Opinión:
Por Dr. Marcelo Pérez Peláez*
El relato oficial no condice con lo que está sucediendo en nuestro país. El aumento de la criminalidad es notorio, pese a que desde la dirigencia política intente expresarse que esto es una sensación instalada desde los medios de comunicación o que en comparación con otros países latinoamericanos, el índice de delitos en la Argentina es escaso. Durante el 2011 la economía creció un 8,8%, según lo expone el Indec, en tanto que estudios realizados en el mismo año el 33 por ciento de los hogares argentinos fue víctima de al menos un delito. De cada 100 hogares, 22 sufrieron al menos un robo con violencia.
Los números de un estudio de la Universidad Torcuato Di Tella parecen ser muy contradictorios con los datos alentadores respecto al crecimiento económico y social de nuestro país. La mayoría de nosotros ha sufrido en carne propia los estragos del delito y pareciera que comenzamos a acostumbrarnos a vivir en la indefensión y el azar que provoca el hecho de salir de nuestras casas y no saber si regresaremos sanos y salvos. Ni siquiera nos sentimos a resguardados en nuestros hogares, verdaderas fortalezas con rejas, alambres de púa, perros y sirenas ululantes. Lo que nos sucede como sociedad es que el encargado de elaborar el orden de prioridades de persecución criminal pareciera tener una visión muy distorsionada de la realidad. El punto más flaco del gobierno de Cristina es la falta de una política que defienda al individuo frente a una sociedad que se ha tornado violenta en extremo. Dicho de otro modo, pareciera que se persiguen sólo los delitos de índole económica o que puedan afectar las arcas del Estado. Un claro ejemplo de ello está dado en las crónicas policiales del día sábado 18 de febrero de 2012. Un perro de la AFIP impidió que 110.000 dólares salgan del país, pero ningún mecanismo estatal de seguridad pudo impedir la muerte del titular de la Unión Cívica Radical (UCR) de Zárate en manos de delincuentes que intentaron robarle. El mismo día también se publica la liberación de un joyero de Capital, que de no haberse autodefendido, estaría en el obituario del fin de semana. Está claro que al gobierno le preocupa más la fuga de capitales que la muerte de los ciudadanos como consecuencia de hechos delictivos. Ello sin dejar de lado que estamos cayendo en el círculo vicioso de aplicar sumas enormes de dinero que se desvían de fondos para la educación, la salud y contención social de quienes terminan cometiendo más y más delitos. Surge entonces la imperiosa necesidad de la elaboración de un “plan de política criminal” que contemple las necesidades de todos los sectores sociales y políticos, más allá de los intereses del gobierno de turno. En dicha elaboración deberían intervenir instituciones educativas, relacionadas con la minoridad y con el trabajo social. El replanteo de la legislación criminal, códigos procedimentales, leyes penitenciarias es una necesidad derivada del cambio de épocas. No basta con cámaras de seguridad en las calles o con discursitos demagogos para ser coherentes con la idea del criminalista Waller “Duro con el delito, pero también, duro con sus causas”. Argentina es un país violento producto de la iniquidad social y la falta de distribución de la riqueza. También lo es porque el Estado nos deja en estado de indefensión constante frente al delito cotidiano. Alguna vez nuestro pueblo tuvo la “obligación de armarse en defensa de la patria”, según recepta nuestra Constitución Nacional en el artículo 21. Esperemos que la próxima reforma, más allá de asegurarle un periodo más a la presidente, no incluya un deber ciudadano de “armarse en defensa de la vida”.
Los números de un estudio de la Universidad Torcuato Di Tella parecen ser muy contradictorios con los datos alentadores respecto al crecimiento económico y social de nuestro país. La mayoría de nosotros ha sufrido en carne propia los estragos del delito y pareciera que comenzamos a acostumbrarnos a vivir en la indefensión y el azar que provoca el hecho de salir de nuestras casas y no saber si regresaremos sanos y salvos. Ni siquiera nos sentimos a resguardados en nuestros hogares, verdaderas fortalezas con rejas, alambres de púa, perros y sirenas ululantes. Lo que nos sucede como sociedad es que el encargado de elaborar el orden de prioridades de persecución criminal pareciera tener una visión muy distorsionada de la realidad. El punto más flaco del gobierno de Cristina es la falta de una política que defienda al individuo frente a una sociedad que se ha tornado violenta en extremo. Dicho de otro modo, pareciera que se persiguen sólo los delitos de índole económica o que puedan afectar las arcas del Estado. Un claro ejemplo de ello está dado en las crónicas policiales del día sábado 18 de febrero de 2012. Un perro de la AFIP impidió que 110.000 dólares salgan del país, pero ningún mecanismo estatal de seguridad pudo impedir la muerte del titular de la Unión Cívica Radical (UCR) de Zárate en manos de delincuentes que intentaron robarle. El mismo día también se publica la liberación de un joyero de Capital, que de no haberse autodefendido, estaría en el obituario del fin de semana. Está claro que al gobierno le preocupa más la fuga de capitales que la muerte de los ciudadanos como consecuencia de hechos delictivos. Ello sin dejar de lado que estamos cayendo en el círculo vicioso de aplicar sumas enormes de dinero que se desvían de fondos para la educación, la salud y contención social de quienes terminan cometiendo más y más delitos. Surge entonces la imperiosa necesidad de la elaboración de un “plan de política criminal” que contemple las necesidades de todos los sectores sociales y políticos, más allá de los intereses del gobierno de turno. En dicha elaboración deberían intervenir instituciones educativas, relacionadas con la minoridad y con el trabajo social. El replanteo de la legislación criminal, códigos procedimentales, leyes penitenciarias es una necesidad derivada del cambio de épocas. No basta con cámaras de seguridad en las calles o con discursitos demagogos para ser coherentes con la idea del criminalista Waller “Duro con el delito, pero también, duro con sus causas”. Argentina es un país violento producto de la iniquidad social y la falta de distribución de la riqueza. También lo es porque el Estado nos deja en estado de indefensión constante frente al delito cotidiano. Alguna vez nuestro pueblo tuvo la “obligación de armarse en defensa de la patria”, según recepta nuestra Constitución Nacional en el artículo 21. Esperemos que la próxima reforma, más allá de asegurarle un periodo más a la presidente, no incluya un deber ciudadano de “armarse en defensa de la vida”.
* Abogado, colaborador de Agencia País
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