Una organización no gubernamental de Chile quiere que se aclare la situación de los evadidos.
La Corporación de Promoción y Defensa de los Derechos del Pueblo (Codepu) de Chile interpuso el miércoles pasado un recurso de amparo en contra del Ministerio del Interior y en favor de Alexis Cortés Torres y Jorge Antonio Salazar Oporto, los dos prófugos por el asesinato del sargento Ayudante José Eduardo Aigo, ocurrido el 7 de marzo en cercanías del paraje Pilo Lil.
Según un comunicado publicado en el sitio web oficial de la agrupación, el objetivo es buscar que se aclare la situación real en la que se encuentran los dos chilenos evadidos, uno de los cuales está sindicado como el autor de los disparos que mataron al policía neuquino.
La abogada Alejandra Arriaza Donoso, secretaria ejecutiva de Codepu, presentó la acción judicial en la Corte de Apelaciones de Santiago en la que también solicita informes de Carabineros, Policía de Investigaciones (PDI) y del Ministerio de Relaciones Exteriores del vecino país.
“Tememos por la vida y la seguridad de ellos. No hay informaciones y existe una condena previa sobre ellos, la que se ha visto reflejada en diversos medios de comunicación tanto nacionales como extranjeros”, expresó la letrada en el comunicado.
Sostiene además que “no hay garantías, no existe un debido proceso, hay orden de captura internacional que recae sobre ellos y, para colmo, el gobierno de Neuquén puso precio a su captura”.
“Tememos que estén detenidos en forma ilegal, motivo por el cual es necesario hacer el trámite legal”, afirmó Arriaza Donoso.
La Codepu es una organización no gubernamental de Chile fundada durante la dictadura militar, el 8 de noviembre del año 1980, con el propósito de asistir a las víctimas de violaciones a los derechos humanos y sus familiares en su lucha contra la impunidad.
Luchino, a cargo
La causa que investiga el asesinato del sargento ayudante de la Policía neuquina, José Aigo, pasó a manos del juez de Primera Instancia en lo Civil, Comercial y de Minería N° 2, Andrés Luchino.
El traspaso se debió a que el magistrado actuante, Joaquín Cosentino, que subroga al juzgado Instrucción de Junín de los Andes, se tomó una licencia por quince días por motivos personales.
La causa está virtualmente estancada debido a que aún no se pudo dar con los autores del crimen, quienes son intensamente buscados por patrullas policiales, de Gendarmería Nacional y de la Prefectura Naval Argentina; lo mismo que del otro lado de la cordillera por el cuerpo de Carabineros de Chile, ya que se libró una orden de captura internacional.
En estos momentos los rastrillajes se sitúan en la zona del paraje Chiquilihuin como así también en el área de Ñorquinco y Ruca Choroy, en cercanías de Aluminé, a partir de datos brindados por testigos ocasionales que dicen haber visto a dos personas que guardarían similitud con las imágenes de los evadidos que se dieron a conocer.
El juez Luchino ya intervino en la causa y dictó el procesamiento de Juan Marcos Fernández, quien conducía la camioneta en la que viajaban los ahora prófugos, por falso testimonio, lo mismo que a su esposa Analía Godoy, cuando se presentaron a prestar declaración indagatoria en los Tribunales de Junín de los Andes días después de ocurrido el asesinato del policía.
No hay comentarios:
Publicar un comentario