La prevención, la asistencia, la reducción de daños y la despenalización de las drogas como ejes de otra discusión que abre la tragedia en Costa Salguero. El rol del Estado y del narcotráfico, la doble vara con el tabaco, el alcohol y los ansiolíticos, y una sola una evidencia: lo que mata es la prohibición.
La madrugada del 16 de abril cinco jóvenes murieron en una fiesta electrónica y otros cinco están internados con problemas graves de salud. El consumo de drogas químicas y el privilegio del mercado por sobre la salud de las personas por parte de los organizadores fueron algunos de los factores que desencadenaron la muerte de cinco pibes. Casi en paralelo en la ONU -por pedido de México, Guatemala y Colombia- se puso en discusión un cambio global en el abordaje de la política de drogas.
Cuál es el panorama en la Argentina y por qué es necesario que aquí también discutamos la política de drogas.
La piedra filosofal
Las drogas son, existen, se consumen y circulan en el mundo. Su prohibición no sólo ha generado una maquinaria que mueve millones y millones de dólares alrededor de la Tierra, sino que en los últimos años la supuesta “guerra contra las drogas” ha ocasionado más muertes que el propio consumo. “Con la prohibición han encontrado la piedra filosofal, han llegado al ideal alquímico: fabrican oro”, plantea Raúl Zaffaroni en su prólogo al libro Un mundo con drogas, de Emilio Ruchansky. Sigue el ex juez de la Corte: “Por un lado, envían mensajes de prohibición con metamensajes de consumo: `No usen el tóxico. Está proscripto, es pecado y forma parte de un mundo de vicio y placer´. Nada más atractivo para la vocación transgresora del adolescente. De este modo no solo se aseguran una demanda rígida sino creciente. Por otro lado, con la prohibición reducen la oferta y generan una plusvalía enorme del servicio de distribución. Es la perfecta máquina de fabricar oro, el invento alquímico del siglo pasado”.
En la Argentina el paradigma prohibicionista se consolidó durante la década del setenta, con el delineamiento y la construcción de un estereotipo: el consumidor pelilargo y barbudo, terrorista, subversivo que había que eliminar.
Esta política tenía un contexto. En 1961 el mundo fue testigo del primer tratado internacional con respecto a la política de drogas y las herramientas con que contaban los Estados para lidiar con ellas. Le siguieron otros dos, en la década del 70 y 80, en donde se seguía manteniendo un paradigma de prohibición y combate contra las drogas.
“La prevalencia del consumo de drogas ilegales no supera el cinco por ciento de la población mundial de entre quince y sesenta y cuatro años; mientras que el uso problemático constituye el 0,6 por ciento. La mortalidad relacionada con las drogas asciende a doscientas diez mil personas al año”, revela un informe de 2014 de la ONUDD (Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito).
La semana pasada, por pedido de México, Colombia y Guatemala, la Asamblea General de las Naciones Unidas decidió adelantar una reunión prevista para el año 2019. La tasa de mortalidad por crímenes del narcotráfico en México permite comprender por qué es urgente rediscutir las políticas mundiales de abordaje de la problemática del consumo de drogas. En los últimos años la cifra asciende a 100 mil muertos y 20 mil desaparecidos.
“Hoy vemos que la efectividad de los tratados del siglo pasado y sus políticas es nula. No sólo aumentó el consumo, el tráfico y la producción. Cada día aparecen nuevos tóxicos”
fue una de las conclusiones de la reunión. “Es necesario reconocer y comprender que “la droga” tiene múltiples problemáticas, que aumentaron con la prohibición generando grandes daños sociales”.
El panorama: por un lado se generó un mercado negro e ilegal que funciona como una maquinaria de la muerte, sobre todo, en los países de Latinoamérica. Por otro, hay que poner el foco en políticas públicas que protejan y no criminalicen a los consumidores, y trabajar fuertemente en la “reducción de daños”.
