Trabas al libre acceso a la información

Nombramientos, compras, bajas y altas de personal y firmas de contratos son acciones de gobierno que deben ser públicas, pero su difusión no está reglamentada en la provincia y la ciudad.

Ante la falta de normas que regulen los términos en los que se deben publicitar los actos de Estado, acceder a ellos es un proceso complejo.

Por fallas en las estructuras y por decisión de los distintos organismos que componen el Estado, la publicidad de los actos de gobierno no está garantizada en la provincia. Decretos que no se publican, boletines oficiales que se retrasan y expedientes que contienen decisiones administrativas pero a los que no es posible acceder conforman un escenario común, ya sea en el ámbito municipal como en el provincial.

El derecho a contar con información sobre las decisiones que se toman en el Estado abarca a toda la ciudadanía. Cualquier persona debería poder acceder a leyes, decretos, resoluciones y normas intermedias o menores. Estas últimas son las que en el día a día pesan al momento de realizar compras o contratar servicios o personal, en cualquiera de sus modalidades.

A las leyes provinciales u ordenanzas municipales, más tarde o más temprano, es posible acceder sin mayores dificultades a través de Internet, en los sitios web de la Legislatura, del Tribunal Superior de Justicia y del Concejo Deliberante. Para el resto de las normas intermedias, desde decretos del Poder Ejecutivo hasta resoluciones de ministerios, secretarías o subsecretarías, el camino es mucho más complejo.

La Municipalidad

Los decretos municipales, en el caso de la ciudad, son publicados en forma completa junto al boletín oficial. Este documento se hace público, por Internet o para quienes lo soliciten en la Municipalidad, pero esto ocurre con retrasos de hasta un mes respecto del momento en que se toman las decisiones. Así es que recién en los primeros días de enero se publicó el pase a planta permanente de una parte de la planta política de la anterior gestión, en simultáneo con la revocación que firmó el intendente Horacio Quiroga para dar marcha atrás con la medida. Con los nombramientos de la nueva gestión pasó lo mismo: recién el jueves se publicaron los decretos firmados en los primeros días de enero.

Más allá de las implicancias políticas, ambos casos reflejan las dilaciones con las que cualquier interesado puede verificar, por ejemplo, quienes forman parte de un equipo de gobierno.

En enero hubo un cambio: ya no es necesario estar subscripto a la distribución del boletín, ya que se lo incorporó a la página de Internet del municipio.

Concejo Deliberante

A partir de una ordenanza aprobada a finales de 2010, el portal de Internet del Concejo Deliberante de Neuquén debía reflejar toda la información relacionada con la participación de los concejales en las sesiones y comisiones y el estado de tratamiento de los expedientes. Fue presentada por el Mario Pilatti, del MPN, pero logró el respaldo unánime del cuerpo. Se la llamó “ordenanza de transparencia legislativa” y, cumplidos los plazos, se aplicó tibiamente: aparecieron datos sobre las discusiones en las comisiones y se reactivó el digesto con las normas en vigencia, pero nunca se detalló la participación de los concejales en las comisiones y sesiones, cuando las ausencias son objeto de duras penas que incluyen la destitución.

Decretos y resoluciones

En el caso del gobierno provincial, el boletín oficial se publica todos los viernes, pero sólo contiene un resumen de los decretos, lo que ya genera dificultades para distinguir la información que contienen. Para acceder a los textos completos hay que pedirlos por vía electrónica o personalmente en Casa de Gobierno, aunque el trámite no siempre es posible. Muchos decretos no son publicitados y quedan en el ministerio de origen. Otros, directamente, se publican con meses de diferencia respecto de la fecha en que fueron firmados -hay casos que superan el año-, lo que provoca saltos en la numeración del boletín oficial y dificulta la búsqueda en caso que se intente buscar una norma según su numeración. Pero incluso cuando figuran en el boletín oficial, en muchas oportunidades se niega su entrega.

El caso de las resoluciones ministeriales es más complejo, y acceder a ellas depende, en todos los casos, de la autorización de la autoridad a cargo.