El gobernador de Córdoba, José Manuel de la Sota, dio el puntapié que
preocupa a la Casa Rosada: pidió que las provincias sigan el camino
iniciado por su provincia y abandonen el Pacto Fiscal de 1992, por el
cual se entrega el 15% de la coparticipación federal de impuestos al
Estado nacional.
De la Sota le envió una carta a los gobernadores
para notificarlos de la sanción de la ley en su provincia y para
pedirles que busquen en conjunto “caminos de unión para recuperar lo que es de las provincias”.
La convocatoria de De la Sota se produce en momentos en que distintas provincias atraviesan una difícil situación financiera y están atadas cada vez más al envío de fondos del Gobierno Nacional. En el medio del reclamo está también la pelea por la sucesión presidencial de 2015, en la que De la Sota aspira a tener protagonismo.(Leer en más información)
El
miércoles, la Legislatura cordobesa votó la ley para abandonar el Pacto
fiscal. Ahora, la provincia intimará al Gobierno nacional para que deje
de descontarle el 15% de la coparticipación con destino a la ANSeS. Las
cuentas cordobesas y la falta de acuerdo con la Nación dieron el mismo
resultado. En 2011, el Estado Nacional le devolvió a Córdoba 1.039
millones de pesos, mientras que la suma total que se le descuenta a la
provincia por coparticipación es de $ 2.000 millones anuales. Ahí está
el secreto.
“El Gobierno de la provincia de Córdoba tuvo que
denunciar el Pacto Fiscal de 1992, luego de numerosos como infructuosos
intentos de lograr con la Nación un consenso razonable y equitativo,
tendiente a que ésta dé cumplimiento a las obligaciones legales que
tiene asumida con Córdoba, y que desde hace mucho tiempo sin razón legal ni legítima alguna ha dejado de cumplir ”, dice el texto de la carta que De la Sota le mandó el jueves a los gobernadores.
Ayer, un gobernador patagónico le dijo a Clarín que De la Sota lo había llamado antes para contarle su estrategia legal.
Las
dudas están en cuál será la reacción de los gobernadores. Se entiende
que los más cercanos al Gobierno nacional evitarán entrar en la
discusión, pero la situación económica apremia a varias cajas
provinciales y el Ejecutivo Nacional ya dio sobradas pruebas de que no
tiene intenciones de salvataje para ninguna administración. Menos para
las más críticas. Santa Cruz y Buenos Aires sirvieron de mensaje para el
resto: el que no se alínea, pierde.
El miedo en Balcarce 50 es
simple: que si Córdoba logra imponer su reclamo en la Corte Suprema,
eso genere una reacción en cadena de algunas provincias con menos
relación kirchnerista y necesitadas de fondos.
Se da por hecho
que la Nación no acatará el pedido cordobés, por eso el camino que
seguirá De la Sota será la Corte Suprema, donde Córdoba ya tiene una
demanda contra el Gobierno por supuesto “incumplimiento del acuerdo de
armonización de normas previsionales”, firmado con la ANSeS.
En
la Casa Rosada también creen que la ventaja está en el tiempo que,
creen, tardará la Corte Suprema en expedirse sobre el tema, luego de que
se presente el pedido.
El mandatario cordobés mantiene fluidos
contactos con el gobernador bonaerense, Daniel Scioli, y con el resto de
los gobernadores peronistas más alejados del kirchnerismo. En el
Gobierno quieren evitar que otras provincias se sumen a los reclamos.
“La
sostenida como irrazonable actitud del Gobierno Nacional de incumplir
con las obligaciones pactadas con Córdoba, privándola de importantes
recursos de su propiedad, obligó al Gobierno Provincial a sustituir esos
fondos con recursos tributarios propios destinados a obras de gobierno
esenciales para todos los cordobeses que fueron postergadas o hasta
definitivamente dadas de baja”, explica en uno de sus párrafos la carta
firmada por De la Sota. Cierra con “un abrazo”, escrito de su puño y
letra.