¿Que tienen que ver el juez Daniel Rafecas, la ya célebre pseudoefedrina y la Ruta 22 que atraviesa el valle rionegrino?
Nada, puede pensar cualquier mente razonable. Mucho, si se piensa que la Justicia, el narcotráfico y la seguridad vial son temas clave de cualquier sociedad moderna. Temas que en cualquier contexto político razonable deben convertirse en políticas de Estado y no en meros rehenes de la política.
Porque es así y no de otro modo cómo el Estado-rehén termina transformándose en un monstruo de tres cabezas, caótico e ingobernable. Y vale la pena recordarlo: el Estado somos todos nosotros.
En los últimos días, la ciudadanía pudo ver cómo la interna oficial entre la ministra de Seguridad Patricia Bullrich y el desplazado titular de la Aduana, Juan José Gómez Centurión, fue subiendo de tono y alcanzó niveles insólitos.
Nivel de sainete, se podría incluso decir, si no fuera porque detrás del telón hay 250 kilos de pseudoefedrina, precursor químico de drogas sintéticas como las que mataron a cinco jóvenes en la trágica fiesta de Costa Salguero, hace unos meses atrás.
Mientras Bullrich y Gómez Centurión se tiran granadas desde trincheras enfrentadas, la noticia principal pasa a ser la interna del gobierno y no por qué razón ese cargamento de pseudoefedrina estaba en la Terminal de Cargas Argentina (TCA) de Ezeiza, que depende de la Policía de Seguridad Aeroportuaria, desde el 11 de junio de 2011. Estos es, tres años después de que se restringiera el ingreso de ese precursor químico al país, luego del escándalo del Triple Crimen de General Rodríguez por el que ya hay detenidos, extradiciones, denuncias de aportes a campañas electorales de los acusados de narcotráfico y un imborrable manto de sospecha que sobrevuela al gobierno de Cristina Kirchner.
El juez federal Daniel Rafecas está desde hace meses en el ojo de la tormenta, al igual que sus pares de Comodoro Py. Algunos se tiraron del barco a tiempo, como el excéntrico y sospechoso exjuez Norberto Oyarbide, habitualmente encandilado con la luces de la farándula y muy habitualmente también, con la vista hacia abajo a la hora de administrar justicia.
Entre otras cosas, el juez Rafecas fue quien tuvo casi un año la causa Hotesur, que investiga el patrimonio de los Kirchner congelada para declarar su incompetencia recién luego del cambio de Gobierno. Fue quien desestimó en tiempo récord la denuncia que había hecho el exfiscal Alberto Nisman contra Cristina Kirchner por encubrimiento de los iraníes acusados del ataque a la AMIA. Fue Rafecas quien recibió hace ocho años la denuncia por enriquecimiento ilícito contra José López y terminó enterándose como cualquier hijo de vecinos de los 9 millones de dólares del convento y la lujosa casa de Tigre del exfuncionario. Y recién ahí comenzó a actuar.
Esta semana, un grupo de intelectuales, juristas, políticos y empresarios publicaron una solicitada pidiendo su destitución. Ahora, otros juristas, otros políticos y otros intelectuales publicaron otra solicitada en su defensa.
Grieta o no grieta, lo cierto parece ser que el monstruo de tres cabezas empezó a caminar por una selva donde la única ley posible es... la ley de la selva.
La Ruta 22 es una deuda que el Estado nacional tiene con los rionegrinos. Pero más que con los rionegrinos la deuda
–impagable ya– es con las víctimas y los familiares de las víctimas de todos los accidentes que ocurren casi a diario sobre su castigado pavimento.
Pero la nueva Ruta 22 quedó atrapada ahora en una pulseada política entre Vialidad nacional y los intendentes del valle. Semáforo sí, semáforo no. Elevación sí, elevación no.
Y la discusión real sobre un proyecto que incumbe a todos los vecinos es víctima de una discusión política, que es lo que pasó a ser la principal noticia. Porque lo cierto es que nadie conoce el proyecto definitivo. O lo conocen muy pocos. Nadie sabe qué opinan los expertos en el tema. O también: lo saben sólo unos pocos.
