Por más leyes que se dicten, es tonto creer que el resto de un planeta superpoblado va a resignarse a ver cómo nos seguimos sentando sobre espacios vacíos que pueden ser productivos. Adrián Simioni.
Entre San Carlos de Bariloche y la ciudad de Neuquén corre el caudaloso río Limay, de 380 kilómetros de largo, sobre el que hay cinco represas, algunas de ellas gigantescas (Alicurá, Piedra del Águila, Pichi Picún Leufú, Chocón y Arroyito). En su mayor parte, el camino entre las dos ciudades bordea el río. En todo ese extenso recorrido... no hay nada. No es broma. No se ve ni un árbol plantado por el hombre. Sólo matorrales, pese a que varias de las represas se planearon para generar energía pero también para riego (con lo que su rentabilidad social es hoy muy inferior a la que previeron los que las planificaron).
En Neuquén y Bariloche la gente vive del turismo, del petróleo y, sobre todo, del empleo público. La mayor parte de la tierra no se explota, aunque, como en el Limay, el agua esté a la mano y el mundo esté desesperado por conseguir alimentos y madera y se necesite generar oxígeno y retener dióxido de carbono en los árboles mientras éstos están vivos (por eso existe ya el mercado de bonos de carbón).
Por más leyes que se dicten, es tonto creer que el resto de un planeta superpoblado va a resignarse a ver cómo nos seguimos sentando sobre espacios vacíos que pueden ser productivos. Si no los utilizamos nosotros, lo harán chinos, indios y muchos más, que por eso están comprando miles de hectáreas en provincias como Río Negro. No hace falta que a una segunda conquista del desierto la conduzca Julio A. Roca. Pueden ser agrónomos chinos. Distraídos, podemos terminar siendo las nuevas víctimas aborígenes, 130 años después.
Tal vez ni siquiera sería justo impedir que otros generen en estas tierras los bienes que la humanidad necesita y que a nosotros no nos da la gana proporcionar.
Córdoba. Esto no implica rechazar la ley que propone el Gobierno nacional, que, en Córdoba tendrá escaso efecto, al menos inmediato. El 20 por ciento es un tope alto. En la provincia hay 7,5 millones de hectáreas cultivables (otros 2,1 millones son pastizales y otro 1,9 millón bosques y monte, según el Censo Agropecuario). El 20 por ciento equivale a casi 1,5 millón de hectáreas, lo que iguala a todo el departamento Río Cuarto. Los extranjeros aún tienen margen.
No hay datos sobre propiedad extranjera. Juan Manuel Rossi, de Federación Agraria, dice que lo que se sabe es lo que suelen contar los lugareños. Que en Deán Funes una empresa alemana compró hace poco mil hectáreas; que en Villa Valeria, una inglesa compró 5.000.
Atención. Pero hay algo que sí podría impactar. Según Rossi, hay 59 tratados internacionales, que son ley para el país, que impiden limitar la compra de tierras. Una forma de salvarlo sería cambiar la categoría legal de la tierra de “bien comercial” a “recurso natural”. Por ejemplo, ¿se podría tomar un crédito con garantía hipotecaria rural en ese caso? Hay quienes opinan que no. Y ese sí que es un tema de aristas múltiples.
Entre San Carlos de Bariloche y la ciudad de Neuquén corre el caudaloso río Limay, de 380 kilómetros de largo, sobre el que hay cinco represas, algunas de ellas gigantescas (Alicurá, Piedra del Águila, Pichi Picún Leufú, Chocón y Arroyito). En su mayor parte, el camino entre las dos ciudades bordea el río. En todo ese extenso recorrido... no hay nada. No es broma. No se ve ni un árbol plantado por el hombre. Sólo matorrales, pese a que varias de las represas se planearon para generar energía pero también para riego (con lo que su rentabilidad social es hoy muy inferior a la que previeron los que las planificaron).
En Neuquén y Bariloche la gente vive del turismo, del petróleo y, sobre todo, del empleo público. La mayor parte de la tierra no se explota, aunque, como en el Limay, el agua esté a la mano y el mundo esté desesperado por conseguir alimentos y madera y se necesite generar oxígeno y retener dióxido de carbono en los árboles mientras éstos están vivos (por eso existe ya el mercado de bonos de carbón).
Por más leyes que se dicten, es tonto creer que el resto de un planeta superpoblado va a resignarse a ver cómo nos seguimos sentando sobre espacios vacíos que pueden ser productivos. Si no los utilizamos nosotros, lo harán chinos, indios y muchos más, que por eso están comprando miles de hectáreas en provincias como Río Negro. No hace falta que a una segunda conquista del desierto la conduzca Julio A. Roca. Pueden ser agrónomos chinos. Distraídos, podemos terminar siendo las nuevas víctimas aborígenes, 130 años después.
Tal vez ni siquiera sería justo impedir que otros generen en estas tierras los bienes que la humanidad necesita y que a nosotros no nos da la gana proporcionar.
Córdoba. Esto no implica rechazar la ley que propone el Gobierno nacional, que, en Córdoba tendrá escaso efecto, al menos inmediato. El 20 por ciento es un tope alto. En la provincia hay 7,5 millones de hectáreas cultivables (otros 2,1 millones son pastizales y otro 1,9 millón bosques y monte, según el Censo Agropecuario). El 20 por ciento equivale a casi 1,5 millón de hectáreas, lo que iguala a todo el departamento Río Cuarto. Los extranjeros aún tienen margen.
No hay datos sobre propiedad extranjera. Juan Manuel Rossi, de Federación Agraria, dice que lo que se sabe es lo que suelen contar los lugareños. Que en Deán Funes una empresa alemana compró hace poco mil hectáreas; que en Villa Valeria, una inglesa compró 5.000.
Atención. Pero hay algo que sí podría impactar. Según Rossi, hay 59 tratados internacionales, que son ley para el país, que impiden limitar la compra de tierras. Una forma de salvarlo sería cambiar la categoría legal de la tierra de “bien comercial” a “recurso natural”. Por ejemplo, ¿se podría tomar un crédito con garantía hipotecaria rural en ese caso? Hay quienes opinan que no. Y ese sí que es un tema de aristas múltiples.
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