para los hogares y 500% para grandes consumidores que impuso el gobierno nacional limita el precio del gas que recibirán las operadoras. De todos modos, la Casa Rosada está dispuesta a mantener los nuevos valores estipulados, que para el caso del gas neuquino llegan a 5,2 dólares el millón de BTU, por lo tanto cubrirá la brecha entre lo que paga el usuario y el valor de boca de pozo, con subsidios.
Las petroleras, sin embargo, se preparan para liquidar regalías sólo sobre el precio que efectivamente puedan facturar. Los subsidios, según su visión, corren por otro carril y no están alcanzados por la alícuota del 12%. No es la primera vez que buscan imponer esta postura. Ya lo hicieron tiempo atrás con el denominado plan gas, algo que le costó a la provincia varios millones de pesos y un atraso en los pagos hasta que finalmente pudieron arribar a un precario acuerdo.
Un carta inmediata
Pero el primer golpe de esta batalla lo dio el gobierno de Omar Gutiérrez. Las operadoras se sorprendieron el miércoles, cuando a pocos minutos de estar publicada la nueva resolución del Ministerio de Energía, que establecía los topes, recibieron una carta de la Subsecretaría de Hidrocarburos.
La misiva señala que, a pesar de los fallos judiciales y los nuevos techos tarifarios “deben aplicarse y respetarse las resoluciones” que establecen el precio promedio de 5,2 dólares el millón de BTU en boca de pozo “sin descuentos”, según pasajes a los que accedió “Río Negro”. También aclara que en caso de haber aplicado descuentos, deberá retrotraerlos.
El apuro del gobierno neuquino en marcar la cancha obedece a que a mediados de este mes se realizará una liquidación de regalías. La aspiración es que se haga bajo precio completo, aún cuando las empresas no hayan cobrado efectivamente ese monto.
Con la lupa legal
Al menos dos operadoras que trabajan en Neuquén adelantaron a este medio que estudian de cerca el caso. Incluso, desafían con la posibilidad de descontar a la provincia las regalías que ya pagaron en los dos meses pasados porque por la retroactividad del fallo judicial y la enorme mora en el pago, no pudieron cobrar el precio efectivo.
El tema anticipa una batalla política como la que tuvo que encabezar Jorge Sapag durante su gestión para que las petroleras paguen también por los subsidios que reciben. Para conseguirlo, firmó acuerdos bilaterales con cada compañía e inclusive hay algunas que jamás se adhirieron.
Las petroleras se cuidaron de que esos acuerdos no denominaran como “regalías” a esos aportes para no sentar precedentes. Los aportes se otorgaron a modo de compensación y quedaron a merced de los retrasos de los pagos del gobierno nacional, que llegaron a acumular varios meses.
En números
$ 11.500
millones es el costo que calculó el Estado para cubrir la brecha que dejan los topes y el uso del viejo cuadro tarifario.
$ 2.500
millones pretende conseguir el gobierno neuquino por regalías con los nuevos precios.
Claves de una disputa
Subsidio y precio
• Precio. El gobierno nacional calculó que, con el tarifazo, Neuquén iba a recibir un valor promedio de gas de 5,2 dólares el millón BTU, más del doble de lo que se cobraba antes de las modificaciones implementadas.
• Regalías. Según las proyecciones provinciales, el nuevo precio iba a implicar un ingreso extra de 2.500 millones de pesos anuales para la provincia: poco más de 200 millones mensuales.
• Cobro. En las primeras liquidaciones, las empresas aportaron por un valor de 4,2 dólares el millón de BTU, lo que significó ingresos por 150 millones de pesos.
• Expectativa. El gobernador Omar Gutiérrez sostuvo que los valores en boca de pozo se respetarán, aún con subsidios desde el Estado.
• Costo. Según la Casa Rosada, la medida costará 11.500 millones de pesos al año a las arcas estatales.
La judicialización de los aumentos paralizó la cadena de pagos y las operadoras no quieren repetir el viejo esquema de deudas acumuladas.
