El gobernador obró rápido ante la denuncia de que el intendente de Villa Pehuenia, Mauro del Castillo, se había beneficiado con la cesión de tierras con alto valor inmobiliario. Sapag no sólo modificó la norma existente, para que ningún funcionario pueda acceder a tierras fiscales, sino que ordenó echar atrás la adjudicación.
Con urgencia inusitada respondió el gobernador Jorge Sapag a una denuncia que involucró al intendente de Villa Pehuenia, Mauro del Castillo, por beneficiarse con la cesión de tierras fiscales en la zona de Pulmarí.
No sólo modificó por decreto la normativa vigente, prohibiendo expresamente a funcionarios públicos la adquisición de tierras fiscales durante su mandato y hasta un año después del mismo, sino que renovó la participación de su gobierno en la corporación Pulmarí, y le quitó a Del Castillo, de un plumazo, el lote que había comenzado a usufructuar con el objetivo de construir un complejo de cabañas turísticas.
“Quienes desempeñen cargos públicos nacionales, provinciales o municipales, ni sus cónyuges, hasta transcurrido un año desde la finalización de su mandato o cargo, no podrán ser beneficiarios de tierras fiscales rurales o urbanas”, dice el texto corregido por decreto.
La subsecretaría de Tierras fue el organismo encargado de anunciar que se inició “el trámite de caducidad del derecho” otorgado al intendente de Villa Pehuenia, sobre “tierras adjudicadas como tenencia precaria”.
“Si bien no tenía impedimentos legales, no fue consultada su conveniencia y razonabilidad con el gobernador de la provincia”, sostiene el texto del comunicado de esa dependencia, y refiere que Del Castillo “pierde los derechos por no haber cumplido con las obligaciones de la ley de Tierras”.
Paralelamente, el gobierno dispondrá, con el ministro de Desarrollo Territorial, Leandro Bertoya, a la cabeza, hacer un relevamiento del área en cuestión, “tanto en las parcelas de dominio privado como público”.
El relevamiento, según se informó, tendrá carácter de “exhaustivo” y se hará sobre “las ocupaciones existentes y de su génesis y desarrollo, como también las posibilidades de compatibilización entre los diferentes usos pretendidos”.
Después, Bertoya deberá organizar un plan de “ordenamiento y desarrollo”, que incluya la participación de los interesados, y la implementación del mecanismo de audiencia pública, para “garantizar” que todo se haga de manera transparente.
La suspensión de la tramitación de proyectos y emprendimientos operará durante la elaboración del plan de ordenamiento y tiene por objeto prevenir posibles impactos en el medio ambiente.
El gobierno también anunció que renovará su representación en la Corporación Interestadual Pulmarí (CIP), con la que mantenía un duro conflicto. Para eso, Sapag designó como representante de la provincia en el Consejo de Vigilancia de la CIP a José Ignacio Gerez, en sustitución de Miryam Beatriz Aboje. Se apuntó que será Bertoya el encargado de renovar los integrantes del directorio en representación de Neuquén.
Precisamente, desde la Corporación Pulmarí se había denunciado el "affaire" de Mauro del Castillo, con una presentación que fue acompañada por el diputado Rodolfo Canini.
Con urgencia inusitada respondió el gobernador Jorge Sapag a una denuncia que involucró al intendente de Villa Pehuenia, Mauro del Castillo, por beneficiarse con la cesión de tierras fiscales en la zona de Pulmarí.
No sólo modificó por decreto la normativa vigente, prohibiendo expresamente a funcionarios públicos la adquisición de tierras fiscales durante su mandato y hasta un año después del mismo, sino que renovó la participación de su gobierno en la corporación Pulmarí, y le quitó a Del Castillo, de un plumazo, el lote que había comenzado a usufructuar con el objetivo de construir un complejo de cabañas turísticas.
“Quienes desempeñen cargos públicos nacionales, provinciales o municipales, ni sus cónyuges, hasta transcurrido un año desde la finalización de su mandato o cargo, no podrán ser beneficiarios de tierras fiscales rurales o urbanas”, dice el texto corregido por decreto.
La subsecretaría de Tierras fue el organismo encargado de anunciar que se inició “el trámite de caducidad del derecho” otorgado al intendente de Villa Pehuenia, sobre “tierras adjudicadas como tenencia precaria”.
“Si bien no tenía impedimentos legales, no fue consultada su conveniencia y razonabilidad con el gobernador de la provincia”, sostiene el texto del comunicado de esa dependencia, y refiere que Del Castillo “pierde los derechos por no haber cumplido con las obligaciones de la ley de Tierras”.
Paralelamente, el gobierno dispondrá, con el ministro de Desarrollo Territorial, Leandro Bertoya, a la cabeza, hacer un relevamiento del área en cuestión, “tanto en las parcelas de dominio privado como público”.
El relevamiento, según se informó, tendrá carácter de “exhaustivo” y se hará sobre “las ocupaciones existentes y de su génesis y desarrollo, como también las posibilidades de compatibilización entre los diferentes usos pretendidos”.
Después, Bertoya deberá organizar un plan de “ordenamiento y desarrollo”, que incluya la participación de los interesados, y la implementación del mecanismo de audiencia pública, para “garantizar” que todo se haga de manera transparente.
La suspensión de la tramitación de proyectos y emprendimientos operará durante la elaboración del plan de ordenamiento y tiene por objeto prevenir posibles impactos en el medio ambiente.
El gobierno también anunció que renovará su representación en la Corporación Interestadual Pulmarí (CIP), con la que mantenía un duro conflicto. Para eso, Sapag designó como representante de la provincia en el Consejo de Vigilancia de la CIP a José Ignacio Gerez, en sustitución de Miryam Beatriz Aboje. Se apuntó que será Bertoya el encargado de renovar los integrantes del directorio en representación de Neuquén.
Precisamente, desde la Corporación Pulmarí se había denunciado el "affaire" de Mauro del Castillo, con una presentación que fue acompañada por el diputado Rodolfo Canini.
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