Por Gabriel Lerner *
El debate irrumpe de manera recurrente y se expresa en una pregunta: ¿debe bajarse la edad de punibilidad de los actuales 16 a 14 años o menos? En la edición del 7 de enero se publicó la columna “La imputabilidad en beneficio de los jóvenes”, en la que se propone reducir la edad mínima de responsabilidad penal lo más bajo que se pueda, bajo la idea de que “...la baja de edad de imputabilidad es esencialmente en beneficio de los jóvenes...”. Nada nuevo bajo el sol: es la posición histórica de la derecha argentina. Lo sorprendente es la falta de rigor en los fundamentos y la desconsideración de datos fundamentales, todos de fácil acceso público. Sobre esos baches discurriremos.
Comencemos por el principio: es falso que el gobierno haya lanzado algún debate serio, o presentado un proyecto sobre nueva legislación penal juvenil. Garavano se limitó a postular el retorno a la edad de punibilidad que existió hasta 1983, es decir los 14 años. Es malicioso acusarnos a los que resistimos ese retroceso de negarnos a debatir. Por el momento sólo conocemos por TV el deseo oficial de reducir la edad mínima penal, y peor aun, lanzada en medio de la conmoción que provoca un crimen doloroso. Esa es la verdad, aunque duela.
Por otra parte existe un dato determinante –omitido en la columna– y verificable con abrir los ojos (sin anteojeras ideológicas, claro): es unánime en los actores sociales e institucionales que trabajan con adolescentes o estudian esos temas el rechazo a la ampliación del castigo penal propuesto con “la baja”. Se opusieron Unicef y la Iglesia –por intermedio de los “curas villeros” del papa Francisco–, también la rechazaron movimientos y referentes sociales, así como todas las autoridades provinciales de niñez –en los Consejos Federales en 2015 y 2016–; más recientemente hizo pública su negativa Adepra, entidad que reúne a los defensores de menores, y hasta la titular de la Secretaría de Niñez macrista manifestó su desaprobación. Para encontrar apoyo a la idea de Garavano hay que buscarlo por fuera del campo de la infancia. ¿Con qué fundamentos sostener que los que nos oponemos a reducir la edad de punibilidad lo hacemos “Desde la zona de confort de los lugares protegidos de la delincuencia...”? Falso y, además, agraviante.
La columna construye, además, otra falsa noción: no habría en Argentina régimen penal juvenil y el gobierno macrista vendría a crearlo. Nuevo engaño al lector: en el país existe legislación especial para adolescentes que delinquen, normas procesales específicas, jueces especializados, doctrina, jurisprudencia. Lo que sucede es que la norma vigente –ley 22278 de la dictadura– ha sido severamente cuestionada por expertos, por la Corte Suprema e incluso por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Esos cuestionamientos
–que compartimos– no tienen nada que ver con que la edad de punibilidad comience en 16 años, sino que se refieren a otros aspectos: que la ley permite aplicar penas muy elevadas a adolescentes –perpetuas, por ejemplo– o que habilita a imponer castigos en nombre de la protección. En síntesis: existe ley especial y debe ser modificada en múltiples aspectos, pero no es necesario (ni deseable) llevar al castigo penal hacia “abajo”.
¿Entonces hay razones de política criminal que hacen conveniente endurecer el sistema penal juvenil? Contamos con estadísticas accesibles de los poderes judiciales de la provincia de Buenos Aires y de la Nación. Hay también disponibles excelentes investigaciones de 2008 y 2014 de la Secretaría Nacional de Niñez junto a Unicef –sugerimos visitar su página–. Esos y otros caminos serios conducen a la misma conclusión: la idea de un crecimiento exponencial del delito juvenil carece de bases verificables. La diputada Carrió –que no destaca por sus conocimientos en la materia– afirma que como los chicos menores de 16 no son punibles son mano de obra de mafias. No existe ninguna investigación con sustento técnico que permita sostener tal hipótesis. Eso no es “la” realidad, sino una hipótesis, interesada y divulgada por actores no especializados.
