Lo afirmaron ayer, durante una visita a San Martín, los familiares del policía asesinado. Creen que existen organizaciones clandestinas a uno y otro lado de la cordillera de los Andes.
Familiares del policía José Aigo, abatido en el paraje Pilo Lil en marzo, fueron recibidos ayer por el pleno del Deliberante de esta ciudad y entregaron un petitorio en el que piden a las instituciones políticas que se pronuncien y colaboren con la investigación de "células guerrilleras que operan en nuestra Patagonia".
La presencia de los deudos de Aigo creó al mismo tiempo una fuerte discusión interna en el bloque del Frente para La Victoria, que tendría consecuencias políticas en la integración futura de ese cuerpo.
El joven Juan Marcos Fernández, propietario y conductor de la camioneta en la que se desplazaban los ciudadanos chilenos Jorge Antonio Salazar Oporto y Alexis Cortés Torres, es hijo de intendente de San Martín de los Andes y está imputado como partícipe del crimen y encubridor.
Según publicaciones chilenas, Salazar Oporto resultó ser miembro de una organización clandestina originada en ese país, que reivindica la lucha armada. También era buscado desde hace varios años en su país por agresiones y enfrentamientos con carabineros.
Salazar Oporto fue el autor material de los disparos que acabaron con la vida del policía, y hasta esa momento tenía residencia en Mallín Ahogado, en una chacra vecina a la del joven hijo del intendente de San Martín.
El jefe municipal no se encontraba ayer en la localidad debido a diversas gestiones en Buenos Aires, por lo que los Aigo fueron recibidos por el presidente del Concejo e intendente a cargo, Julio Obeid, en una reunión a puertas cerradas que se realizó tras la presentación de la familia ante lo ediles.
Precisamente, la actitud de Obeid de atender a los Aigo fue el colofón de un enfrentamiento que terminaría por partir el bloque del Frente para la Victoria (ver nota aparte).
El escrito entregado por la familia de Junín de los Andes, solicita a las autoridades sanmartinenses que "se pronuncien con preocupación y en contra del crecimiento de células guerrilleras en Patagonia, y así trabajar para evitar su desarrollo".
Los Aigo fueron invitados a la sesión de ayer por el concejal del vecinalismo, Alberto Bruno, quien desde el primer momento de ocurrido el crimen se acercó a l vecina ciudad de Junín de los Andes para ofrecer su colaboración y respetos a los deudos.
El documento de Los Aigo puntualiza que "si bien el hecho sucedió en el departamento Huiliches (con cabecera en Junín de los Andes), indirectamente afecta a San Martín de los Andes, ya que los asesinos de nuestro familiar recorrían la zona, muchas veces refugiándose en esta ciudad".
La nota, al igual que la presentada semanas atrás en el Deliberante de Junín de los Andes, repudia la intervención del juez Joaquín Cosentino, ya apartado de la causa por supuesta falta de garantías de imparcialidad en su trato con el ahora imputado Juan Marcos Fernández, a quien consideraba un testigo de la causa.
En diálogo con este diario, Aldo Aigo, hermano del policía abatido, dijo que la familia no tiene dudas de la existencia de organizaciones clandestinas que operan a ambos lados de la cordillera, con apoyo logístico en nuestra región.
Al mismo tiempo, desestimó las versiones que indican que Salazar Oporto y Cortés Torres ya habrían evadido el cerco policial, que los busca desde el 7 de marzo.
"Estoy convencido de que son maniobras para desviar la atención y hacer caer la búsqueda.
Por eso nosotros decimos que hay que seguir adelante, y que todos los sectores deben pronunciarse y por eso hoy hemos venido al Concejo Deliberante de San Martín.
Los Aigo, constituidos en querellantes en la causa de homicidio a través de la viuda, Graciela Soto, sostienen que Juan Marcos Fernández es la clave del caso, y que tenía perfecto conocimiento de los movimientos de los ahora prófugos.
