Por medio de la presente nota como trabajadores que intervenimos en situaciones sociales complejas queremos hacer pública la preocupación que tenemos sobre los niños y jóvenes de los barrios de nuestra ciudad que se encuentran atravesando procesos continuos de vulneración de sus derechos, quedando expuestos a situaciones que ponen en peligro sus vidas.
Desde hace varios años nos organizamos entre las instituciones estatales y organizaciones de la sociedad civil a fin de optimizar nuestro trabajo, entablar estrategias en conjunto y llevar a cabo acciones a tiempo para atender las problemáticas sociales donde la población infanto-juvenil se encuentra expuesta a situaciones de precariedad y des protección.
Desde este acompañamiento a las familias en territorio y de la intensa tarea que se sostiene a través del trabajo inter institucional observamos cómo las situaciones de violencia familiar y social revisten cada vez más complejidad y gravedad.
El respeto y el cuidado de derechos de los niños, inevitablemente nos lleva a la responsabilidad de los adultos, de todo adulto que se cruza por la vida de ese niño, pero más aún de los actores que aparecen cuando los mayores de la familia, sea cual fuere el motivo no pueden o no saben ejercer ese cuidado.
Cuanto más responsabilidad implica entonces ejercer la función provincial y local del cuidado de la infancia.
Entendemos que el estado cuenta con un órgano de protección para esta población que se ampara en la ley Provincial (N* 4.109) y Nacional N* 26.061) de Protección de los Derechos Integrales de la Infancia y Adolescencia, a través del Ministerio de Familia de la Provincia de Río Negro.
Desde diversas estrategias se ha intentado continuamente articular las acciones con las autoridades responsables de este organismo, de las cuales hay registro escrito, que dice pretender abordar desde su especificidad la situación de los niños, jóvenes y sus familias. A la fecha nos encontramos evaluando estos intentos de articulación y coordinación de acciones con una profunda sensación de impotencia ya que ante situaciones graves donde evaluamos que urge la intervención de las instancias responsables a fin de dar una respuesta a nuestra solicitud el órgano del estado NO DA RESPUESTA o la misma es iatrogénica e ineficiente. Así mismo, se ignoran los informes y evaluaciones técnicas realizadas en territorio por los profesionales, avalados con una matrícula otorgada por el Ministerio del Interior, trabajando y denunciando diversas situaciones; tampoco se observa una presencia continua con aquellos niños o jóvenes que en situación de emergencia requieren del cuidado institucional correspondiente y no se tienen en cuenta aquellas situaciones que requieren ser atendidas con celeridad y urgencia por comprometer la salud psico-social y la vida de niños o jóvenes.
Consideramos que las acciones no pueden depositarse únicamente en la buena voluntad o criterio de los trabajadores quienes a su vez, desempeñan su labor en condiciones laborales que no son las adecuadas y afrontando una compleja realidad institucional que no desconocemos.
Observamos que desde las autoridades de los organismos gubernamentales que DEBEN dar respuesta a las problemáticas con acciones concretas, se plantea la escasez de recursos humanos y materiales como justificativo ante la ausencia de las mismas. Esta situación opera permanentemente como obstaculizador de la tarea de las instituciones que trabajamos directamente en el territorio. La falta de recursos de todo tipo ha sido y es denunciada reiteradamente por los trabajadores, pero consideramos también que existen muchas acciones planteadas concretamente en el marco de Los Derechos del Niño y que es responsabilidad indelegable de garantizar del Estado. Por lo tanto, aquellos cuyo trabajo y por consiguiente OBLIGACIÓN ES ACTUAR no deberían responder siempre desde la aceptación y/o naturalización de la imposibilidad.
¿Cuál es la política provincial hacia nuestros niños y jóvenes? ¿Qué fundamentos y acciones la sustentan?
Por todo lo expuesto, afirmamos que es necesario e imprescindible que el órgano que debe llevar a la práctica el cumplimiento de la ley anteriormente mencionada, es quién tiene que aunar las líneas de acción desde la interdisciplina e interinstitucionalidad bajo criterios técnicos que no se superpongan, con la posibilidad de tener el acompañamiento idóneo y con formación y mirada técnica pertinente.
En la medida que no existan cambios y respuestas al respecto, las instituciones y quienes formamos parte de ella, seguiremos siendo testigos activos de nuevas muertes de niños, niñas y adolescentes, todas ellas evitables, y consecuencias de negligencia e inoperancia a la hora de aplicar la Ley de Protección de los Derechos de la Infancia y Adolescencia.
INTERINSTITUCIONAL 34 HECTÁREAS
CAAT N. 9 PROMOCIÓN SOCIAL MUNICIPALIDAD S. C. DE BARILOCHE.
CENTRO DE SALUD 34 HECTÁREAS.
ESCUELA 343 ¨INAYEN¨
ESCUELA NUESTRA SEÑORA DE LA VIDA
JARDÍN MUNDO NUEVO
ESCUELA TALLER ANGELELLI
COLEGIO AITUÉ
FUNDACIÓN PETISOS
ESPACIO COMUNITARIO DE INTEGRACIÓN SOCIAL ¨ECIS¨ BARILOCHE
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