Aislar la ciudad más grande de la Patagonia, y dejarla sin transporte público, no debería ser saludado desde la solidaridad, sino rechazado desde el sentido común. El asesinato del taxista debe ser investigado y esclarecido, pero no a costa de un estado de convulsión que pone a toda la sociedad como rehén de un grupo que pretende una seguridad imposible.
Foto: Matías Subat-patagonia foto press Ha sido, sin duda, un crimen espantoso. Rogelio San Miguel fue apuñalado. Murió desangrado tirado como una cosa, al lado de su herramienta de trabajo. Víctima de una violencia criminal a la que ojala nunca nos acostumbremos.
Pero la reacción corporativa de los taxistas no debería ser avalada, mucho menos por las autoridades. Bloquear todas las rutas de acceso a la ciudad, impedir la circulación de los colectivos, dejar a toda la sociedad sin transporte público, constituye otro delito. Y el delito no se combate con más delito, se combate con la aplicación de la ley, la investigación dentro de la ley, y el castigo para los culpables que contempla la ley.
El concejal Darío Martínez, candidato a intendente por el Frente para la Victoria, ha concluido a pocas horas del crimen que la demora en llegar al lugar de la policía (unos minutos, después de que llegaran los taxistas) y de la ambulancia, sería una especie de irregularidad que obligaría a repensar lo que está dispuesto para estos casos.
Que el hecho de que el taxi 133 de la empresa Avenida tuviera GPS, botón de pánico, y cumpliera con las legislaciones vigentes para la seguridad, y que pese a esto el taxista fuera asesinado, obligaría a rever estas disposiciones, o el método dispuesto para afrontar estas contingencias.
El gobierno municipal, apresuradamente, ha dado a conocer un comunicado, en el que señala que “la Municipalidad de Neuquén hace público el repudio a estos actos de violencia manifestando, además del profundo dolor, su solidaridad con la familia de Rogelio San Miguel, así como también hacia el gremio taxista en su conjunto”, con lo cual de hecho se solidariza también con el bloqueo de rutas y calles, la quema de neumáticos y el bloqueo al principal sistema de transporte público, que son los colectivos. Es así puesto que los taxistas han dispuesto estas medidas.
¿Y qué reclaman, qué piden los taxistas, por qué protestan?
¿Pretenden acaso un sistema que garantice que ningún chofer de taxi, nunca, sea objeto del ataque y eventual violencia de delincuentes?
Esto, hay que decirlo, es imposible. El Estado no puede garantizar la inexistencia del delito. Ni para los taxistas, ni para nadie.
Lo que puede hacer es prevenir, combatir, y castigar con la ley en la mano.
Es hora que empecemos a respetar la ley, también cuando hemos sufrido en carne propia el ataque impiadoso de la violencia y el crimen.
No hacerlo, equivale a igualarnos con los criminales.
Rubén Boggi
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