JUNÍN DE LOS ANDES (ASM).- Para Aldo
Aigo, hermano del policía asesinado el pasado 7 de marzo y por cuyo
crimen están prófugos los chilenos Alexis Cortés Torres y Jorge Antonio
Salazar Oporto, "en la región operan grupos guerrilleros" que se
mimetizan tras la fachada de otras organizaciones políticas y sociales. A
cinco meses del sangriento hecho ocurrido en el paraje Pilo Lil, dijo
que "lo único que tenemos los familiares es una sensación de gran
impunidad". (Leer en más información)Ayer se realizó una "jornada de reflexión" y una misa por la memoria del sargento, que culminó al caer la noche con una marcha hasta Tribunales, donde se encendieron velas para pedir justicia por el policía caído en cumplimiento del deber.
Cortés Torres y Salazar Oporto, este último autor de los disparos, son sindicados como miembros de organizaciones sediciosas que operan en Chile y reivindican la lucha armada.
Aldo Aigo dijo estar seguro, tras "la investigación que hemos venido realizando", que hay en la región patagónica "personas que son buscadas en Chile y que forman parte de organizaciones guerrilleras, que tienen apoyo muy bien armado de este lado".
Interpretó que "hay verdad" en los dichos del ministro Leandro Bertoya, quien días atrás, en el marco de las disputas por la aplicación de la nueva ley de Bosques, dio a entender que en la zona hay personas que apoyan la creación de una suerte de "nación mapuche" independiente.
En diálogo con este diario y la Radio Nacional, Aigo confirmó que la querella pidió la citación del intendente de San Martín de los Andes, Juan Fernández, en calidad de testigo. Explicó que el jefe municipal "dijo que esta gente (por los prófugos) ya estaban lejos y que a alguien se le había escapado la tortuga (a propósito del allanamiento de su vivienda), por lo que entendemos que estaría bien que se lo cite para ampliar aquellas declaraciones".
Fernández es el padre de Marcos Fernández, el propietario y conductor de la camioneta en la que se desplazaban Cortés Torres y Salazar Oporto al momento del asesinato. El joven fue primero considerado un testigo por el juez inicial de la causa, Joaquín Cosentino, y liberado menos de 24 horas después del hecho ocurrido a unos 50 kilómetros de Junín de los Andes, durante un control de tránsito que realizaban el sargento José Aigo y el oficial Pedro Guerrero. La liberación de Fernández despertó cuestionamientos a Cosentino, quien fue desplazado, y la causa quedó a cargo del juez Andrés Luchino. Luego, el joven fue procesado por falso testimonio, encubrimiento agravado y presunta participación en el crimen, aunque permanece en libertad.
En sus testimoniales primero y en las indagatorias después, Fernández (hijo) alegó que sólo era un "fletero" contratado por Salazar Oporto para realizar un viaje desde Mallín Ahogado hacia Aluminé. Salazar Oporto vivía cerca de la vivienda de Fernández, y –según el joven– sólo tenían una relación de vecindad y de compartir cumpleaños de los niños.
En las primeras jornadas tras el crimen, la Justicia allanó la casa del intendente Fernández por pedido de la querella. El funcionario se había mostrado sorprendido por aquel procedimiento, y le otorgó luego un tinte político. Justamente las declaraciones que hizo en aquel momento forman parte ahora del interés de la querella para que Fernández sea citado a testimonial.
