
Si hay una barbaridad que se debe registrar en la “Patria Sojera”, es la actitud del Estado entrerriano que se desentiende en la revisación médica periódica para los docentes que se desempeñan en las escuelas rurales debido a la exposición a los agrotóxicos que se utilizan para la fumigación. (Ampliar en más información)
La Departamental de Escuelas, el Concejo General de Educación, el
Ministerio de Salud, el área de Epidemiología, el de Atención Médica, el
Hospital Centenario e incluso hasta la Aseguradora de Riesgo de Trabajo
que depende del Instituto Autárquico Provincial del Seguro de Entre
Ríos, coinciden en señalar que no los compete en esas tareas. Así, los
docentes rurales que están expuestos a periódicas intoxicaciones por
agrotóxicos se quedan indefensos y sin que nadie atienda un elemental
reclamo, incluso vinculado con los Derechos Humanos como la Salud.
EL ARGENTINO accedió al vergonzoso expediente que promovió con justicia
la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (Agmer) Gualeguaychú
el 12 de noviembre de 2010 y que luego de recorrer todas las vías
administrativas, las áreas de Educación completa y las de Salud de
manera integral e incluso la del Seguro de Trabajo, concluye que el
Estado entrerriano se lava las manos en uno de los flagelos más
lacerantes que tiene el actual sistema productivo agropecuario. Les
niega atención médica a los maestros que el Estado contrata para dar
clases en un medio rural.
El Expediente número 17-7 comienza
con una nota de Agmer Gualeguaychú, fechada el 20 de octubre de 2010 y
dirigida a la Departamental de Escuelas de ese entonces, Silvia Del
Valle. Allí se le hace llegar un petitorio firmado por 95 docentes,
todos del departamento Gualeguaychú, que piden se les garantice la
revisación médica periódica, dado que para llegar a las escuelas deben
recorrer determinados kilómetros y quedan expuestos “permanentemente al
uso de herbicidas tóxicos y dañinos para la salud”.
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