Unas últimas consideraciones sobre la necesidad de que exista una edad mínima de punibilidad. No es demasiado original el columnista al poner esa necesidad en entredicho. Pero esas concepciones reaccionarias han perdido vigencia hace años. La Convención sobre Derechos del Niño –parte de nuestra Constitución desde 1994– obliga al Estado a que exista una edad penal mínima y la ONU –mediante el Comité de Derechos del Niño– propone que esa edad sea lo más elevada posible. ¿Es que acaso los tratados de Derechos Humanos, la ONU, la Iglesia o Unicef son contrarios a que el Estado intervenga cuando un adolescente comete un delito? No, de ningún modo. Sólo sucede que se ha aprendido de la experiencia, y hoy sabemos que cuando una persona menor de edad –en formación y desarrollo, que aún no ha alcanzado madurez y autonomía plena– transgrede la ley penal es por regla mucho más eficaz para que ese camino se rectifique dar respuestas educativas, sociales, de acompañamiento o apoyo al joven o a sus familias, antes que punitivas. Y también, que si hay que echar mano de sanciones penales debe ser de manera excepcional, para los adolescentes más maduros e intentando eludir las medidas privativas de la libertad. No hay ideologismo, es la experiencia de décadas recientes de la humanidad traducida en el paradigma de los derechos humanos.
Según el autor de la columna si no se apoya la “baja”, “Todo otro debate es pura demagogia, oportunismo o esteticismo intelectual...”. Con juicios tan descalificatorios no se contribuye a ningún debate productivo. Y no es buen método discutir sobre políticas y normas destinadas a la niñez sin siquiera considerar a los que investigan y estudian sobre el tema, o desconociendo lo que tienen para decir los que a diario trabajan con chicos y chicas con dificultades en barrios, escuelas o instituciones a lo largo y ancho de nuestro país.
*Exsecretario nacional de Niñez, Adolescencia y Familia, extitular de la Sedronar, miembro del Observatorio por los Derechos de la Infancia Eduardo Bustelo
Por el momento sólo conocemos por TV el deseo oficial de reducir la edad mínima penal, y peor aun, lanzada en medio de la conmoción que provoca un crimen doloroso.
Es unánime en los actores sociales e institucionales que trabajan con adolescentes el rechazo a la ampliación del castigo penal propuesto con “la baja”.
El debate irrumpe de manera recurrente y se expresa en una pregunta: ¿debe bajarse la edad de punibilidad de los actuales 16 a 14 años o menos? En la edición del 7 de enero se publicó la columna “La imputabilidad en beneficio de los jóvenes”, en la que se propone reducir la edad mínima de responsabilidad penal lo más bajo que se pueda, bajo la idea de que “...la baja de edad de imputabilidad es esencialmente en beneficio de los jóvenes...”. Nada nuevo bajo el sol: es la posición histórica de la derecha argentina. Lo sorprendente es la falta de rigor en los fundamentos y la desconsideración de datos fundamentales, todos de fácil acceso público. Sobre esos baches discurriremos.
Comencemos por el principio: es falso que el gobierno haya lanzado algún debate serio, o presentado un proyecto sobre nueva legislación penal juvenil. Garavano se limitó a postular el retorno a la edad de punibilidad que existió hasta 1983, es decir los 14 años. Es malicioso acusarnos a los que resistimos ese retroceso de negarnos a debatir. Por el momento sólo conocemos por TV el deseo oficial de reducir la edad mínima penal, y peor aun, lanzada en medio de la conmoción que provoca un crimen doloroso. Esa es la verdad, aunque duela.
Por otra parte existe un dato determinante –omitido en la columna– y verificable con abrir los ojos (sin anteojeras ideológicas, claro): es unánime en los actores sociales e institucionales que trabajan con adolescentes o estudian esos temas el rechazo a la ampliación del castigo penal propuesto con “la baja”. Se opusieron Unicef y la Iglesia –por intermedio de los “curas villeros” del papa Francisco–, también la rechazaron movimientos y referentes sociales, así como todas las autoridades provinciales de niñez –en los Consejos Federales en 2015 y 2016–; más recientemente hizo pública su negativa Adepra, entidad que reúne a los defensores de menores, y hasta la titular de la Secretaría de Niñez macrista manifestó su desaprobación. Para encontrar apoyo a la idea de Garavano hay que buscarlo por fuera del campo de la infancia. ¿Con qué fundamentos sostener que los que nos oponemos a reducir la edad de punibilidad lo hacemos “Desde la zona de confort de los lugares protegidos de la delincuencia...”? Falso y, además, agraviante.