Y así, el monstruo de tres cabezas sigue en marcha, a los tumbos y llevándose todo por delante. Incluido el futuro del país.
Nada, puede pensar cualquier mente razonable. Mucho, si se piensa que la Justicia, el narcotráfico y la seguridad vial son temas clave de cualquier sociedad moderna. Temas que en cualquier contexto político razonable deben convertirse en políticas de Estado y no en meros rehenes de la política.
Porque es así y no de otro modo cómo el Estado-rehén termina transformándose en un monstruo de tres cabezas, caótico e ingobernable. Y vale la pena recordarlo: el Estado somos todos nosotros.
En los últimos días, la ciudadanía pudo ver cómo la interna oficial entre la ministra de Seguridad Patricia Bullrich y el desplazado titular de la Aduana, Juan José Gómez Centurión, fue subiendo de tono y alcanzó niveles insólitos.
Nivel de sainete, se podría incluso decir, si no fuera porque detrás del telón hay 250 kilos de pseudoefedrina, precursor químico de drogas sintéticas como las que mataron a cinco jóvenes en la trágica fiesta de Costa Salguero, hace unos meses atrás.
Mientras Bullrich y Gómez Centurión se tiran granadas desde trincheras enfrentadas, la noticia principal pasa a ser la interna del gobierno y no por qué razón ese cargamento de pseudoefedrina estaba en la Terminal de Cargas Argentina (TCA) de Ezeiza, que depende de la Policía de Seguridad Aeroportuaria, desde el 11 de junio de 2011. Estos es, tres años después de que se restringiera el ingreso de ese precursor químico al país, luego del escándalo del Triple Crimen de General Rodríguez por el que ya hay detenidos, extradiciones, denuncias de aportes a campañas electorales de los acusados de narcotráfico y un imborrable manto de sospecha que sobrevuela al gobierno de Cristina Kirchner.
El juez federal Daniel Rafecas está desde hace meses en el ojo de la tormenta, al igual que sus pares de Comodoro Py. Algunos se tiraron del barco a tiempo, como el excéntrico y sospechoso exjuez Norberto Oyarbide, habitualmente encandilado con la luces de la farándula y muy habitualmente también, con la vista hacia abajo a la hora de administrar justicia.
Entre otras cosas, el juez Rafecas fue quien tuvo casi un año la causa Hotesur, que investiga el patrimonio de los Kirchner congelada para declarar su incompetencia recién luego del cambio de Gobierno. Fue quien desestimó en tiempo récord la denuncia que había hecho el exfiscal Alberto Nisman contra Cristina Kirchner por encubrimiento de los iraníes acusados del ataque a la AMIA. Fue Rafecas quien recibió hace ocho años la denuncia por enriquecimiento ilícito contra José López y terminó enterándose como cualquier hijo de vecinos de los 9 millones de dólares del convento y la lujosa casa de Tigre del exfuncionario. Y recién ahí comenzó a actuar.
Esta semana, un grupo de intelectuales, juristas, políticos y empresarios publicaron una solicitada pidiendo su destitución. Ahora, otros juristas, otros políticos y otros intelectuales publicaron otra solicitada en su defensa.
Grieta o no grieta, lo cierto parece ser que el monstruo de tres cabezas empezó a caminar por una selva donde la única ley posible es... la ley de la selva.
La Ruta 22 es una deuda que el Estado nacional tiene con los rionegrinos. Pero más que con los rionegrinos la deuda
–impagable ya– es con las víctimas y los familiares de las víctimas de todos los accidentes que ocurren casi a diario sobre su castigado pavimento.
Pero la nueva Ruta 22 quedó atrapada ahora en una pulseada política entre Vialidad nacional y los intendentes del valle. Semáforo sí, semáforo no. Elevación sí, elevación no.
Y la discusión real sobre un proyecto que incumbe a todos los vecinos es víctima de una discusión política, que es lo que pasó a ser la principal noticia. Porque lo cierto es que nadie conoce el proyecto definitivo. O lo conocen muy pocos. Nadie sabe qué opinan los expertos en el tema. O también: lo saben sólo unos pocos.
Y así, el monstruo de tres cabezas sigue en marcha, a los tumbos y llevándose todo por delante. Incluido el futuro del país.
