Alejandra Gils Carbó fue designada al frente de la Procuración General de la Nación a través de los mecanismos institucionales correspondientes, con amplia mayoría del senado -con 63 de 66 votos- y reconocida por sus antecedentes e independencia.
“No les alcanza con manejar los medios de comunicación, ni con instalar el comando de campaña de Cambiemos en Comodoro Py. También quieren el control absoluto de otro poder del Estado. Quieren disciplinar a los fiscales federales. Destituir a Gils Carbó por decreto es un acto de pregolpismo”, aseguró Alejandro “Coco” Garfagnini, de la Tupac Amaru e integrante del Comité.
Por su parte, Mara Brawer, una de las coordinadoras del espacio expresó que “con represión y sin justicia, la democracia está en jaque. Nuestro país deja de ser seguro para los ciudadanos que no forman parte de la élite gobernante”.
“Gils Carbó en situaciones de quiebras importantes planteó que la prioridad era que cobren los trabajadores; en la fusión de Multicanal y Cablevisión se expidió en contra a pesar que fue una medida que apoyaba el ex presidente Nestor Kirchner y en esa lista se puede incluir innumerable cantidad de decisiones que han tenido que ver con una clarísima autonomía de las corporaciones. Hay que mirar las causas que tiene pendientes: Oderbrecht, la habilitación de fiscales para que investiguen el caso del Correo. En toda su trayectoria ha sido impecable. Por eso deben apelar a un decreto”, señaló Estela Díaz, secretaria de Género de la CTA y coordinadora del Comité.
“La avanzada contra Gils Carbó no sólo es una ofensiva mediática, sino que sus consecuencias tendrán impacto directo en los sectores de alta vulnerabilidad social. Es lo que ocurriría si no existieran las Agencias Territoriales de Acceso a la Justicia (ATAJO) que brinda ese servicio de cercanía jurídica en villas miserias y en sectores de otra forma desprotegidos”, expresó la periodista Cynthia García.
Desde el Comité también denunciaron que este gobierno, que dijo venir a cerrar la grieta, no hace más que ampliarla e intensificarla al estigmatizar a los integrantes de Justicia Legítima como si fueran delincuentes. Promover, tal como se hace desde esa institución, la democratización de la justicia, no constituye delito alguno. Más bien, es una deuda pendiente frente a una corporación que parece más bien una casta, con privilegios absurdos, y que hoy está al servicio de la persecución política.
“Ya expresamos que con presos políticos no hay democracia. Con una justicia dependiente y servil a quienes ocupan el Poder Ejecutivo, tampoco”, concluyeron.
