La dirección de Vialidad bonaerense maneja más de mil millones de pesos por año. En 2009 usó hasta dinero de los jubilados, cuyo destino se desconoce. Sus funcionarios están en el ojo de la tormenta. Cuál es el entramado que soslaya los miles de muertos por año en las rutas
“Es una unidad de negocios”. Así de frío y sintético conceptualiza un hombre que trabaja dentro de la dirección de Vialidad de la provincia de Buenos Aires al actual funcionamiento del área, que ha quedado en el ojo de la tormenta por el calamitoso estado de las rutas bonaerenses, las sospechosas concesiones de peajes y supuestos manejos espurios con el dinero público.
Hay un rosario de planteos en este organismo, que en los hechos depende del ministerio de Infraestructura provincial pero que goza de cierta autarquía para el manejo del presupuesto, que para 2010 superará los mil millones de pesos.
Quiénes son
Las sospechas comienzan por sus hombres. A saber:
- Martin Repetto. Es el subsecretario de Obras Públicas y el hombre que tiene mayor injerencia en Vialidad. En esa subsecretaría se manejan y concentran prácticamente todas las obras de la provincia de Buenos Aires, las licitaciones y los pagos a los proveedores. También, u na “nueva unidad de negocios”: la habilitación para clubes de campo o countries en la Provincia. Hay denuncias de empresarios inmobiliarios que tuvieron que pasar por el despacho de Repetto antes de que se habilitara su emprendimiento. Este funcionario, además, pone la cara en el complejo y sospechoso negocio de las concesiones de las rutas, básicamente, la instalación de garitas de peajes a concentrados grupos económicos. Puntualmente, el holding Eurnekian. Gran parte de las decisiones de Repetto son tamizadas o aprobadas por el vicegobernador, Alberto Balestrini.
- Jose Enriquez. Es un hombre de Balestrini, asesor de la ministra Cristina Alvarez Rodríguez, pero que en la práctica trabaja como fiel ladero de Repetto. También pisa muy fuerte en Vialidad.
n Mariano Rios Ordoñez. Es el yerno de Balestrini, y otro de los asesores de la ministra, con funciones similares a las de Enríquez. Dentro del ministerio los sindican como “los recaudadores”.
- Marcelo Edgard o Pisano. Es el gerente de Administración de Vialidad, quien tiene a su cargo la administración de todos los expedientes de este organismo. Su firma es necesaria para cualquier erogación de dinero. Son numerosas las reuniones que Repetto, Enríquez y Ríos Ordóñez mantienen con Pisano. “Tiran todos para el mismo lado”, grafica el mismo informante, quien hasta narra el temor que tienen estos hombres de haber sido grabados en sus despachos. De hecho, se encargaron personalmente de rastrear micrófonos y cámaras ocultas.
- Elbio Martin Lardapide. Es, quizás, el funcionario más polémico de todos. Al momento que fue designado como subgerente de Administración, es decir, como segundo de Pisano, estaba procesado por la Justicia Penal platense por una supuesta estafa al fisco con el espinoso negocio de los medicamentos y las droguerías.
Concretamente, los fiscales Esteban Lombardo y Carlos Agüero (de la Fiscalía de Delitos Complejos) indicaron que Lardapide (y la también imp utada María del Carmen De Souza, ex directora de Políticas del Medicamento) “entre enero y junio de 2003 no controlaron las facturas presentadas al cobro por la droguería Drofasa”.
Aunque el artículo 70 del reglamento de Contrataciones de la Provincia regula la provisión de drogas antineoplásicas, la fiscalía constató que la cartera política realizó una contratación directa, “permitiendo que se pagara de más y en beneficio de la droguería por una valor de 2.215.598,05 pesos”.
Drofasa es una de las droguerías presuntamente vinculadas con la mafia de los medicamentos y el triple crimen de General Rodríguez.
En un reportaje, Sebastián Forza mencionó al ex gerenciador del PAMI Rubén Romano como un hombre de su entorno. Romano fue denunciado por hacer manejos con medicamentos y estaría relacionado con la gerenciadora Thivon, que maneja Drofasa.
A esta droguería la Sedronar le revocó el permiso para importar efedrina en mayo de 2008, y por eso le quedaron dos toneladas varadas en Aduana. Drofasa engrosa la causa que tiene en su escritorio el juez federal Norberto Oyarbide, y por la cual están detenidos, entre otros, el sindicalista Juan José Zanola y su esposa, Paula Aballay (con prisión domiciliaria).
