Por Bia Barbosa
Fuente: ALAI - Fuente original en portugués: http://www.cartamaior.com.br/templa...
El próximo 7 de diciembre, expirará el plazo establecido
por la Corte Suprema de Justicia de Argentina para la medida cautelar,
obtenida por el Grupo Clarín, que impide la aplicación de dos artículos
de la Ley de Medios a las actividades económicas del grupo.
Uno de
ellos, el art. 161, determina que los grupos que sobrepasen los límites
de licencias definidos por la nueva ley deben iniciar un proceso de
adecuación de sus licencias. Según la Ley de Medios, ningún grupo
comunicacional en el país puede tener más de 24 licencias de TV por
cable y 10 de radio y televisión abierta.
El Grupo Clarín, además del
periódico impreso, tiene 4 canales de televisión, una radio FM y 9
radios AM, además de diez veces más licencias de cable del número
autorizado por la Ley de Medios.
Frente a la proximidad de la fecha y reconociendo la influencia que
la iniciativa de Cristina Kirchner ha tenido en los países vecinos en
pro de la democratización de los medios comunicación masivos, la 68ª
Asamblea General de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), que se
desarrolla hasta este martes (16) en São Paulo, centró su crítica en el
que definió como "hostilidad contra la prensa" por parte del gobierno
argentino. La sesión de la Comisión de Libertad de Prensa e Información
de la SIP fue abierta en la mañana del domingo (14) con la presentación,
de más de 40 minutos, del representante de la SIP en el país, Daniel
Dessein. (Ampliar en más información)
Dessein leyó íntegramente el informe (1), que afirma que “una serie
de resoluciones gubernamentales, maniobras judiciales, declaraciones
agraviantes y amedrentadoras de funcionarios públicos, medidas de hecho
contra medios y amenazas y ataques físicos contra periodistas,
configuran un escenario oscuro para el ejercicio del periodismo y del
derecho de todo ciudadano a expresarse libremente”, considerando que la
libertad de expresión de los ciudadanos se da a través de la gran prensa
argentina.
Sobrio también fue el vídeo elaborado por el Clarín, y presentado en
la continuación de la lectura del informe, mostrando el "crecimiento de
la censura" en el país.
En una ágil edición de imágenes y trilha sonora
de suspense, el vídeo enumera las acciones de la Presidenta Kirchner
contra la prensa y afirma que su objetivo es "consagrar el miedo, la
autocensura y el silencio". Afirma que los "organismos del gobierno son
oficinas para reprimir a los ciudadanos que quieren expresarse".
Entre las acciones tachadas cómo violadoras de la libertad de prensa
están la ampliación de la red comunicacional oficial, "mecanismos
discriminatorios" de distribución de la publicidad oficial, "abuso
ilegítimo" de cadenas nacionales en la televisión, cobertura parcial de
eventos por parte de algunas estaciones de TV, que estarían vinculadas
al gobierno federal, y "aplicación selectiva" de la Ley de Medios. Según
la SIP, hay varios grupos mediáticos - el informe no citó cuáles - que
no se ajustan a lo previsto en la ley, aprobada hace tres años, y que no
fueron "intimados” a cumplir lo que ésta estipula.
El final del vídeo trae un cuestionamiento sobre la versión oficial
de lo que sucederá el 7 de diciembre. Según los constitucionalistas
consultados por Clarín, nada. Si hasta ese entonces la Corte Suprema de
Justicia no decide sobre la constitucionalidad de los artículos
cuestionados por el grupo y no prorroga la validez de la medida
cautelar, sólo comenzará a correr el plazo para que el Clarín se adecue a
la nueva ley. Para el grupo, eso no es nada. Para el gobierno Kirchner,
será una victoria de la ley creada para, entre otros puntos, combatir
la concentración de la propiedad de la media en la Argentina.
Discrepando de esa lectura del gobierno y afirmando que nada sucederá
el día 7, el vídeo termina con tres fuertes preguntas acusatorias: "
¿Qué se busca entonces con el informe oficial?", "¿Preparar el terreno
para otra cosa?", "¿Terminar con el Estado de Derecho en la Argentina?".
