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Cuatro meses después, nada se clarificó sobre la doble percepción de 639 estatales rionegrinos. El último hecho consigna que la Justicia solicitó el listado de los implicados, mientras la Fiscalía de Investigaciones Administrativas acumula documentación y convoca a los involucrados, estimándose un largo proceso. (Ampliar en más información)
La administración provincial nada modificó, aunque en principio detectó y admitió esa presunta irregularidad por "múltiple vinculo laboral". Se desconocen sumarios –como requiere la ley 3.550 de Ética Pública– frente a ese eventual abuso de cargos. Así, el gobierno expone que no existiría casos de incompatibilidad entre los 639 casos de doble percepción, incluyendo a 21 funcionarios, según la información proporcionada en junio por el ministro de Economía, Alejandro Palmieri.
La única renuncia fue la de Edmundo Larrieu, quien dimitió a la Subsecretaría de Salud, pero mantiene un cargo público conjuntamente con una carga horaria full en dos universidades, conservando su incompatibilidad.
Economía persiste en liberarse de la responsabilidad aunque su propia secretaría –Función Pública– advirtió a los ministerios de la doble percepción. Ese órgano de control contestó a la Legislatura ante un pedido de informe del bloque radical. La nota, firmada por el subsecretario Ignacio Gandolfi, descargó toda la tarea pendiente en el fiscal Marcelo Ponzone porque es "el encargado de impulsar las investigaciones pertinentes y dilucidar si existen casos de incompatibilidades". Igual, Gandolfi escribió que "el cobro de doble percepción no implica necesariamente causal de incompatibilidad".
Esa secretaría también envió información a la Justicia. La fiscal penal Daniela Zágari requirió datos a partir de una denuncia de la legisladora Ana Piccinini, quien recordó que los superiores jerárquicos –según la ley– debían abrir sumarios, sospechando de "encubrimiento" por la inexistencia de esos procesos. Esa instancia es previa a la investigación de parte del Fiscal.
A fines de agosto, el secretario Emmanuel Tobares –a cargo de la Función Pública después de la renuncia de Omar Alfonso– envió a la Justicia la nómina de personal con "presunto vínculo laboral múltiple con el sector público y/o privado". Precisa que ese organismo entregó el listado para que "inicien las actuaciones correspondientes".
Las dudas, cuatro meses después, persisten en referencia a la totalidad de los 639 casos. La parcial o inexistente respuesta gubernamental estimula la convicción que existen irregularidades, a pesar que el gobierno parece exponer que no existe ningún caso de incompatiblidad de su propia nómina de 639 registros de doble percepción.
En lo normativo, el artículo 19 de la ley 3550 es preciso. "Es incompatible con el ejercicio de la función pública" desempeñarse –inciso I– "al mismo tiempo en más de un cargo o empleo público remunerado, cualquiera sea su categoría, característica y jurisdicción". (AV)
