JUNÍN DE LOS ANDES (ASM).- La Cámara Provincial de Apelaciones de Neuquén, por unanimidad, dispuso enviar a la Justicia Federal la investigación por el presunto delito de acopio de armas de fuego y munición de guerra que se sigue contra un estanciero de Junín de los Andes.
La causa se inició en la División Tránsito Rural de esta ciudad, cuando se denunció que el propietario en cuestión y un familiar amenazaron, golpearon y les dispararon con armas de fuego a dos personas que ingresaron al campo en el marco de una excursión de pesca.
La denuncia posterior disparó la realización de un allanamiento ordenado por el Juzgado de Instrucción de Junín de los Andes en la vivienda y adyacencias que ocuparían las personas imputadas, en el predio de una estancia atravesada por el río Collon Cura, a unos 40 kilómetros de esta ciudad.
Allí se produjo el hallazgo de una gran cantidad de armas de fuego estimada en 72 piezas, cargadores, municiones, silenciadores y pólvora.
Ante la imposibilidad de justificar la tenencia de la mayoría de las armas de fuego secuestradas, junto con la existencia de armas con numeración suprimida o limada, la Cámara determinó que se agravara la situación procesal de los ocupantes de la vivienda, por encuadrar la conducta en el delito de "acopio ilegítimo de armas de fuego y municiones de éstas (artículo 189 bis, inciso 3 del Código Penal)". La Cámara descartó los argumentos de la defensa de los acusados, y ordenó enviar las actuaciones a la Justicia Federal.
Los hechos motivaron también acciones en el Juzgado Federal de Zapala en un expediente caratulado como "Del Campo, Mario Eduardo sobre delito contra la seguridad pública", por la existencia de pólvora y maquinas de recarga de proyectiles sin autorización.
En ese contexto, la Cámara ratificó lo dispuesto por el Juzgado de Junín, que había declarado de competencia federal la cuestión y ordenó que, por intermedio de Gendarmería, se remitan a la Justicia Federal de Zapala las cincuenta y tres armas de fuego cuya tenencia no pudo ser justificada, así como los silenciadores secuestrados, para que continúe la investigación por el delito de "acopio de armas de fuego, municiones y la tenencia de instrumental para producirlas", figura que tiene una pena de entre 4 a 10 años de prisión.
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