El dato no es menor: en 2003, en la cartera sanitaria bonaerense ya tenía una importante injerencia Alberto Beto Costa, el ex funcionario que actualmente está preso por sus presuntos vínculos con “el Yabrán de los medicamentos”, Néstor Lorenzo, de la droguería San Javier.
Costa fue expulsado por el ex ministro Zin cuando se hicieron públicas estas vinculaciones. Lardapide luego fue sobreseído, pero mientras la causa se sustanciaba ya había sido designado en ese cargo estratégico de Vialidad. De Souza, en tanto, sigue procesada: la Justicia comprobó sobreprecios por drogas oncológicas y hormonas de crecimiento.
- Arcangel Curto. Es el titular de Vialidad, pero responde al gremio y no a Balestrini. Se dijo que Scioli lo iba a reemplazar luego de la tragedia de la familia Pomar, pero sigue en su cargo. En los hechos, quienes detentan el poder son los funcionarios antes mencionados.
Qué hacen
Aquí continúan los puntos de las sospechas. Durante 2009 Vialidad recibió créditos del Estado bonaerense, en virtud de “excedentes de aportes jubilatorios”, cuyo destino se desconoce. Concretamente, el decreto 1994, del 1º de octubre de 2009, en el expediente 2410-8950/09 dispone “incrementar los créditos asignados por la ley Nº 13.929, de Presupuesto General para la Dirección de Vialidad, en la suma de $ 10.000.000”.
Este es un tema sumamente urticante. “La gravedad de esta situación es que lo hagan de prepo, avasallando la autonomía que le da la Constitución al sistema previsional, que debe ser administrado por entidades autónomas y con autarquía financiera. La decisión sobre la administración y sobre sus recursos dependen, según establece la norma, del Instituto de Previsi ón Social (IPS). Y como está planteado esto en las dos leyes de presupuesto -2009 y 2010-, se apropiaron de los excedentes”, grafica el contador Miguel Anselmo Pouzo, presidente de la Asociación por la Defensa del Sistema Previsional Bonaerense (Adesip). En este caso, los excedentes para Vialidad. En otras palabras: dinero de los jubilados para mantener rutas que están destruidas.
Hay hechos que hablan por sí solos. Primero: no hay que ser un ingeniero vial para darse cuenta del estado de las rutas bonaerenses. El caso Pomar, como tantos otros, es uno de los botones de muestra. Segundo: la última información de gestión que dio a conocer la dirección de Vialidad data del 28 de septiembre de 2009, sobre el Congreso Argentino de Vialidad y Tránsito. Dar a conocer los actos de gobierno es uno de los principios de la República. De transparencia. En esta dependencia de la Pro-vincia quizás desconocen la trascendencia de este concepto.
“Por la subsecretaría de Obras Públi cas pasan proveedores, empresarios varios; se pregunta hasta el cansancio por los expedientes para habilitar countries en la Provincia y se supervisan todos los números de Vialidad. Ningún expediente sale si no lo miran Enríquez y Ríos Ordóñez”, confía la fuente que realiza una pormenorizada investigación sobre el área.
Pisano oficia de nexo entre ambas reparticiones. En los despachos, hasta los propios empleados cuentan que las autoridades hurgan y buscan micrófonos en todos lados. “Temen ser grabados”, aseguran a Desafío Económico.
En medio de la crisis Pomar, Alberto Balestrini bancó a la cúpula de la subsecretaría de Vialidad. Pidió expresamente que no fuera removida. También manifestó su malestar, a su círculo íntimo, so-bre las filtraciones a la prensa de dichos manejos.
Los peajes
El subsecretario Repetto, de perfil más alto que la propia ministra, oficia de vocero en el controversial proyecto para darle, con ll ave en mano y supuesto traje a medida, la concesión de rutas estratégi-cas de la provincia al grupo Eurnekian.
“Así como Kirchner y De Vido le prepararon en bandeja a Eurnekian la compra de Telecom, Scioli está haciendo lo mismo con las rutas”, grafica a este medio una fuente segura de Vialidad.