Para quien no conoce la realidad en el país, parece asistir a un
documental pre-dictadura en el territorio vecino.
Después de la exhibición del vídeo, los representantes de otros
periódicos argentinos presentes sugirieron, que la SIP haga una misión
internacional a la Argentina el día 7 de diciembre, para acompañar los
acontecimientos políticos en el país.
El director del periódico Los
Andes, de Mendoza, destacó la importancia de una "acción enérgica de la
SIP", "porque la sociedad argentina está amordazada por la autocensura y
se quedó sin referencias institucionales".
Un empresario uruguayo comparó el caso Clarín con lo que aconteció
con la RCTV, en Venezuela. A lo que el dueño de un periódico de Caracas
añadió: "Es una epidemia. La estrategia de Venezuela está siendo imitada
por otros países".
Prensa ecuatoriana: sin consenso sobre el caso Assange
El segundo destaque de los informes fue el de Ecuador. En un extenso
informe de 9 páginas -el mayor de la Comisión (2)-, la SIP denunció
decisiones judiciales, iniciativas de proyectos de ley y medidas del
Presidente Rafael Correa que atacarían la libertad de prensa. Según el
informe, los tres poderes del país actúan contra los medios de
comunicación.
"El régimen continúa usando recursos públicos para atacar y
"desmentir" sistemáticamente las publicaciones de la media, periodistas y
personas con opiniones distintas a la suya. El Presidente Rafael Correa
promueve la idea de que la media privada debe ser rechazada porque
busca el enriquecimiento de sus dueños y, por eso, mantiene la
prohibición a sus ministros de dar entrevistas a lo que él llama prensa
mercantilista" (Ecuavisa y Teleamazonas, además de los diarios El
Universo, El Comercio, Hoy y La Hora).
“Esta decisión cuenta con respaldo legal, ya que la justicia negó una
acción de protección que buscaba declararla inconstitucional “, dice
una parte del informe. “La institucionalidad está tan golpeada y
controlada por los políticos y las bandas delictivas, que sus
perseguidos prácticamente quedan en estado de indefensión”, se agrega.
La SIP también afirma que el "cierre" de canales de radio y
televisión regionales - que según las autoridades de Ecuador no cumplían
las normas técnicas y económicas vigentes - se dio por retaliación
política.
La querella de la Fiscalía sobre el articulista Miguel Macías
Carmigniani, del periódico El Comercio, también fue considerada una
violación a la libertad de prensa. La comunidad LGBT de Ecuador
cuestionó su artículo "¿Familias alternativas?", considerando que el
contenido publicado incita el odio, lo que es prohibido por la
Constitución.
La SIP, sin embargo, no se posicionó sobre el asilo político
concedido por el gobierno de Correa al fundador del Wikileaks, Julian
Assange, en la embajada de este país en Londres. El caso sólo es citado
en el documento con carácter informativo.
Cuestionado por CARTA MAYOR
sobre cómo ve la prensa ecuatoriana el asilo político a una de las
principales víctimas de violación de la libertad de expresión
actualmente, el vicepresidente para Ecuador de la SIP afirmó que "no hay
una posición única por parte de los medios". "Algunos consideran que el
asilo es legítimo, otros no. Cada medio tuvo una opinión", señaló.
En el transcurso del día se presentaron los informes de la mayor
parte de los países miembros. Además de Argentina y Ecuador, la
presidencia de la Comisión, sin coincidencias, también consideró
"extremadamente preocupantes" los casos de Venezuela, Bolivia y Cuba.
En la tarde, cuando se preguntaban por qué la sociedad
latinoamericana "no reacciona" y "no está preocupada, como la SIP está,
por la defensa de la libertad de prensa en el continente", un periodista
de Paraguay dio una sugerencia que merece consideración: "La SIP
debería hacer una investigación sobre lo que piensa la población y si lo
que la sociedad entiende como libertad de expresión es la misma que
nosotros, los de la SIP, entendemos". (Traducción ALAI)
