La Corte Suprema de Justicia de la Nación declaró inconstitucional un decreto presidencial vigente desde el gobierno de la Alianza que bajó en 1,90% los recursos coparticipables del Estado nacional con las provinciasl
Se trata de los artículos 1 inciso a y 4 del decreto 1.399 dictado el 4 de noviembre de 2001 por el entonces presidente Fernando de la Rúa, que dispuso una deducción de "la recaudación neta total de los tributos y de los recursos aduaneros cuya recaudación se encuentra a cargo de la AFIP".
Para la Corte Suprema esos fondos eran coparticipables y en consecuencia deberán devolverse todos y cada uno de los recursos retenidos en razón del citado decreto a las provincias de Santa Fe y San Luis, que habían recurrido a la justicia y llegaron hasta el máximo tribunal.
El Tribunal argumento que De la Rúa actuó sin autorización del Congreso Nacional para hacerlo y que, de todos modos, la Constitución no permite que el Poder Legislativo delegue al Presidente la facultad de establecer y modificar una asignación específica de recursos coparticipables.
Y puntualizó que la deducción de fondos las provincias se hizo sin ningún tipo de acuerdo con los gobernadores y resaltó que los fondos se destinaron a financiar la operatoria de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP).
Independencia de la Justicia
El presidente de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti, afirmó que "es necesario integrar los lugares que faltan" en el máximo tribunal del país y aseguró que "no importan los cambios de gobierno" porque "siempre vamos a defender la independencia del Poder Judicial".
"La Corte es una institución que funciona de manera independiente", sostuvo el titular de ese tribunal, en un mensaje a los periodistas que recibió en el Palacio de Justicia con motivo del brindis de fin de año.
Lorenzetti manifestó que "no importa que cambien los gobiernos" y resaltó que "la función de los jueces es ser guiados por la Constitución y las leyes, no por los cambios circunstanciales".