Concretamente, se trata de los suculentos corredores de las rutas 2 y 11, cuyos contratos vencen en 2011 y 2012, respectivamente. La Provincia quiere entregarle a un mismo grupo también el control de las rutas 63, 56, 74, 36 y 88.
“Los pliegos de la licitación todavía no están a disposición de la prensa”, confía la misma fuente de Vialidad. Pero la idea de que Eurnekian se quede con todo el paquete, no es nueva.
De hecho, fuentes consultadas por Desafío hacen referencia a reuniones del subsecretario Repetto con Juan Manuel Collazo, presidente de Caminos de América, una de las empresas del grupo Eurnekian. Incluso el propio Collazo sería quien habría realizado el p liego.
Hay varias cuestiones que no cierran, y sumamente llamativas:
- Todas son rutas ya realizadas, es decir, caminos concluidos. La Provincia, en vez de garantizar la libre circulación, le pondrá garitas y le entregará el “negocio” a una corporación que ha crecido ostensiblemente de la mano del Estado.
- La ley que promulgó Scioli, y aprobó la Legislatura con mayoría del oficialismo, no contempla obras de envergadura en ninguno de estos caminos. Solamente
la nueva concesión o el cambio de la misma.
- Las actuales concesionarias recibirán un resarcimiento económico por la res-cisión de los contratos. ¿Cuál es el apuro? ¿Quién se hará cargo de ese resar-cimiento? Fundamentalmente, ¿quién controlará que, efectivamente, se pague?
n Aunque los pliegos aún no son públicos, la Provincia ya adelantó que el nuevo concesionario tendrá que construir un tercer carril en la ruta 2 sólo si la tasa de circulación alcanza los 40.000 autos por día. Hoy el p romedio anual es de 12.000. Léase: no tendrá que hacer nada por muchos años, sólo cobrar el peaje.
- El Conaduv (entidad que defiende a los usuarios viales) exigió la eliminación de todas las garitas de “pillaje”, tanto en rutas nacionales como provinciales. “Vialidad, lo que debe hacer es ser el organismo rector para definir y controlar la política vial, y los privados, reali-zar las obras, pero sin cabinas de cobro de peaje en ruta”. La cúpula de Vialidad jamás le dio trascendencia a los pedidos de este organismo.
- La ruta 88, que fue incluida a último momento en la ley aprobada por la Legislatura en diciembre último, también está dentro de los tramos a concesionar. Aquí surge una de las pruebas más palmarias de las sospechas: la Provincia desembolsó más de 200 millones de pesos para mejorar esta traza que une Necochea con Mar del Plata. Luego de terminada la obra realizada por el Es-tado, es decir, con el dinero de todos los contribuyentes de la Provincia, un p rivado la explotará. “Es como si el Estado construyera un hospital y después se lo dejara a una empresa para que cobre por la internación, por las consultas pediátricas, etcétera”, grafica un legislador. Es un punto que no resiste demasiado análisis.
- Las sospechas son varias, además, por los suculentos negocios que ha realizado Eurnekian con el Estado. El dueño de AA 2000 también tiene la concesión de una de las rutas más caras de la Provincia (Pilar-Pergamino; se cobra peaje sin la conclusión de la obra) y mantiene es-trechos lazos con el poder.
El control
Ahora, bien, ¿cuál es el negocio, concretamente? Diversas fuentes consultadas por Desafío insisten en el “no control” como la base fuerte de recaudación en esta dependencia bonaerense. Se ejemplifica: “Un privado se encarga del bacheo de una ruta, pero Vialidad no controla si tapó 15 o 1.000 po-zos, tampoco las dimensiones de cada uno de ellos”.
Prácticamente todas las obras de bacheo e in fraestructura han sido entregadas a terceros. En todos los casos, con la anuencia de Repetto y de la gerencia administrativa de Vialidad.
Repetto no respondió los llamados de Desafío para expresarse en este artículo. La misma actitud tuvo el resto de los funcionarios aludidos. Según el CESVI, el 80% de las rutas argentinas son inseguras, y cada año se cobran la vida de 8.000 personas. ¿Conocerán estos datos los responsables de Vialidad?
El hombre de Eurnekian en las rutas
Juan Manuel Collazo es uno de los hombres de máxima confianza de Eduardo Eurnekian. Como presidente de Caminos de América, una de las empresas del grupo, está fuertemente cuestionado por la concesión de la autopista Pilar-Pergamino.
