Dijo, además, que es erróneo cuando pretende cubrir y esconder el crimen detrás de objetivos políticos de justicia y libertad.
Neuquén El comunicado presuntamente emitido por el Frente Patriótico Manuel Rodríguez y el Movimiento de Izquierda Revolucionaria de Chile, agrupaciones que se adjudicaron la responsabilidad política del homicidio del policía José Aigo, provocó ayer el repudio del gobernador Jorge Sapag en todos sus términos, mientras se sigue la búsqueda incesante para dar con los dos hombres que permanecen prófugos: Alexis Alfredo Cortez Torres y Jorge Antonio Salazar Oporto, apodado “Yaya”.
Sobre éste recae la fuerte sospecha de haber sido quien ultimó al sargento ayudante. Inicialmente fue identificado como Juan Carlos, alias el Chino, y la Justicia chilena lo buscaría también por la comisión de graves y similares delitos en ese país.
“No es cierto que el asesinato de José Eduardo Aigo tuvo lugar en un enfrentamiento en legítima defensa personal y en igualdad de condiciones. La muerte de Aigo se produce como consecuencia de un homicidio cobarde y alevoso, con dos disparos a sangre fría por la espalda y en forma sorpresiva e inesperada”, sostuvo el mandatario provincial, a través de un comunicado oficial.
También consideró que “es erróneo cuando pretende cubrir y esconder este cobarde y salvaje homicidio detrás de objetivos políticos de justicia y libertad. No se puede justificar esta muerte alevosa y traidora tras una supuesta militancia que en forma artera y cobarde produjo una muerte que hoy llora el pueblo neuquino, la institución policial, la comunidad mapuche y su familia sobre la tumba de José Aigo en la costa del Malleo”.
La muerte de Aigo, agregó, tiene lugar “en cumplimiento del deber, en forma heroica”. Reiteró que recibió dos balazos por la espalda y que el presunto autor no le dio alternativa alguna, ya que “José siempre tuvo su arma enfundada”.
Su muerte ocurrió en horas de la madrugada del pasado 7 de marzo, cuando en un procedimiento de tránsito rural sobre la Ruta Provincial Nº 23, en la cuesta de Pilo Lil, Aigo y el oficial Pedro Guerrero detuvieron una camioneta e identificaron a su conductor y propietario, Juan Marcos Fernández, hijo del intendente de Junín de los Andes. Luego y ante la actitud sospechosa de los dos hombres que viajaban con él- identificados como Cortez Torres y Salazar Oporto- los policías les solicitaron que descendieran del vehículo para verificar su interior.
Mientras Aigo observaba el interior del vehículo, Salazar le habría efectuado dos disparos de arma de fuego por la espalda que terminaron con su vida. El oficial Pedro Guerrero repelió rápidamente la agresión, pero el presunto asesino y su cómplice se dieron a la fuga, internándose en la zona cordillerana, lugar donde son intensamente buscados. Al parecer, pretendían cruzar desde Argentina a Chile por territorio neuquino, a través de un paso no habilitado y de manera clandestina e ilegal.
Por eso, Sapag afirmó que el comunicado -emitido por supuestos grupos guerrilleros de origen chileno- resulta erróneo en la pretensión de “convertir a los dos prófugos, asesino y cómplice, en víctimas de una cacería humana. Se trata sencillamente del despliegue de las fuerzas de la ley, de la justicia, de la democracia, del estado de derecho, del gobierno legítimo del pueblo y de las instituciones republicanas” de la Provincia y la Nación.
Advirtió, además, que “ningún delincuente o grupo de delincuentes puede pretender escudarse o esconderse detrás de denominaciones o supuestas organizaciones políticas o guerrilleras, para encubrir su calidad de tales. Se trata lisa y llanamente de transgresores a la ley; sea que trafiquen drogas, dinero, armas o que se dediquen a distintas actividades que alteran la paz, los derechos y garantías fundamentales de la democracia”.
De esta manera, se lee en el escrito emitido por el Ejecutivo, "respondemos a las mentiras del comunicado con la verdad, en nombre del legítimo gobierno de la democracia y de la verdadera representación de su pueblo".
Mientras, se disponen recursos humanos, tecnológicos y de apoyo logístico para dar con los dos prófugos. “Es nuestro deseo que se entreguen pacíficamente, deponiendo sus armas y el arma asesina, para ser detenidos por el gobierno de la democracia y ser puestos en manos de la justicia con todas las garantías y derechos constitucionales que les asisten. Si detentan el apoyo legítimo de su pueblo criollo y mapuche lo hagan en el marco de la democracia que otorga estos derechos y garantías a todos y cada uno, incluso a los más salvajes y arteros criminales”, finalizó.
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