Si bien siempre ha sido evidente que a la presidenta Cristina
Fernández de Kirchner no le gusta para nada el disenso, ya que raramente
vacila en descalificar en público a quienes se animan a criticar su
gestión, de por sí los cruces meramente verbales que con cierta
frecuencia protagoniza no plantean un peligro a la libertad de
expresión. Por desgracia, no se puede decir lo mismo de su forma de
poner en su lugar al empresario inmobiliario Jorge Toselli. Por cometer
el crimen de señalar –en el diario porteño "Clarín", nada menos– que a
consecuencia de la política pesificadora que está impulsando el gobierno
cayeron abruptamente las ventas de propiedades, lo que de todos modos
era ampliamente conocido, la presidenta aprovechó la cadena nacional de
radio y televisión para denunciarlo como un evasor impositivo ya que,
según la AFIP, su empresa no había presentado una declaración jurada
desde el año 2007. Que éste haya sido el caso es sin duda lamentable,
pero aún más preocupante que la presunta conducta del empresario es la
voluntad de Cristina de emplear la información que le suministró la AFIP
para silenciar de tal manera a un personaje que la ha incomodado.
Aunque la presidenta no violó ninguna ley, ya que los datos
correspondientes a las declaraciones juradas no presentadas no se ven
alcanzados por el secreto fiscal, nadie ignora que lo que indignó a la
presidenta no fue el descubrimiento de un evasor más sino el hecho de
que Toselli había criticado una medida gubernamental. ¿Lo hubiera
denunciado igual de haber escrito el hombre un artículo periodístico
para alabar el manejo de la economía por el gobierno? Desde luego que
no; como el vicepresidente Amado Boudou podría confirmar, cuando de
oficialistas se trata la presidenta y sus colaboradores suelen minimizar
la importancia de sus eventuales deslices financieros.
Es de suponer que en el caso del empresario inmobiliario los
hechos esgrimidos por el gobierno son verídicos, pero, por ser tan
ineficientes y, según muchos, tan corruptas las diversas reparticiones
del Estado, entre ellas la AFIP, no extrañaría en absoluto que en
ocasiones personas deseosas de congraciarse con la presidenta cayeran en
la tentación de inventar datos, o de tergiversarlos, con el propósito
de desprestigiar a quienes no comulgan con el oficialismo actual,
acusándolos de no abonar todos sus impuestos y otras irregularidades. Al
fin y al cabo, el que la información contenida en las declaraciones
juradas de Cristina misma se haya visto puesta en duda por sus
adversarios debería de servir de advertencia para los militantes
oficialistas, ya que dentro de la AFIP habrá funcionarios que, por los
motivos que fueran, podrían aprovechar su acceso a datos que algunos no
quisieran ver difundidos para anotarse puntos en la interna peronista.(Leer en más información)
De más está decir que el gobierno de Cristina no es el primero en
perseguir a disidentes en base a infracciones, comprobadas o
sospechadas, movilizando con tal motivo a ejércitos pequeños de
inspectores sanitarios y especialistas en leyes impositivas. En nuestro
país, las maniobras de este tipo son tradicionales, sobre todo cuando
están en el poder políticos de instintos autoritarios. He aquí la razón
por la que han protestado contra lo que ven como un abuso escandaloso de
poder no sólo diversos políticos opositores que, un tanto
exageradamente, acusan al gobierno de usar tácticas parecidas a las de
la Gestapo nazi, sino también los miembros de la Asociación de Entidades
Periodísticas Argentinas (Adepa), que entienden muy bien que lo que
está en juego es la libertad de expresión. Como ya es notorio, con
escasas excepciones los empresarios son reacios a decir lo que realmente
piensan del rumbo que ha tomado la economía nacional por miedo a ser
blancos de un "escrache" presidencial seguido, tal vez, por una campaña
de persecución. Por supuesto que el clima de intimidación así creado no
contribuye en absoluto a reducir el riesgo de que la recesión que ya se
ha iniciado se profundice mucho en los meses próximos. Antes bien,
siembran alarma entre los agentes económicos que, como es natural, ven
en la conducta del gobierno señales de que sencillamente no sabe qué
hacer a fin de prolongar el período de crecimiento y que por lo tanto
está procurando amordazar a quienes quisieran llamar la atención a los
problemas que afectan a todos.