Collazo mantuvo varias reuniones con autoridades de la subsecretaría de Obras Públicas de la Provincia, según confió una fuente segura a Desafío. La misma dio cuenta de que este hombre tuvo injerencia en la redacc ión de los pliegos para otorgarle al grupo Eurnekian los suculentos corredores viales de la Provincia.
Prácticamente toda la oposición bonaerense salió a cuestionar en las últimas semanas esta situación. Habló de “un traje a medida” para Eurnekian, y de un “negocio escandaloso”.
Desafío intentó infructuosamente conocer los pliegos de licitación, pero los mismos aún no se dieron
a conocer. Se informó que estarán para el próximo mes de marzo.
“La 2 y la 11 ya fueron recontrapagadas, a través de subsidios que entregó Duhalde de más de US$ 110 millones y de tarifas abusivas e ilegales que los usuarios viales estamos pagando hace ya más de 19 años. Es decir que relicitar por 30 años más dichos corredores viales es un verdadero disparate”, asegura Ricardo Lasca, titular del Comité que defiende a los usuarios viales.
Desde el Conadu opinan que hay que "jerarquizar Vialidad"
El Conaduv, organismo que representa a los usuari os viales, exhortó a las autoridades bonaerenses a cambiar de actitud y escuchar “a quienes somos parte de esto y queremos colaborar para no seguir cometiendo los mismos errores de administraciones anteriores”.
- “El sistema de peaje con cabinas de cobro en ruta es antieconómico, ya que al ser caminos de baja densidad de tránsito anual, lo que se recauda se gasta en gran parte en el mantenimiento de las garitas y su administración, no llegando plata al camino.
También es anticonstitucional, ya que no existen caminos alternativos libres de pago. Es claramente ilegal, ya que las tarifas no cumplen con lo expresamente establecido en la ley de Peaje provincial 9.254”, según el Conaduv.
- El Conaduv cree que “en lugar de crear organismos de control truchos y burocráticos, debe rejerarquizarse la dirección de Vialidad, reafirmando las funciones propias y prioritarias en la totalidad de las rutas de planificación, control de gestión, administración e investigación tecnológica, convirtiéndola en el organismo rector de la política vial”.
Este organismo planteó una y mil veces que nunca fue recibido por las autoridades competentes de la provincia de Buenos Aires.
“Es una unidad de negocios”. Así de frío y sintético conceptualiza un hombre que trabaja dentro de la dirección de Vialidad de la provincia de Buenos Aires al actual funcionamiento del área, que ha quedado en el ojo de la tormenta por el calamitoso estado de las rutas bonaerenses, las sospechosas concesiones de peajes y supuestos manejos espurios con el dinero público.
Hay un rosario de planteos en este organismo, que en los hechos depende del ministerio de Infraestructura provincial pero que goza de cierta autarquía para el manejo del presupuesto, que para 2010 superará los mil millones de pesos.
Quiénes son
Las sospechas comienzan por sus hombres. A saber:
- Martin Repetto. Es el subsecretario de Obras Públicas y el hombre que tiene mayor injerencia en Vialidad. En esa subsecretaría se manejan y concentran prácticamente todas las obras de la provincia de Buenos Aires, las licitaciones y los pagos a los proveedores. También, u na “nueva unidad de negocios”: la habilitación para clubes de campo o countries en la Provincia. Hay denuncias de empresarios inmobiliarios que tuvieron que pasar por el despacho de Repetto antes de que se habilitara su emprendimiento. Este funcionario, además, pone la cara en el complejo y sospechoso negocio de las concesiones de las rutas, básicamente, la instalación de garitas de peajes a concentrados grupos económicos. Puntualmente, el holding Eurnekian. Gran parte de las decisiones de Repetto son tamizadas o aprobadas por el vicegobernador, Alberto Balestrini.
- Jose Enriquez. Es un hombre de Balestrini, asesor de la ministra Cristina Alvarez Rodríguez, pero que en la práctica trabaja como fiel ladero de Repetto. También pisa muy fuerte en Vialidad.
n Mariano Rios Ordoñez. Es el yerno de Balestrini, y otro de los asesores de la ministra, con funciones similares a las de Enríquez. Dentro del ministerio los sindican como “los recaudadores”.
