“El reclamar ante las autoridades del Estado es un derecho constitucional que debe garantizarse a todos los habitantes. Este derecho debe ejercerse en el marco de la ley y sin que ese ejercicio afecte los derechos del resto de los ciudadanos”, explicaba la agrupaciĆ³n.
“El accionar de grupos o sectores de la sociedad que bajo el amparo de “peticionar” buscan imponer por la fuerza sus pretensiones mediante corte de rutas, piquetes, y otras medidas similares, genera conflictos severos alterando la convivencia de todos los habitantes que pasan a depender de la voluntad ilegal de terceros”. Por Ćŗltimo, argumentaron que este accionar por parte de los empleados municipales perjudican su actividad econĆ³mica: “no es de menor importancia las consecuencias econĆ³micas derivadas dado que impiden el desarrollo de las actividades, situaciĆ³n que tiene su mayor consecuencia sobre las pequeƱas y medianas empresas y que por ende tambiĆ©n tiene repercusiĆ³n en el sector del empleo”.
Desde la entidad entienden que “es necesario que se recupere el dialogo, el sentido comĆŗn y el respeto a la sociedad y a los ciudadanos, y exhortamos al Estado a restaurar el derecho a la libre circulaciĆ³n de bienes y personas consagrado por la ConstituciĆ³n Nacional”.