Por primera vez en lo que va de su gestión, el gobernador Paco Pérez, otrora niño mimado de Cristina Fernández, se encuentra ubicado en la vereda de enfrente debido a la brutal agresión centralista contra las provincias petroleras. ¿Qué hará el peronismo mendocino cuando el “proyecto nacional” y el interés provincial se opongan?
El imperio kristino es más implacable que el imperio romano. Roma no paga traidores mientras que Cristina no paga a traidores ni a leales. Por eso cuando a un probado traidor (según la interpretación que de dicha persona hace el kirchnerismo duro) como Jorge Brito -el del banco Macro- le piden la gauchada de que haga una vaquita entre banqueros y arreglen la cosa con el juez Griesa y los fondos buitres, apenas el pobre tipo cumple, esta vez “lealmente”, con el pedido que le hizo el gobierno de Cristina, Cristina lo acusa de traidor hasta por esa lealtad.
Hasta allí nada que no hayan hecho los del imperio romano. La desmesura aparece cuando Paco Pérez, el gobernador mendocino, de probadísima lealtad a nuestro imperio y a nuestra César, también es acusado de traidor por el solo hecho de atreverse a discutir -apenas en parte- el contenido de una nueva ley petrolera que quiere convertir a los dueños de los recursos naturales (vale decir a las provincias, según la Constitución) en meros convidados de piedra para que se limiten a ver -sin siquiera poder opinar- cómo la Nación hace lo que se le venga en ganas con sus legítimas propiedades.
Y aún peor, porque a Brito sólo se lo reta con un chas chas poto, mientras que a Pérez se lo excluye de un diferimiento con la Nación donde se incluye a todas las provincias deudoras menos a las que osaron discutir este proyecto de ley antifederal. Esto le significaría tener que pagar -ya- 160 millones de pesos, entre otros castigos contantes y sonantes para la provincia de Mendoza.
Los césares del imperio romano solían también ser unitarios pero nunca eran tan crueles con sus leales como lo son los del imperio kristino. Aunque, no seamos drásticos, lo más probable es que al final Cristi perdone a los gobernadores de las provincias díscolas si se terminan rindiendo y entreguen, a su divina majestad, el poder total sobre Vaca Muerta.
Así como en el tema de los fondos buitres el gobierno nacional y sus ideólogos se han cansado de denunciar cipayos, vale decir argentinos que defienden intereses extranjeros, en el tema del petróleo Cristina se ha cansado de defender cipayitos en todas las provincias, vale decir legisladores que, habiendo sido elegidos por el voto de sus comprovincianos, se ponen al servicio del poder central en contra de los intereses de su comunidad local.
Uno de ellos fundamenta con supina claridad en qué consiste el nuevo cipayaje, nac y pop pero cipayaje al fin. El diputado provincial por Neuquén, Rodolfo Canini -kirchnerista él- afirma: “El art. 124 (el cual dice: ‘Corresponde a las provincias el dominio originario de los recursos naturales existentes en su territorio’) nació con la reforma de la Constitución Nacional allá por 1994, fraguada al calor neoliberal. Una reforma destinada a fragmentar el país en tantas partes como provincias existentes. Mediante esa concepción neoliberal se concedió a las provincias el dominio del subsuelo con todo lo que ello implica”.
En esa reforma constitucional “neoliberal” no sólo fueron convencionales Cristina y Néstor Kirchner sino que ambos disintieron en parte con el art 124, pero no porque lo consideraran demasiado provincialista sino porque lo creían demasiado poco federal y entonces proponían un articulado más específico en defensa de las autonomías provinciales de los recursos naturales; quizá previendo que si no se era bien rotundo en los contenidos constitucionales, luego otros gobiernos nacionales intentarían volver a quedarse con lo que la reforma constitucional devolvió a las provincias.
Lo que entonces no sabían es que serían ellos mismos, Néstor y Cristina, los principales enemigos de lo que en la reforma de 1994 defendieron a ultranza.
Durante la era Kirchner en Mendoza ha revivido un debate que parecía saldado desde que el peronismo y el radicalismo alcanzaron (a partir de 1983 ) una clarísima identidad provincial. Identidad que comenzó a hacer agua cuando Cobos y Jaque se pelearon para ver quién se ubicaba más cerca de Néstor Kirchner, creyendo que eso beneficiaría a Mendoza. Reapareció entonces la idea de que Mendoza no crecía como corresponde a sus potencialidades porque tanto Llaver como Bordón y casi todos sus continuadores radicales y peronistas, querían hacer de la provincia una isla enfrentada con la Nación o al menos jerarquizar más la identidad cultural provincial que la identidad política nacional.
Con ese diagnóstico en mano la nueva moda fue la de decir que Mendoza debía ser parte del “proyecto nacional” para conseguir más beneficios locales. Mientras más uno se identificara con el gobierno central más beneficios lograría para el gobierno local.
Cobos se recontraidentificó tanto con esa idea que no sólo partió en dos al radicalismo sino que se hizo vicepresidente de Cristina. Aunque también es cierto que antes de los seis meses de haber cometido ambos gravísimos errores se dio cuenta de los mismos y huyó corriendo de ese centralismo que prometía lo que jamás daría.
Pero los gobiernos peronistas mendocinos posteriores, los de Jaque y Pérez, apostaron todo a la relación armónica con la Nación, lo que hasta ahora no parece haber dado mejores resultados que la idea provincialista anterior.
Esto debería llevarnos a los mendocinos a suponer que la causa de nuestros males está en otro lado y que uno, para defender a la provincia, no debe atarse a ningún esquema preconcebido. A veces hay que coincidir con el gobierno central y a veces hay que enfrentarlo.
Hoy, por ejemplo, hay que enfrentarlo, pero no porque YPF cuestione la política petrolera de Paco Pérez, sino porque Cristina se está colgando hábilmente de ese cuestionamiento técnico para ir avanzando en su objetivo político estratégico: recuperar para el gobierno nacional el dominio de los recursos naturales, como ya lo hizo el peronismo con la Constitución de 1949 cuando Mendoza había consagrado un año antes una reforma local que otorgaba a la provincia la propiedad de esos bienes.
Por lo tanto, que no se equivoquen los gobernadores rebeldes en creer que el enemigo es Galuccio, que llenó la cabeza a Cristina contra las provincias, cuando es exactamente al revés. Cristina está utilizando al titular de YPF para que libre la guerra petrolera contra las provincias, pero Galuccio lo que quiere es eliminar trabas locales para conseguir inversiones extranjeras que hagan funcionar a Vaca Muerta, mientras que sus jefes políticos lo que anhelan es afanar Vaca Muerta a las provincias.
Esa idea centralista, si no la paran las provincias interesadas, aunque mañana ya no esté Cristina, cualquier otro presidente puede seguir buscándola porque es mucho lo que se juega con Vaca Muerta.
Acá debería quedar una lección para Mendoza y los que quieren ser sus líderes. Estar identificado o no con el “proyecto nacional” de turno no garantiza en principio ser más o menos útil a los intereses de los mendocinos, pero lo que sí es definitivamente suicida para la provincia es que sus legisladores se los elijan desde el poder central, como venimos tolerando cada vez más. Porque esos, más que representantes del pueblo de la provincia o de la Nación, son delegados de la reina y jamás se pondrán del lado de sus votantes si Ella no los autoriza.