- Marcelo Edgard o Pisano. Es el gerente de Administración de Vialidad, quien tiene a su cargo la administración de todos los expedientes de este organismo. Su firma es necesaria para cualquier erogación de dinero. Son numerosas las reuniones que Repetto, Enríquez y Ríos Ordóñez mantienen con Pisano. “Tiran todos para el mismo lado”, grafica el mismo informante, quien hasta narra el temor que tienen estos hombres de haber sido grabados en sus despachos. De hecho, se encargaron personalmente de rastrear micrófonos y cámaras ocultas.
- Elbio Martin Lardapide. Es, quizás, el funcionario más polémico de todos. Al momento que fue designado como subgerente de Administración, es decir, como segundo de Pisano, estaba procesado por la Justicia Penal platense por una supuesta estafa al fisco con el espinoso negocio de los medicamentos y las droguerías.
Concretamente, los fiscales Esteban Lombardo y Carlos Agüero (de la Fiscalía de Delitos Complejos) indicaron que Lardapide (y la también imp utada María del Carmen De Souza, ex directora de Políticas del Medicamento) “entre enero y junio de 2003 no controlaron las facturas presentadas al cobro por la droguería Drofasa”.
Aunque el artículo 70 del reglamento de Contrataciones de la Provincia regula la provisión de drogas antineoplásicas, la fiscalía constató que la cartera política realizó una contratación directa, “permitiendo que se pagara de más y en beneficio de la droguería por una valor de 2.215.598,05 pesos”.
Drofasa es una de las droguerías presuntamente vinculadas con la mafia de los medicamentos y el triple crimen de General Rodríguez.
En un reportaje, Sebastián Forza mencionó al ex gerenciador del PAMI Rubén Romano como un hombre de su entorno. Romano fue denunciado por hacer manejos con medicamentos y estaría relacionado con la gerenciadora Thivon, que maneja Drofasa.
A esta droguería la Sedronar le revocó el permiso para importar efedrina en mayo de 2008, y por eso le quedaron dos toneladas varadas en Aduana. Drofasa engrosa la causa que tiene en su escritorio el juez federal Norberto Oyarbide, y por la cual están detenidos, entre otros, el sindicalista Juan José Zanola y su esposa, Paula Aballay (con prisión domiciliaria).
El dato no es menor: en 2003, en la cartera sanitaria bonaerense ya tenía una importante injerencia Alberto Beto Costa, el ex funcionario que actualmente está preso por sus presuntos vínculos con “el Yabrán de los medicamentos”, Néstor Lorenzo, de la droguería San Javier.
Costa fue expulsado por el ex ministro Zin cuando se hicieron públicas estas vinculaciones. Lardapide luego fue sobreseído, pero mientras la causa se sustanciaba ya había sido designado en ese cargo estratégico de Vialidad. De Souza, en tanto, sigue procesada: la Justicia comprobó sobreprecios por drogas oncológicas y hormonas de crecimiento.
- Arcangel Curto. Es el titular de Vialidad, pero responde al gremio y no a Balestrini. Se dijo que Scioli lo iba a reemplazar luego de la tragedia de la familia Pomar, pero sigue en su cargo. En los hechos, quienes detentan el poder son los funcionarios antes mencionados.
Qué hacen
Aquí continúan los puntos de las sospechas. Durante 2009 Vialidad recibió créditos del Estado bonaerense, en virtud de “excedentes de aportes jubilatorios”, cuyo destino se desconoce. Concretamente, el decreto 1994, del 1º de octubre de 2009, en el expediente 2410-8950/09 dispone “incrementar los créditos asignados por la ley Nº 13.929, de Presupuesto General para la Dirección de Vialidad, en la suma de $ 10.000.000”.
Este es un tema sumamente urticante. “La gravedad de esta situación es que lo hagan de prepo, avasallando la autonomía que le da la Constitución al sistema previsional, que debe ser administrado por entidades autónomas y con autarquía financiera. La decisión sobre la administración y sobre sus recursos dependen, según establece la norma, del Instituto de Previsi ón Social (IPS). Y como está planteado esto en las dos leyes de presupuesto -2009 y 2010-, se apropiaron de los excedentes”, grafica el contador Miguel Anselmo Pouzo, presidente de la Asociación por la Defensa del Sistema Previsional Bonaerense (Adesip). En este caso, los excedentes para Vialidad. En otras palabras: dinero de los jubilados para mantener rutas que están destruidas.
