.gif)
El Poder Ejecutivo tiene buenas razones para querer modificar la Ley de Hidrocarburos (LH). Sin embargo, existen otras mejores que hacen desaconsejable una modificación urgente.Los buenos motivos son, en primer lugar, terminar con la incertidumbre regulatoria e impositiva que han generado las provincias en los últimos años con la sanción de leyes de hidrocarburos propias, creando empresas provinciales y elevando así la presión tributaria sobre la industria. Estas inseguridades desalientan la inversión en un sector en crisis, como el energético.
En segundo lugar, hay que adaptar la LH para permitir la explotación de hidrocarburos no convencionales (Vaca Muerta) que ofrecen un promisorio horizonte productivo a la Argentina.
Pero, a su vez, el gobierno nacional, amparado en la Ley de Emergencia del año 2002, que aún mantiene vigente, ha creado otras dudas más graves que las provinciales: retenciones variables a las exportaciones (al estilo de la Resolución 125 para el campo), precios, tarifas y subsidios fijados en forma arbitraria y cambiante, la expropiación de YPF, etc.
Estas distorsiones macroeconómicas, ajenas a la LH, subsisten actualmente y con pocas probabilidades de ser removidas, por lo que modificar la Ley sin corregirlas sería como querer construir una casa empezando por el techo.
Aquí no terminan los inconvenientes, sino que hay más razones para que no sea aconsejable la modificación:
1) El Gobierno no debate con nadie sus proyectos de ley, los impone;
2) Las provincias, propietarias de los recursos, están en contra de la modificación y
3) Este signo de gobierno termina en poco más de un año, por lo cual tampoco estará para ver los eventuales frutos de la modificaciones que quiere realizar.
Pero, además, ni la Nación, ni YPF ni las provincias tienen fondos suficientes para invertir y poner a producir en escala significativa la formación de Vaca Muerta, de allí que uno de los puntos clave del debate es quién tendrá el poder de contratar con los inversores privados: ¿YPF o las empresas provinciales?
Ni el PEN ni la petrolera de mayoría estatal han explicado satisfactoriamente por qué las empresas provinciales "perjudican" la inversión privada, ni por qué ésta llegará si se le da un cuasimonopolio a YPF.
En verdad, no se necesita ninguna empresa ni del Estado nacional ni provincial para atraer las inversiones necesarias, tal como lo probó el buen funcionamiento de la actual LH en los años anteriores a la emergencia, cuando se alcanzaron los récords históricos de producción de gas y petróleo de la Argentina.
Otro punto del debate entre la Nación y las provincias vinculado a lo anterior es sobre cómo distribuir la renta petrolera actual y futura.
Este tema excede a una LH y exige un debate amplio entre los actores, que debería comenzar con la tan atrasada Ley de Coparticipación Federal que está en mora desde el año 1994 y que ningún gobierno se atreve a debatir.
Conclusión: La Ley de Hidrocarburos es uno de los cinco cuerpos legales más importantes que tiene el país, es parte del Código de Minería y de la legislación de fondo que la Constitución le atribuye al Congreso Nacional junto a los códigos Civil, Penal, de Comercio y Laboral.
Además, considerando que más de 85% de la energía primaria en la Argentina proviene de los hidrocarburos, su importancia se acrecienta.
La LH de 1967, con alguna leve adaptación a la Constitución de 1994 (Ley Corta), ha probado ser una muy buena Ley. El problema energético actual lo han creado las malas políticas que se han venido aplicando desde 2002, que ignoraron y contrariaron la LH y otras normas del sector.
Habrá que continuar, entonces, arrastrándose en la dirección correcta hasta que estén dadas las condiciones macroeconómicas para una modificación de la LH que, mediante un debate adecuado, genere los acuerdos necesarios para implementar una verdadera política de estado en materia energética.
(*) HORACIO FERNANDEZ es coordinador del Consejo Empresario del Centro para la Apertura y el Desarrollo de América latina (CADAL)
