En un comunicado de prensa achaca responsabilidades a Nacion Y Provincia y pido julio al Juez Cosentino.
Si algo faltaba para homologar la existencia de un estado de desprotección de la sociedad neuquina,
lo aporto la reciente decisión de la Cámara de Apelaciones en lo Criminal integrada por los jueces Trincheri, Rimaro y Varessio, apartando de la investigación del asesinato del Sargento Aigo, al juez Joaquin Cosentino.
Es que el fracaso que hasta el momento ha tenido el Estado neuquino en esta investigación, a través de su poder judicial y la fuerza de seguridad oficial, desnuda la fragilidad e ineficiencia que esta estructura debe tener, para que todos los neuquinos nos sintamos protegidos, seguros y confiados en que el delito y sus ejecutores no se erijan en elementos de dominación y sometimiento.
Pero ya está claro que el delito y sus ejecutores -de todo tipo y condición social- están ganando la batalla; y esta situación no es nueva. La vivimos y sufrimos desde hace muchos años.
El crímen del sargento Aigo, excede las características de un delito común, por afectar a un miembro de una fuerza de seguridad y por las connotaciones políticas que inmediatamente rodearon al hecho, al conocerse los encuadramientos familiares, sociales e ideológicos de los involucrados.
Por eso requería un accionar especial de los organismos responsables de la investigación y sanción.
Pero a casi dos meses de ocurrido está claro que el juez actuante tuvo una actitud displicente, parcial o desnudó una alarmante incapacidad para desempeñarse en una función tan delicada.
Su separación de la causa, si bien imprescindible, no alcanza para reparar el daño provocado, porque es un precepto indiscutido en términos judiciales, que lo que no se hace o se hace mal en los primeros pasos de una investigación, generalmente conducen a un fracaso al procedimiento en general.
El gobierno provincial, a su vez, si bien hizo mucho ruido al principio con el involucramiento de las principales figuras del Poder Ejecutivo, tambien ha fracasado y de las medidas de apoyo originales solo queda el sacrificado trabajo de persecusión de fugitivos fantasmales, y la oferta de recompensa a quien suministre datos sobre aquellos.
El gobierno nacional, por su lado, tambien tiene su parte de responsabilidad, por la demora en prestar apoyo a la justicia provincial y por el abandono evidente -situación compartida con la provincia- que hace de zonas de frontera, en donde hay señales claras de que hay libertad e impunidad para hacer lo que a cualquiera se le ocurra. Hasta para establecer aguantaderos de prófugos de otros países.
La CC-Ari, a través de sus representantes parlamentarios y su conducción partidaria, ha seguido con preocupación el desarrollo de estos acontecimientos, desde el principio.
Es la primera vez que expresamos nuestro pensamiento en forma pública, porque evitamos hacerlo antes para no sumar contaminación a una causa que se contaminó política-partidariamente desde pocas horas despues de consumarse el crímen.
Pero seguir callando, ayudaría para que este caso se encaminara hacia el olvido y la impunidad.
Por eso, exigimos al Estado nacional y provincial que vuelquen todos los recursos disponibles para que este crimen se resuelva lo antes posible; que el juez Consentino sea sometido a enjuiciamiento sobre la base de las argumentaciones utilizadas por la Cámara Civil para separarlo de la investigación, como lo planteò nuestra diputada Beatriz Kreitman en la última sesión ordinaria de la Legislatura Provincial; que el nuevo juez que se hace cargo de la causa y los fiscales actuantes, estén rodeado de todas las garantías para desarrollar su tarea con seriedad y sin otras presiones que las que surgen de su responsabilidad y compromiso para resolver este crimen.
Neuquen, 24 de mayo de 2012
Ricardo Villar – Sergio Perez y Marita Stagnaro. Presidente y vicepresidentes
Junta Provincial CC-Ari Neuquen
