Capitanich denunció "mala fe" de los tenedores de bonos impagos; "Lo que ellos quieren es apropiarse de Vaca Muerta", destacó
El jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, cuestionó esta mañana con dureza la supuesta presentación de un pedido de embargo contra Chevron por el acuerdo firmado con YPF por Vaca Muerta y denunció que tienen "mala fe" en el litigio que se sustancia en los tribunales federales de Nueva York.
"Lo que quieren los fondos buitres es que se aumente la deuda externa, condicionar el crecimiento. Ahora se conocen que quieren embargar parte de los activos de Chevron en Vaca Muerta: esto demuestra la voracidad para apropiarse de activos reales", afirmó el funcionario, en relación al reclamo judicial, nuevo, presentado la semana pasada ante los estrados judiciales de San Francisco.
"Pruebas al canto: lo que ellos quieren es apropiarse de Vaca Muerta", afirmó el jefe de Gabinete, sobre la presentación judicial que hicieron los tenedores de bonos -que LA NACION había informado el 23 de junio pasado- pocas horas después de la decisión definitiva de la Corte Suprema de Estados Unidos.
Además, el jefe de Gabinete destacó hoy la importancia de que se generen los mecanismos para impedir que acciones como las de los holdouts puedan afectar reestructuraciones de deudas soberanas de países, y en ese marco consideró que sería bueno "a futuro" que este aspecto sea motivo de debate en el marco de la Asamblea General de la ONU.
"El sistema financiero internacional debe garantizar la sustentabilidad a partir de un sistema de aprobación de mayorías que no pueda ser modificado por jueces", dijo Capitanichen su habitual conferencia de prensa matutina en Casa de Gobierno.
En ese sentido, el funcionario consideró que "esta norma hacia el futuro implica un debate en el marco de la Asamblea de Naciones Unidas y un acuerdo para aprobar estos mecanismos". Agregó que el acuerdo debería tener en cuenta para los casos de procesos de reestructuración de deudas soberanas que "lo acordado por la mayoría sea obligatorio para el resto y que no exista ventaja para la acción compulsiva" de otros acreedores.
En este marco, destacó la importancia de los apoyos recibidos por Argentina de diferentes países y organizaciones internacionales.
"Una gran mayoría de países manifestaron su preocupación" por el accionar de los fondos buitre, resumió, y reiteró que Argentina "paga sus obligaciones" y que "de ningún modo puede tomarse como un default técnico" la situación creada a partir de la sentencia de la justicia de Estados Unidos respecto al reclamo de los holdouts.
Capitanich dijo también que Argentina pretende proteger el acuerdo voluntario que firmó el 93 por ciento de los acreedores e insistió en que el país "promueve el diálogo" con el resto de los acreedores que no firmaron el acuerdo.
Agregó que "cuando Argentina establece las condiciones de negociación, lo hace para el 100 por ciento de los bonistas", y explicó que lo que pide Argentina a la justicia de Estados Unidos es "un proceso de suspensión de la sentencia para no propiciar alteraciones sobre el acuerdo ya firmado con la mayoría de los acreedores".
El jefe de ministros advirtió que de no suspenderse la sentencia, podría disparar "un pasivo enorme" para la Argentina, y dijo que por eso este asunto es "una cuestión emblemática y trascendente que debe ser respetada".
Por eso, dijo, "la posición argentina es extremadamente profesional y de buena fe", y señaló que "los que tienen mala fe son los fondos buitre, que pretenden una sentencia que tiene un efecto respecto al resto de los bonistas que adhirieron al canje".
"Lo que quieren los fondos buitres es que se aumente la deuda externa, condicionar el crecimiento. Ahora se conocen que quieren embargar parte de los activos de Chevron en Vaca Muerta: esto demuestra la voracidad para apropiarse de activos reales", afirmó el funcionario, en relación al reclamo judicial, nuevo, presentado la semana pasada ante los estrados judiciales de San Francisco.
"Pruebas al canto: lo que ellos quieren es apropiarse de Vaca Muerta", afirmó el jefe de Gabinete, sobre la presentación judicial que hicieron los tenedores de bonos -que LA NACION había informado el 23 de junio pasado- pocas horas después de la decisión definitiva de la Corte Suprema de Estados Unidos.
Además, el jefe de Gabinete destacó hoy la importancia de que se generen los mecanismos para impedir que acciones como las de los holdouts puedan afectar reestructuraciones de deudas soberanas de países, y en ese marco consideró que sería bueno "a futuro" que este aspecto sea motivo de debate en el marco de la Asamblea General de la ONU.
"El sistema financiero internacional debe garantizar la sustentabilidad a partir de un sistema de aprobación de mayorías que no pueda ser modificado por jueces", dijo Capitanichen su habitual conferencia de prensa matutina en Casa de Gobierno.
En ese sentido, el funcionario consideró que "esta norma hacia el futuro implica un debate en el marco de la Asamblea de Naciones Unidas y un acuerdo para aprobar estos mecanismos". Agregó que el acuerdo debería tener en cuenta para los casos de procesos de reestructuración de deudas soberanas que "lo acordado por la mayoría sea obligatorio para el resto y que no exista ventaja para la acción compulsiva" de otros acreedores.
En este marco, destacó la importancia de los apoyos recibidos por Argentina de diferentes países y organizaciones internacionales.
"Una gran mayoría de países manifestaron su preocupación" por el accionar de los fondos buitre, resumió, y reiteró que Argentina "paga sus obligaciones" y que "de ningún modo puede tomarse como un default técnico" la situación creada a partir de la sentencia de la justicia de Estados Unidos respecto al reclamo de los holdouts.
Capitanich dijo también que Argentina pretende proteger el acuerdo voluntario que firmó el 93 por ciento de los acreedores e insistió en que el país "promueve el diálogo" con el resto de los acreedores que no firmaron el acuerdo.
Agregó que "cuando Argentina establece las condiciones de negociación, lo hace para el 100 por ciento de los bonistas", y explicó que lo que pide Argentina a la justicia de Estados Unidos es "un proceso de suspensión de la sentencia para no propiciar alteraciones sobre el acuerdo ya firmado con la mayoría de los acreedores".
El jefe de ministros advirtió que de no suspenderse la sentencia, podría disparar "un pasivo enorme" para la Argentina, y dijo que por eso este asunto es "una cuestión emblemática y trascendente que debe ser respetada".
Por eso, dijo, "la posición argentina es extremadamente profesional y de buena fe", y señaló que "los que tienen mala fe son los fondos buitre, que pretenden una sentencia que tiene un efecto respecto al resto de los bonistas que adhirieron al canje".
