Crexell solicitó la eliminación del inciso m del artículo 8 del proyecto de Acceso a la Información sancionado por la Cámara Baja, que exceptuaba de la obligación de proveer información a sociedades anónimas sujetas al régimen de oferta pública. “Quiero resaltar que es necesario que la Cámara Revisora cumpla con su rol. La verdad es que hemos trabajado en este proyecto por lo menos dos meses y todos coincidimos en la importancia de tener una ley de Acceso a la Información Pública, pero no es alentador para la institucionalidad encontrarnos con que para que salga una ley rápido tenemos que evitar hacer cambios que son importantes. Máxime, cuando hay errores que son graves para la institucionalidad y la transparencia”, remarcó Crexell en el recinto, “hay un tema que me preocupa mucho que es la modificación que se introdujo en Diputados, vaya uno a saber por quién, aparentemente por algún monje negro del Poder Ejecutivo, y que es justamente el inciso m del artículo 8 donde se excluye a las sociedades anónimas con capital estatal mayoritario que cotizan en bolsa de ser pasibles de pedidos de informe, cosa que contradice el fallo de la Corte en el tema Chevron-YPF”, agregó.
“YPF es un caso transcendental para la economía de mi provincia y tiene mucho que ver con la situación que se está viviendo hoy, porque ha sido la encargada de diseñar el plan de negocios y en cierta medida parte de la política energética del país”, destacó la legisladora nacional del Movimiento Popular Neuquino, “con esta ley pretenden impedirnos acceder a la información de una empresa cuyo capital mayoritario es del Estado y que toma decisiones que hacen a la política pública y a la economía del país y de las provincias petroleras, como YPF, cuya gestión incide directamente en el manejo de nuestros recursos no renovables, y por lo tanto en los ingresos de nuestra provincia”, subrayó.
"Creo que esta es la oportunidad de cumplir con un fallo de la Corte que es bastante reciente y que por algo todavía no podemos saber en definitiva qué se ha celebrado en ese acuerdo entre Chevron e YPF", resaltó la senadora neuquina, "tenemos la responsabilidad como Poder Legislativo de garantizar ese control, porque nuestra función no sólo es legislar, también es controlar, y el control tiene que ver con la posibilidad de acceder a la información. Las empresas con participación estatal mayoritaria deben tener el mismo control que una empresa del Estado, y esto lo ratificó el hoy ministro de la Corte, Rosatti, cuando se lo consulté durante de su audiencia pública. Toda persona tiene derecho de conocer la manera en que sus gobernantes y funcionarios se desempeñan mediante el acceso a la información”, concluyó.
