Mientras el oficialísmo de Cristina Fernández (FPV) y sin debate previo aprueba sancionar a la policía en actos de huelga, el senador Guillermo Pereyra del Movimiento Popular Neuquino fué el único en oponerse a esta medida.-Un proyecto del kirchnerismo
Media sanción a penas para policías que hagan huelga
El Senado aprobó con amplia mayoría un proyecto que impone penas de prisión para los oficiales de las fuerzas de seguridad que abandonen sus actos de servicio, incluso en el marco de medidas de fuerza.
El proyecto presentado por el oficialista Aníbal Fernández fue votado sin debate previo y tuvo un único voto en contra, de parte del senador del Movimiento Popular Neuquino (MPN) Guillermo Pereyra, tras lo cual fue girado a la Cámara de Diputados.
La iniciativa fue impulsada por Fernández a raíz de las huelgas policiales que se registraron en diciembre en varias provincias del país y motivaron una ola de saqueos.
El proyecto abarca a los miembros de las fuerzas de seguridad nacional, provincial o de la Ciudad de Buenos Aires, quienes en caso de abandonar su destino sin autorización, serán reprimidos con "multa de 750 a 12.500 pesos e inhabilitación especial de un mes a un año".
También impone la pena de prisión de uno a tres años e inhabilitación para ejercer cargos públicos al funcionario de seguridad que tenga a cargo el cuidado de personas o bienes y que "a sabiendas abandonare injustificadamente actos de servicio o maliciosamente omitiere la prestación regular de su función".
Si, como consecuencia del "abandono u omisión" de sus tareas, "se produjeren daños a bienes de la fuerza, bienes de terceros, lesiones o muerte de sus camaradas o terceros, se aplicará una pena de prisión de dos a ocho años".
El proyecto agrega que "el militar que abandonare su servicio, su destino o que desertare en tiempo de conflicto armado o zona de catástrofe, será penado con prisión de uno a seis años".
Y también señala que "si como consecuencia de su conducta resultare la muerte de una o más personas, se sufrieren pérdidas militares o se impidiese o dificultase la salvación de vidas en supuesto de catástrofe, el máximo de la pena se elevará a doce años".
El proyecto presentado por el oficialista Aníbal Fernández fue votado sin debate previo y tuvo un único voto en contra, de parte del senador del Movimiento Popular Neuquino (MPN) Guillermo Pereyra, tras lo cual fue girado a la Cámara de Diputados.
La iniciativa fue impulsada por Fernández a raíz de las huelgas policiales que se registraron en diciembre en varias provincias del país y motivaron una ola de saqueos.
El proyecto abarca a los miembros de las fuerzas de seguridad nacional, provincial o de la Ciudad de Buenos Aires, quienes en caso de abandonar su destino sin autorización, serán reprimidos con "multa de 750 a 12.500 pesos e inhabilitación especial de un mes a un año".
También impone la pena de prisión de uno a tres años e inhabilitación para ejercer cargos públicos al funcionario de seguridad que tenga a cargo el cuidado de personas o bienes y que "a sabiendas abandonare injustificadamente actos de servicio o maliciosamente omitiere la prestación regular de su función".
Si, como consecuencia del "abandono u omisión" de sus tareas, "se produjeren daños a bienes de la fuerza, bienes de terceros, lesiones o muerte de sus camaradas o terceros, se aplicará una pena de prisión de dos a ocho años".
El proyecto agrega que "el militar que abandonare su servicio, su destino o que desertare en tiempo de conflicto armado o zona de catástrofe, será penado con prisión de uno a seis años".
Y también señala que "si como consecuencia de su conducta resultare la muerte de una o más personas, se sufrieren pérdidas militares o se impidiese o dificultase la salvación de vidas en supuesto de catástrofe, el máximo de la pena se elevará a doce años".
