Piedra OnLine

domingo, 18 de febrero de 2018

La Justicia toma el caso Sapag y asoma el apoyo del MPN


Tras un viernes cargado de silencios, el Movimiento Popular Neuquino salió ayer abroquelado en defensa del exgobernador Jorge Sapag ante la denuncia publicada por el diario “El País” que lo involucró en una maniobra para depositar 5 millones de dólares provenientes de supuestos sobornos en la Banca Privada de Andorra.

El gobernador Omar Gutiérrez difundió por redes sociales un texto titulado “Sí a la justicia y a la verdad, no a la difamación” en el que vinculó la publicación a “intereses que esconden una verdadera lucha por el poder”. “El camino que se ha elegido por estos tiempos para difamar y enjuiciar es el de los tribunales mediáticos. Esta vez le tocó a Jorge Sapag. No entraremos en la pelea que se propone desde determinados intereses que esconden una verdadera lucha por el poder”, sostuvo.

Fue luego de que se conociera que el propio Sapag solicitó a la fiscalía provincial que lo investigue “a fondo” y de que el fiscal jefe, Pablo Vignaroli, confirmara el comienzo de la investigación en la unidad de Delitos Económicos desde este lunes. Será para determinar si existió el delito de cohecho como instancia previa a un presunto intento por lavar dinero en Andorra, esto último competencia del fuero federal.

Gutiérrez pidió dejar que la justicia “se expida antes de hacer suposiciones porque de lo contrario se convierten en difamación”. El senador del MPN y titular del sindicato petrolero, Guillermo Pereyra, opinó de forma similar y afirmó que “todo el pueblo de la provincia conoce la trayectoria política de Jorge Sapag”. “Nunca ha demostrado ser un hombre que esté en este tipo de cosas, todo lo contrario: ha mostrado honestidad, trabajo. No sé a qué viene todo esto. Seguramente algunos interesados han hecho algún tipo de maniobra extraña para ensuciar al compañero Jorge”, consideró.


En las redes sociales, la dirigencia emepenista también dio muestras de apoyo al exgobernador. “Esto es lo que hacen los hombres de bien”, publicó el jefe del bloque oficialista en la Legislatura, Maximiliano Caparroz, sobre la presentación de Sapag en la justicia. También la exvicegobernadora y compañera de fórmula durante ocho años, Ana Pechen, se pronunció sobre el tema y coincidió con la decisión de pedir que se investigue la denuncia que consideró “grave”.

Quien todavía no emitió declaraciones sobre la denuncia de “El País” fue el exministro de Energía, Guillermo Coco. La publicación lo señaló como uno de los beneficiarios de las cuentas a crear en Andorra. También mencionó a Claudio Levy como el “abogado y asesor en estructuras jurídicas” que les habría recomendado la maniobra.

Nuevo horizonte

2027 Año hasta el que se extendieron las concesiones petroleras con la nueva legislación.

“A lo largo de 8 años deposité en él mi confianza, y respaldo su decisión de acudir a la Justicia para aclarar esta grave denuncia”,
dijo Ana Pechen exvicegobernadora de las gestiones de Sapag.
Una reforma petrolera que sumó más de 7.000 millones de pesos en casi una década

“Asistimos a la primera vez que se perfora el 12% de regalías para sumar el Canon Extraordinario de Producción”, celebraba el entonces diputado José Russo (MPN) el 8 de octubre de 2008, cuando se aprobó la renegociación de contratos petroleros y, con ellos, este nuevo ítem de recaudación. Desde entonces, ingresaron a la provincia más de 7.183 millones de pesos como resultado del acuerdo con las empresas, que ahora volvió a tomar relevancia tras la denuncia del diario “El País”.

El acta que selló la negociación la firmaron el 17 de septiembre de 2008 el por entonces secretario de Recursos Naturales, Guillermo Coco (también involucrado en la denuncia), y el representante de YPF, Antonio Gomis Sáez. En ese momento, la petrolera todavía estaba en manos de la española Repsol.

El 8 y 9 de octubre de ese año, la Legislatura ratificó los términos de la renegociación con 28 votos de 35. La sesión estuvo colmada de funcionarios del Poder Ejecutivo y de simpatizantes del MPN, lo que dio una muestra de la importancia que tenía para la gestión de Jorge Sapag que la norma saliera.

“El momento histórico tiene que ver con que es la primera vez que la Provincia negocia por sí, no a través de ningún intermediario, sus recursos o el futuro de sus recursos”, completó Russo. Su entonces compañero de banca, Rolando Figueroa, lo evaluó como “la posibilidad de tener un presente de bienestar, pero también un futuro de sustentabilidad”.

No todos coincidieron. La diputada Paula Sánchez (Libres del Sur) consideró la sesión como “un día de luto”. “Se va a concretar una nueva entrega fraudulenta, para empezar, por las ocho primeras áreas petroleras en manos de YPF SA”, planteó. Soledad Martínez (Alternativa Neuquina) dijo: “ninguno de los compañeros que están acá, ni los diputados ni los funcionarios pueden asegurarnos, sin temor a equivocarse y sin vergüenza, que éste es el mejor negocio para los neuquinos”.

La ley extendió los contratos con las petroleras hasta el 2027 a condición de una serie de inversiones y de negociar un pago inicial en dólares y un Canon Extraordinario de Producción mensual.

Sólo en noviembre y diciembre de 2008, una vez aprobada la ley, entraron a la Tesorería provincial 132.112.942 millones de pesos. La cifra se fue incrementando y llegó a más de 5.086 millones cuando finalizó el mandato de Sapag. Según el ministerio de Economía, hasta el año pasado, la recaudación por la renegociación de la ley 2615 superó los 7.183 millones de pesos.

 El documento de la Banca Privada de Andorra publicado por el “El País” indica que Sapag intentó crear dos cuentas para depositar unos 5 millones de dólares que correspondían a “comisiones y regalías originadas por las intermediaciones en las renegociaciones de las concesiones que se otorgan periódicamente a empresas reconocidas en la explotación de petróleo en esa región”. Según la publicación, la solicitud fue rechazada por considerar que era dinero de sobornos y por ser Sapag una Persona Políticamente Expuesta.
El 8 y 9 de octubre del 2008, la Legislatura ratificó con 28 votos sobre 35 la ley que habilitó la renovación de los contratos con las empresas.