Hay hechos que hablan por sí solos. Primero: no hay que ser un ingeniero vial para darse cuenta del estado de las rutas bonaerenses. El caso Pomar, como tantos otros, es uno de los botones de muestra. Segundo: la última información de gestión que dio a conocer la dirección de Vialidad data del 28 de septiembre de 2009, sobre el Congreso Argentino de Vialidad y Tránsito. Dar a conocer los actos de gobierno es uno de los principios de la República. De transparencia. En esta dependencia de la Pro-vincia quizás desconocen la trascendencia de este concepto.
“Por la subsecretaría de Obras Públi cas pasan proveedores, empresarios varios; se pregunta hasta el cansancio por los expedientes para habilitar countries en la Provincia y se supervisan todos los números de Vialidad. Ningún expediente sale si no lo miran Enríquez y Ríos Ordóñez”, confía la fuente que realiza una pormenorizada investigación sobre el área.
Pisano oficia de nexo entre ambas reparticiones. En los despachos, hasta los propios empleados cuentan que las autoridades hurgan y buscan micrófonos en todos lados. “Temen ser grabados”, aseguran a Desafío Económico.
En medio de la crisis Pomar, Alberto Balestrini bancó a la cúpula de la subsecretaría de Vialidad. Pidió expresamente que no fuera removida. También manifestó su malestar, a su círculo íntimo, so-bre las filtraciones a la prensa de dichos manejos.
Los peajes
El subsecretario Repetto, de perfil más alto que la propia ministra, oficia de vocero en el controversial proyecto para darle, con ll ave en mano y supuesto traje a medida, la concesión de rutas estratégi-cas de la provincia al grupo Eurnekian.
“Así como Kirchner y De Vido le prepararon en bandeja a Eurnekian la compra de Telecom, Scioli está haciendo lo mismo con las rutas”, grafica a este medio una fuente segura de Vialidad.
Concretamente, se trata de los suculentos corredores de las rutas 2 y 11, cuyos contratos vencen en 2011 y 2012, respectivamente. La Provincia quiere entregarle a un mismo grupo también el control de las rutas 63, 56, 74, 36 y 88.
“Los pliegos de la licitación todavía no están a disposición de la prensa”, confía la misma fuente de Vialidad. Pero la idea de que Eurnekian se quede con todo el paquete, no es nueva.
De hecho, fuentes consultadas por Desafío hacen referencia a reuniones del subsecretario Repetto con Juan Manuel Collazo, presidente de Caminos de América, una de las empresas del grupo Eurnekian. Incluso el propio Collazo sería quien habría realizado el p liego.
Hay varias cuestiones que no cierran, y sumamente llamativas:
- Todas son rutas ya realizadas, es decir, caminos concluidos. La Provincia, en vez de garantizar la libre circulación, le pondrá garitas y le entregará el “negocio” a una corporación que ha crecido ostensiblemente de la mano del Estado.
- La ley que promulgó Scioli, y aprobó la Legislatura con mayoría del oficialismo, no contempla obras de envergadura en ninguno de estos caminos. Solamente
la nueva concesión o el cambio de la misma.
- Las actuales concesionarias recibirán un resarcimiento económico por la res-cisión de los contratos. ¿Cuál es el apuro? ¿Quién se hará cargo de ese resar-cimiento? Fundamentalmente, ¿quién controlará que, efectivamente, se pague?
n Aunque los pliegos aún no son públicos, la Provincia ya adelantó que el nuevo concesionario tendrá que construir un tercer carril en la ruta 2 sólo si la tasa de circulación alcanza los 40.000 autos por día. Hoy el p romedio anual es de 12.000. Léase: no tendrá que hacer nada por muchos años, sólo cobrar el peaje.
- El Conaduv (entidad que defiende a los usuarios viales) exigió la eliminación de todas las garitas de “pillaje”, tanto en rutas nacionales como provinciales. “Vialidad, lo que debe hacer es ser el organismo rector para definir y controlar la política vial, y los privados, reali-zar las obras, pero sin cabinas de cobro de peaje en ruta”. La cúpula de Vialidad jamás le dio trascendencia a los pedidos de este organismo.
