El presidente de la Corporación Minera del Neuquén (Cormine), Martín Irigoyen, aseguró que la empresa minera estatal impugnará el referéndum que se realizará mañana en Loncopué, donde se votará a favor o en contra de la explotación minera a cielo abierto.
"Es muy grave que se lleve adelante una elección sin respetar el Código Electoral Provincial", dijo. Además, señaló que los ojos de Cormine estarán verificando la legalidad de todo el proceso: "Ya tenemos conocimiento de algunas irregularidades".
El referéndum se habilitó automáticamente luego de que la Sala Procesal Administrativa del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) rechazara la medida cautelar que presentó hace un mes Cormine, quien intentó suspenderlo.
Irigoyen manifestó que, como no fue notificado de la resolución, fue él mismo ante las oficinas judiciales a recibirlo. La empresa estatal ya presentó el pedido de nulidad a la resolución del TSJ y presentó una recusación por la participación del vocal Guillermo Labate en esa decisión.
Áreas
En conversación con este medio, el presidente de la empresa señaló que Loncopué es una zona de gran valor para Cormine porque hay 6 áreas en etapa de exploración.
"Tienen potencial, no sabemos si hay proyectos explotables ahí, pero si sale esta ordenanza tampoco lo podremos saber y no vamos a gastar millones en exploración sin sentido", manifestó Irigoyen.
La empresa estatal pidió la nulidad de la resolución porque se modificó la integración de la Sala Procesal Administrativa sin informársele a las partes. "Antes estaba integrada por Darío Moya, Ricardo Kohon y Oscar Massei pero la resolución la firmó Massei con Antonio Labate. Si hubiéramos sabido de su participación lo recusábamos antes", agregó.
Rechazo
El TSJ rechazó la medida cautelar solicitada por Cormine porque el tiempo para expedirse -frente a la convocatoria del referéndum de mañana- era muy poco y el procedimiento necesitaba más amplio debate y prueba.
Por otra parte, más allá de la discusión de fondo, desde el gobierno resaltaron que el referéndum no es vinculante. Así lo establece el Artículo 311 de la Constitución provincial, que señala que "los municipios pueden convocar a consulta popular no vinculante sobre decisiones de sus respectivas competencias".
