A fines de los 70, luego de la primera capacitación brindada por una Agencia de Cooperación Japonesa, en Neuquén nació el fomento a la piscicultura. Ese punto marcó el inicio de una actividad productiva primaria: la acuicultura.
Ahora, desde el martes, un nuevo marco legal busca promoverla, atarla a los estándares mundiales y marcarle el camino del desarrollo sustentable.
Desde hace tiempo la provincia trabaja para conseguir inversiones para el sector, promover la actividad y dar un verdadero salto en volúmenes comercializables y calidad alimentaria, que incluso permitan exportar.
Uno de los eslabones más importantes en los que se trabaja es la planta de procesamiento de pescados de Piedra del Águila, que generará una capacidad de frío y faena de 3.000 toneladas.
Para que todo este proyecto camine se necesitó legislar. Por eso que esta semana se aprobó en la Legislatura la ley 3073. La misma adhiere a la ley nacional de Desarrollo Sustentable del Sector Acuícola que permite acceder a los beneficios que otorga a esta cadena productiva.
Con los ojos puestos en el crecimiento de la acuicultura, entre otras cosas la declara de utilidad pública.
Con esto, explican en un documento, se “busca simplificar el trámite para trazar los caminos privados de acceso a la tierra pública de los perilagos y márgenes de cursos de agua que se afectarán a la producción”.
Legisla sobre la regularización de los trámites de otorgamiento de concesiones públicas y habilitaciones. El fin es agilizar esos trámites administrativos que hoy son sumamente engorrosos.
Muchas veces los más ocupados en temas de medio ambiente ven en las explotaciones acuícolas amenazas. En este sentido, establece que el Estado será responsable de fiscalizar y controlar periódicamente la actividad en cuanto al estado de las infraestructuras, tecnologías, manejo de la sanidad y alimentación.
También obliga al Estado a realización de estudios ambientales periódicos para conocer el estado trófico de los ambientes y los efectos del impacto de la producción acuícola en el mismo. A su vez, explica los regímenes de infracciones y penalidades se deben aplicar para preservar el medio ambiente.
Contempla la creación de la cuenta especial donde ingresaran los fondos genuinamente originados por la actividad.
La normativa abre caminos para integrar la actividad local con la de otras jurisdicciones, en condiciones de similitud respecto a los niveles de competencia.
