El lenguaje inclusivo excluye

Por Guillermo Castello
Presidente bloque diputados Avanza Libertad.

El Estado debe comunicarse con la ciudadanía de forma clara, utilizando reglas idiomáticas universalmente aceptadas, la comunicación debe ser neutra y no debe generar divisiones sociales ni excluir sector alguno.

El proyecto que presentamos junto al diputado Matías Ranzini (PRO) excluyendo el uso del lenguaje inclusivo en el Estado provincial y, especialmente, en el sistema educativo, ha tenido notable repercusión y ha evidenciado las preocupaciones genuinas de la sociedad sobre la cuestión, por lo que resulta importante profundizar el tema.​

​Primero lo primero: estamos completamente a favor de que los individuos se expresen como gusten y utilicen los giros idiomáticos que quieran; las lenguas vivas son manifestaciones culturales dinámicas y espontáneas que deben ser respetadas y no pueden ser impuestas coactivamente.

Por eso nuestra iniciativa se limita a las actuaciones oficiales del Estado y al sistema educativo. Nada tenemos que decir fuera de esos ámbitos.

En el primer caso la razón es evidente y nada novedosa: el Estado debe comunicarse con la ciudadanía de forma clara, utilizando reglas idiomáticas universalmente aceptadas, de modo que todos los destinatarios puedan comprender los actos de gobierno.

Por algo los Estados tienen un idioma oficial.

Decimos que no es una cuestión novedosa porque en el caso de la provincia de Buenos Aires ya existen códigos de procedimiento judiciales que imponen el uso del idioma nacional; también existe una ley que impone al Estado el uso de “lenguaje claro” e incluso la ley provincial de educación establece entre los objetivos del nivel secundario formar escritores con conocimientos de “la lengua española”.

​Pero hay algo más que la necesidad de claridad: la comunicación del Estado debe ser neutra y no debe generar divisiones sociales ni excluir sector alguno.

​Por definición, un acto oficial debe tener como destinataria a toda la sociedad.

​Por eso debe usarse un idioma que refleje la voluntad estatal de llegar a todos los habitantes.

​Y por eso el lenguaje inclusivo, paradójicamente, excluye.

​Excluye porque no solo no es representativo del lenguaje como fenómeno social espontáneo, sino que es rechazado por la enorme mayoría de la población.

​Utilizar el lenguaje inclusivo en una comunicación estatal equivale a utilizar lenguaje de un pueblo originario o de una comunidad de una zona geográfica determinada.

Cuando un organismo o un funcionario público utiliza un lenguaje rechazado por un sector de la sociedad, le está notificando a ese sector que no goza de su atención y que sus intereses serán, en el mejor de los casos, ignorados, y en el peor, despreciados.

Por lo demás, dado que el lenguaje inclusivo es empleado por una minoría de la comunidad, su uso por parte de organismos oficiales es claramente contracultural, es una intromisión completamente artificial en el devenir cultural espontáneo de un pueblo.

​Algunos argumentan que el lenguaje inclusivo no ha sido establecido como obligatorio por el Estado, lo cual es, en el mejor de los casos, una falacia y en el peor, una muestra de mala fe.

​La avanzada estatal para imponer el lenguaje inclusivo es por demás visible y comienza por el mismísimo Presidente de la Nación en sus discursos, seguido por el Gobernador de nuestra provincia.

Continúa con el uso oficial de cada vez más organismos, como por ejemplo el PAMI (Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados), el Ministerio de Salud de la Nación, el Instituto Nacional de Asociativismo, la Universidad Nacional de Mar del Plata, incluyendo tristemente su secundario, el Colegio Nacional Arturo Illia.

A nivel provincial ya vemos boletas de ARBA en inclusivo.

Por otro lado, no puede omitirse el hecho evidente de que el lenguaje inclusivo no es para nada inocente: tiene una fuerte carga ideológica y es impulsado por espacios políticos con intereses creados muy concretos, identificados con posiciones de izquierda y con ideas bien definidas.

Lejos de ser una fenómeno transversal que cruce sectores sociales diversos y heterogéneos, responde a sectores uniformes y homogéneos que, camuflados en discursos políticamente correctos, socavan valores como el mérito educativo, la sancionabilidad penal, la legitimidad de las fuerzas del orden, la libertad de comercio y la sanidad de la moneda, entre otros.

​El otro ámbito del que nos ocupamos en el proyecto es el sistema educativo, por las sensibles consecuencias del uso del lenguaje inclusivo en la formación de los alumnos bonaerenses, más aún cuanto más chicos son.

​Siendo el inclusivo, como dijimos, una modalidad que no obedece a una evolución espontánea de la sociedad y que es rechazada por la mayoría, se transforma entonces en una deformación del lenguaje, deformación que reviste suma gravedad cuando se enseña en la escuela.

​Catastrófica es la situación de nuestros niños en materia de comprensión lectora como para agregarle distorsiones al lenguaje que no escuchan ni leen en la vida diaria, que en muchos casos son verbalmente impronunciables y que multiplican ridículamente las variantes aceptables de una palabra.

Así, por ejemplo, lo que siempre fue “niños” ahora puede ser, además, “niñes”, niñxs” o niñ@s”

​Sería gracioso si no fuera trágico.

​El lenguaje inclusivo en las escuelas agrava aún más el ya gravísimo déficit cognitivo de nuestros alumnos.

Lo dicho se agudiza aún más en el caso de chicos con dislexia, trastornos por déficit de atención u otros tipos de dificultades de aprendizaje.

Es crucial aquí la responsabilidad de los docentes.

​Cuando un docente le habla en inclusivo a sus alumnos les está entorpeciendo su proceso de aprendizaje y no los está preparando para la vida. Es decir, está haciendo exactamente lo opuesto de lo que debe hacer.

​Les está enseñando un lenguaje que no le van a escuchar a los padres ni a los amigos ni lo va a leer en los libros ni en las redes, salvo contadísimas excepciones.

El docente que utilice lenguaje inclusivo por razones propias con prescindencia del interés del alumno, priorizando su postura personal por sobre su misión educativa, estará haciendo mal su trabajo y abdicando de su nobilísima función en la sociedad.

​Como puede verse, el lenguaje inclusivo dista de ser una cuestión de formas para ser una cuestión de fondo que comprende discriminación, adoctrinamiento, división social, reconfiguración ideológica.

​Es claro: el lenguaje inclusivo excluye.

* Guillermo Castello. Diputado y presidente del bloque de Avanza Libertad en la Legislatura bonaerense.

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