“El Estado debería intervenir y regular estos mercados. Esto no significa apoyar el consumo de estas sustancias. El tabaco, por ejemplo, es considerado dañino para la salud, pero el Estado sabe que la gente lo consume y trata de regular e intervenir para prevenir y reducir los daños: no se vende a menores, no se permite el consumo al interior, se hacen campañas de prevención, se aumentan los impuestos para su venta, etc. Hay experiencias en varios países para responder al consumo de sustancias con estrategias para reducir los daños que estas pudieran provocar”, comentaron desde el CELS.
Cambio de paradigma
El 25 de agosto de 2009 la Suprema Corte de Justicia de la Nación dictó un fallo, conocido como “Fallo Ariola”, que resonó y sentó precedente en cuanto a la penalización de la tenencia de drogas para consumo personal.
El fallo estableció que el consumo de estupefacientes en el ámbito privado estaba protegido y cambió así el paradigma de atacar al consumidor con la excusa de luchar contra el narcotráfico.
Al mismo tiempo ordenó al Congreso de la Nación modificar y adaptar las leyes existentes teniendo en cuenta al artículo 19 de la Constitución Nacional que dice: “Las acciones privadas de los hombres que de ningún modo ofendan al orden y a la moral pública, ni perjudiquen a un tercero, están sólo reservadas a Dios, y exentas de la autoridad de los magistrados”.
Tras el fallo Ariola hubo tres proyectos para modificar la Ley de Estupefacientes y despenalizar la tenencia para consumo personal de estupefacientes, presentadas en la Cámara de Diputados, pero el debate nunca prosperó.
“Los casos exitosos de despenalización del delito de tenencia para consumo drogas fueron acompañados de políticas sanitarias y de prevención”, plantea el CELS. “¿Qué significa despenalizar? Significa que el consumo ya no es considerado un delito, pasa a ser una falta administrativa, como pasar un semáforo en rojo. Las drogas siguen estando prohibidas (en eso que hay que diferenciar de la legalización), pero si alguien es encontrado consumiendo ya no va a la cárcel, sino que se le pone una sanción o una multa o se lo cita para conversar con un agente sanitario. Entonces el foco es prevenir el consumo abusivo o posibles situaciones de adicción. Y también informar, prevenir el consumo de sustancias dañinas, y reducir los daños de las personas que deciden hacerlo”.
Por su parte desde la ONG Intercambios, que trabaja hace más de 20 años con el tema, señalaron la importancia de que el Estado tenga un rol activo frente a esta problemática: “El Estado debe regular e intervenir en consideración de los grandes temas sociales. Es al Estado al que le compete regular sobre estos temas porque es su tarea generar políticas que compensen las desigualdades que algunos actores tienen frente a otros”.
Y agregaron: “El Estado debería intervenir con políticas que vayan en la línea de ampliar los derechos de las personas. Que haya información en lo preventivo y asistencias, impulsar políticas de reducción de daños que acerquen información sobre las sustancias, dar agua gratis, que se regule el valor de los testeos de sustancias como los que existen en México o en Colombia”.
Lo que mata es la prohibición
En la Argentina las sustancias tóxicas con mayores tasas de mortalidad son el tabaco y el alcohol, ambas legales. Si bien en el caso de los cigarrillos en los últimos años se avanzó en el control y la circulación de información, que permitió disminuir el consumo, el alcohol sigue siendo promocionado en la televisión, en las camisetas de fútbol y en múltiples eventos.
No sólo esto: muchas publicidades apuntan a acrecentar sus ventas prometiéndole a los consumidores que con la bebida van a poder ganar mujeres, pasarla bien, ser el rey de la fiesta.
Por su parte, existen Prozacs, ansiolíticos y múltiples psicofármacos de venta libre en cualquier farmacia, ampliamente consumidos por la población adulta. Muchos de los consumidores juzgan con una doble moral a quienes consumen drogas “ilegales”.
Desde los medios de comunicación, desde parte de la dirigencia política, trataron la problemática de las drogas como un problema de “seguridad”. Entonces se habló de persecución y “guerra”.
Ya sabemos que las guerras matan.
La tragedia evitable de Costa Salguero vuelve a exponer la necesidad de discutir el tema como parte exclusiva de la salud pública.
Lo otro ya lo sabemos: la prohibición mata más que el tóxico.
