La comisión de Educación de la legislatura de Neuquén inició el debate para declarar la emergencia en el sistema educativo de la provincia, con el fin de revertir el fracaso escolar en las Instituciones.
Seguramente habrá aspectos a tener en cuenta dado que nos hallamos ante una profunda emergencia educativa que, en caso de no revertirse con inteligencia y celeridad, gravitará negativamente en el porvenir de las jóvenes generaciones.
Es preciso reconocer que existe una enorme cantidad de jóvenes que no estudian ni trabajan, lo cual los hace particularmente vulnerables a la anomia o incapacidad de la estructura social de proveer, a ciertos individuos lo necesario para alcanzar sus metas en una etapa crucial de su desarrollo personal.
Es obvio que la escuela tiene serios problemas de funcionamiento, pero adjudicar toda la responsabilidad a la deserción y la falta de trabajo en el sistema educativo es, por lo menos, injusta y políticamente riesgosa.
En el inicio del debate la presidenta de la comisión, Silvia De Otaño, hizo eje en la necesidad de resolver dificultades financieras, recuperar los días de clases y reparar las escuelas.
Su par de bancada, José Russo, dijo que “si hay que declarar una emergencia es porque algo fracasó” y añadió que en un contexto de emergencia es necesario priorizar los recursos y las necesidades. “El objeto de la escuela es darle clases a los chicos, no trabajo a los docentes”.
Desde el PJ, Ariel Kogan señaló que su iniciativa -presentada en el año 2007 y reflotada con modificaciones- pretende crear una herramienta para resolver cuestiones edilicias y fijar pautas para recuperar contenidos.
Por la UCR, Marcelo Inaudi apoyó la iniciativa, a la que calificó como un principio de solución “de varios aspectos que vienen siendo cuestionados”. Sostuvo que la educación “es un derecho desde la óptica de los ciudadanos y es un servicio desde la óptica del Estado”.
Horacio Rachid, de Opción Federal, opinó que los proyectos utilizan fundamentos similares a los de ATEN al hacer foco en los problemas de infraestructura y no “en lo que realmente pasó que fue un paro salvaje de 37 días”. Pidió declarar a la educación como un servicio público esencial para poder garantizar “el derecho a la educación”.
En sentido contrario, Soledad Martínez, de Alternativa Neuquina, planteó la emergencia como una “declaración de auto incapacidad” del gobierno y explicó que significa “ponerle muletas a un Estado que no camina porque es vago”.
Por Libres del Sur, Paula Sánchez dijo que no es necesario declarar la emergencia “para arreglar las escuelas” y reclamó honestidad con la sociedad tras responsabilizar al gobierno y a las autoridades de Educación por el abandono del sistema educativo. Además, se manifestó en contra de la incorporación de suplentes volantes por implicar un aumento significativo de la planta de personal.
El debate recién comienza, lástima que no se hizo antes que se perdieran tantos días de clases de todas maneras los legisladores deben tener en cuenta que en la emergencia es necesario dotar a la escuela de todos los recursos -materiales, humanos y organizativos- capaces de enfrentar los desafíos que plantea educar a jóvenes, en muchos casos en situación de exclusión social.
Desde el punto de vista material los edificios deben ser adecuados, bien equipados y debe haber equipos de docentes y profesionales bien remunerados.
Es preciso reconocer que existe una enorme cantidad de jóvenes que no estudian ni trabajan, lo cual los hace particularmente vulnerables a la anomia o incapacidad de la estructura social de proveer, a ciertos individuos lo necesario para alcanzar sus metas en una etapa crucial de su desarrollo personal.
Es obvio que la escuela tiene serios problemas de funcionamiento, pero adjudicar toda la responsabilidad a la deserción y la falta de trabajo en el sistema educativo es, por lo menos, injusta y políticamente riesgosa.
En el inicio del debate la presidenta de la comisión, Silvia De Otaño, hizo eje en la necesidad de resolver dificultades financieras, recuperar los días de clases y reparar las escuelas.
Su par de bancada, José Russo, dijo que “si hay que declarar una emergencia es porque algo fracasó” y añadió que en un contexto de emergencia es necesario priorizar los recursos y las necesidades. “El objeto de la escuela es darle clases a los chicos, no trabajo a los docentes”.
Desde el PJ, Ariel Kogan señaló que su iniciativa -presentada en el año 2007 y reflotada con modificaciones- pretende crear una herramienta para resolver cuestiones edilicias y fijar pautas para recuperar contenidos.
Por la UCR, Marcelo Inaudi apoyó la iniciativa, a la que calificó como un principio de solución “de varios aspectos que vienen siendo cuestionados”. Sostuvo que la educación “es un derecho desde la óptica de los ciudadanos y es un servicio desde la óptica del Estado”.
Horacio Rachid, de Opción Federal, opinó que los proyectos utilizan fundamentos similares a los de ATEN al hacer foco en los problemas de infraestructura y no “en lo que realmente pasó que fue un paro salvaje de 37 días”. Pidió declarar a la educación como un servicio público esencial para poder garantizar “el derecho a la educación”.
En sentido contrario, Soledad Martínez, de Alternativa Neuquina, planteó la emergencia como una “declaración de auto incapacidad” del gobierno y explicó que significa “ponerle muletas a un Estado que no camina porque es vago”.
Por Libres del Sur, Paula Sánchez dijo que no es necesario declarar la emergencia “para arreglar las escuelas” y reclamó honestidad con la sociedad tras responsabilizar al gobierno y a las autoridades de Educación por el abandono del sistema educativo. Además, se manifestó en contra de la incorporación de suplentes volantes por implicar un aumento significativo de la planta de personal.
El debate recién comienza, lástima que no se hizo antes que se perdieran tantos días de clases de todas maneras los legisladores deben tener en cuenta que en la emergencia es necesario dotar a la escuela de todos los recursos -materiales, humanos y organizativos- capaces de enfrentar los desafíos que plantea educar a jóvenes, en muchos casos en situación de exclusión social.
Desde el punto de vista material los edificios deben ser adecuados, bien equipados y debe haber equipos de docentes y profesionales bien remunerados.
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