DANIEL HUTH (*)
Este año 3.000 niños y niñas no han comenzado las clases en el Nivel Inicial porque el Consejo Provincial de Educación no garantizó que se abran salas de tres y cuatro años en los jardines públicos. Le pedimos al lector de estas líneas que se detenga un instante y reflexione sobre este número.
Piense en 3.000 niños, no como un número o una estadística; póngale un rostro a cada cifra: "1" es su sobrina, "2" el hijo de algún vecino y así hasta llegar a 3.000.
Mientras se destinan $ 140 millones por año para subsidiar la educación privada en una política de profundización de las diferencias sociales, se dejan 3.000 niños y niñas esperando en la puerta del jardín.
Agregue a esto que el 60% de los alumnos de Nivel Medio no terminan su escolaridad, que no se construyen establecimientos educativos públicos y existe una falta de mantenimiento generalizada; incluso hay centenares de estudiantes y decenas de trabajadores dando clase en tráileres.
Sí, leyó bien: hay escuelas que funcionan en un tráiler de chapa, como la escuela 356 de Neuquén o la primaria Nº 6 de Uncal, Cajón Chico (Loncopué), y no en un edificio. ¿Dónde están los millones de inversión en educación de los que habló el gobernador en su discurso? (Ampliar en más información)
Tampoco funciona el servicio de ambulancias contratado por el CPE. Si un niño o niña se lastima, hay que llamar al hospital público recargando y demorando aún más un sistema también colapsado por falta de inversión del gobierno provincial.
Faltan edificios para escuelas especiales, técnicas, medias, primarias, iniciales y CEF, cargos y horas cátedras docentes y está incompleta la planta funcional de auxiliares de servicio.
El ISSN es vaciado por el gobierno perjudicando a miles de trabajadores estatales jubilados y activos que necesitan su obra social mientras otorgan un ínfimo aumento salarial del 10% cuando todos sabemos que la inflación del 2012 ha superado el 30%.
Por éstas y otras razones reclamamos los trabajadores y trabajadoras de la educación organizados en ATEN.
Tomamos nuestras decisiones en masivas asambleas y nos movilizamos y ejercemos el derecho a huelga en defensa de la educación pública de miles de niños, niñas y jóvenes en la provincia.
La educación es un derecho y no un servicio, como pretenden tratarlo el gobernador Sapag o los diputados Domínguez o Rodríguez que no ha dudado en comparar la educación con el "servicio de recolección de residuos".
El derecho a la educación no puede tratarse como la basura. Un aula no es un tacho de residuos ni un contenedor.
La consulta popular que impulsa el gobernador Sapag violenta flagrantemente la Constitución nacional y provincial. Basta con releer ambos textos constitucionales. En su artículo 14 la Constitución nacional define la educación como un derecho (no como un "servicio"). Lo mismo se repite en el artículo 110 de la Constitución provincial y en los tratados internacionales con jerarquía constitucional (art. XII de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, art. 26 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, art. 28 de la Convención Sobre los Derechos del Niño, entre otros). También la Organización Mundial del Trabajo (de la cual la Argentina forma parte) fija taxativamente qué trabajos pueden calificarse como "servicios esenciales" y, en ningún caso, la educación ha sido incluida (1).
En pocas palabras: pretender calificar la educación como "servicio esencial" (por decreto, por ley o por consulta popular) es una medida ilegal que atenta contra el ordenamiento jurídico y la legalidad que el gobernador dice defender.
Si Sapag sabe que no puede pasar por encima de la Constitución, ¿para qué lo dice? Pretende influir, en forma reaccionaria y fascista, en las emociones de la población. Es el caudillo que va a aplicarle el ajuste a la misma población que pretende convencer.
El derecho a huelga no puede limitarse aplicando presentismos, obligando a informar los días de paro o realizando descuentos. El derecho a huelga está protegido por el art. 14 bis de la Constitución nacional, 39 y 42 de la Constitución provincial y en los tratados internacionales (art. 8 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, entre otros con jerarquía constitucional). Es un derecho que no puede ser conculcado y, menos aun, realizarse "listas negras" con aquellos trabajadores que hacen uso de él.
Cabe recordar que la resolución 147/08 del Consejo Provincial de Educación expresamente dispone que no se puede "informar" qué docente hace uso de su legítimo derecho a huelga. Hacerlo constituye una persecución y un acto de discriminación.
A esta ofensiva del gobierno se han sumado voces de periodistas, como por ejemplo el Sr. Aleardo F. Laría, quien días atrás escribió un extenso artículo en este diario (27/2/13) en el que realizó una apología de los descuentos salariales a aquel trabajador que ejerce su derecho a huelga. Citó fallos y sentencias judiciales omitiendo señalar que existen decenas de precedentes jurisprudenciales y doctrinarios donde se establece contundentemente lo contrario a lo que él afirma: que las huelgas legítimas, frente a incumplimientos patronales, generan el derecho a percibir los salarios por días no trabajados.
Así lo entendió la Corte Suprema de Justicia de la Nación (fallos 239:470 o 248:251) o la Cámara Nacional de Apelaciones de Trabajo (sentencia 24/9/90, entre otras).
En Neuquén el gobierno provincial es el responsable de la crisis del sistema de educación pública.
La huelga docente no es más que la respuesta de los trabajadores al incumplimiento de esta obligación primordial del Estado que debe garantizar el derecho a la educación y condiciones de trabajo para quienes todos los días nos desempeñamos en las escuelas.
Por eso desde ATEN rechazamos las amenazas, los descuentos, los proyectos de referéndum que violan la legalidad y seguiremos defendiendo la educación pública y el ejercicio del derecho a huelga, convocando a los padres y la comunidad educativa a defenderlo junto a nosotros.
(1) La OIT restringe la calificación de servicio público esencial a aquellos "cuya interrupción podría poner en peligro la vida, seguridad o salud de las personas" descartando la educación.
(*) Secretario general de ATEN provincial. Neuquén