- La ruta 88, que fue incluida a último momento en la ley aprobada por la Legislatura en diciembre último, también está dentro de los tramos a concesionar. Aquí surge una de las pruebas más palmarias de las sospechas: la Provincia desembolsó más de 200 millones de pesos para mejorar esta traza que une Necochea con Mar del Plata. Luego de terminada la obra realizada por el Es-tado, es decir, con el dinero de todos los contribuyentes de la Provincia, un p rivado la explotará. “Es como si el Estado construyera un hospital y después se lo dejara a una empresa para que cobre por la internación, por las consultas pediátricas, etcétera”, grafica un legislador. Es un punto que no resiste demasiado análisis.
- Las sospechas son varias, además, por los suculentos negocios que ha realizado Eurnekian con el Estado. El dueño de AA 2000 también tiene la concesión de una de las rutas más caras de la Provincia (Pilar-Pergamino; se cobra peaje sin la conclusión de la obra) y mantiene es-trechos lazos con el poder.
El control
Ahora, bien, ¿cuál es el negocio, concretamente? Diversas fuentes consultadas por Desafío insisten en el “no control” como la base fuerte de recaudación en esta dependencia bonaerense. Se ejemplifica: “Un privado se encarga del bacheo de una ruta, pero Vialidad no controla si tapó 15 o 1.000 po-zos, tampoco las dimensiones de cada uno de ellos”.
Prácticamente todas las obras de bacheo e in fraestructura han sido entregadas a terceros. En todos los casos, con la anuencia de Repetto y de la gerencia administrativa de Vialidad.
Repetto no respondió los llamados de Desafío para expresarse en este artículo. La misma actitud tuvo el resto de los funcionarios aludidos. Según el CESVI, el 80% de las rutas argentinas son inseguras, y cada año se cobran la vida de 8.000 personas. ¿Conocerán estos datos los responsables de Vialidad?
El hombre de Eurnekian en las rutas
Juan Manuel Collazo es uno de los hombres de máxima confianza de Eduardo Eurnekian. Como presidente de Caminos de América, una de las empresas del grupo, está fuertemente cuestionado por la concesión de la autopista Pilar-Pergamino.
Collazo mantuvo varias reuniones con autoridades de la subsecretaría de Obras Públicas de la Provincia, según confió una fuente segura a Desafío. La misma dio cuenta de que este hombre tuvo injerencia en la redacc ión de los pliegos para otorgarle al grupo Eurnekian los suculentos corredores viales de la Provincia.
Prácticamente toda la oposición bonaerense salió a cuestionar en las últimas semanas esta situación. Habló de “un traje a medida” para Eurnekian, y de un “negocio escandaloso”.
Desafío intentó infructuosamente conocer los pliegos de licitación, pero los mismos aún no se dieron
a conocer. Se informó que estarán para el próximo mes de marzo.
“La 2 y la 11 ya fueron recontrapagadas, a través de subsidios que entregó Duhalde de más de US$ 110 millones y de tarifas abusivas e ilegales que los usuarios viales estamos pagando hace ya más de 19 años. Es decir que relicitar por 30 años más dichos corredores viales es un verdadero disparate”, asegura Ricardo Lasca, titular del Comité que defiende a los usuarios viales.
Desde el Conadu opinan que hay que "jerarquizar Vialidad"
El Conaduv, organismo que representa a los usuari os viales, exhortó a las autoridades bonaerenses a cambiar de actitud y escuchar “a quienes somos parte de esto y queremos colaborar para no seguir cometiendo los mismos errores de administraciones anteriores”.
- “El sistema de peaje con cabinas de cobro en ruta es antieconómico, ya que al ser caminos de baja densidad de tránsito anual, lo que se recauda se gasta en gran parte en el mantenimiento de las garitas y su administración, no llegando plata al camino.
También es anticonstitucional, ya que no existen caminos alternativos libres de pago. Es claramente ilegal, ya que las tarifas no cumplen con lo expresamente establecido en la ley de Peaje provincial 9.254”, según el Conaduv.
- El Conaduv cree que “en lugar de crear organismos de control truchos y burocráticos, debe rejerarquizarse la dirección de Vialidad, reafirmando las funciones propias y prioritarias en la totalidad de las rutas de planificación, control de gestión, administración e investigación tecnológica, convirtiéndola en el organismo rector de la política vial”.
Este organismo planteó una y mil veces que nunca fue recibido por las autoridades competentes de la provincia de Buenos Aires.
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