La columna construye, además, otra falsa noción: no habría en Argentina régimen penal juvenil y el gobierno macrista vendría a crearlo. Nuevo engaño al lector: en el país existe legislación especial para adolescentes que delinquen, normas procesales específicas, jueces especializados, doctrina, jurisprudencia. Lo que sucede es que la norma vigente –ley 22278 de la dictadura– ha sido severamente cuestionada por expertos, por la Corte Suprema e incluso por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Esos cuestionamientos
–que compartimos– no tienen nada que ver con que la edad de punibilidad comience en 16 años, sino que se refieren a otros aspectos: que la ley permite aplicar penas muy elevadas a adolescentes –perpetuas, por ejemplo– o que habilita a imponer castigos en nombre de la protección. En síntesis: existe ley especial y debe ser modificada en múltiples aspectos, pero no es necesario (ni deseable) llevar al castigo penal hacia “abajo”.
¿Entonces hay razones de política criminal que hacen conveniente endurecer el sistema penal juvenil? Contamos con estadísticas accesibles de los poderes judiciales de la provincia de Buenos Aires y de la Nación. Hay también disponibles excelentes investigaciones de 2008 y 2014 de la Secretaría Nacional de Niñez junto a Unicef –sugerimos visitar su página–. Esos y otros caminos serios conducen a la misma conclusión: la idea de un crecimiento exponencial del delito juvenil carece de bases verificables. La diputada Carrió –que no destaca por sus conocimientos en la materia– afirma que como los chicos menores de 16 no son punibles son mano de obra de mafias. No existe ninguna investigación con sustento técnico que permita sostener tal hipótesis. Eso no es “la” realidad, sino una hipótesis, interesada y divulgada por actores no especializados.
Unas últimas consideraciones sobre la necesidad de que exista una edad mínima de punibilidad. No es demasiado original el columnista al poner esa necesidad en entredicho. Pero esas concepciones reaccionarias han perdido vigencia hace años. La Convención sobre Derechos del Niño –parte de nuestra Constitución desde 1994– obliga al Estado a que exista una edad penal mínima y la ONU –mediante el Comité de Derechos del Niño– propone que esa edad sea lo más elevada posible. ¿Es que acaso los tratados de Derechos Humanos, la ONU, la Iglesia o Unicef son contrarios a que el Estado intervenga cuando un adolescente comete un delito? No, de ningún modo. Sólo sucede que se ha aprendido de la experiencia, y hoy sabemos que cuando una persona menor de edad –en formación y desarrollo, que aún no ha alcanzado madurez y autonomía plena– transgrede la ley penal es por regla mucho más eficaz para que ese camino se rectifique dar respuestas educativas, sociales, de acompañamiento o apoyo al joven o a sus familias, antes que punitivas. Y también, que si hay que echar mano de sanciones penales debe ser de manera excepcional, para los adolescentes más maduros e intentando eludir las medidas privativas de la libertad. No hay ideologismo, es la experiencia de décadas recientes de la humanidad traducida en el paradigma de los derechos humanos.
Según el autor de la columna si no se apoya la “baja”, “Todo otro debate es pura demagogia, oportunismo o esteticismo intelectual...”. Con juicios tan descalificatorios no se contribuye a ningún debate productivo. Y no es buen método discutir sobre políticas y normas destinadas a la niñez sin siquiera considerar a los que investigan y estudian sobre el tema, o desconociendo lo que tienen para decir los que a diario trabajan con chicos y chicas con dificultades en barrios, escuelas o instituciones a lo largo y ancho de nuestro país.
*Exsecretario nacional de Niñez, Adolescencia y Familia, extitular de la Sedronar, miembro del Observatorio por los Derechos de la Infancia Eduardo Bustelo
Por el momento sólo conocemos por TV el deseo oficial de reducir la edad mínima penal, y peor aun, lanzada en medio de la conmoción que provoca un crimen doloroso.
Es unánime en los actores sociales e institucionales que trabajan con adolescentes el rechazo a la ampliación del castigo penal propuesto con “la baja”.
