Magdalena Odarda , Senadora de la Provincia de Río Negro, y Beatriz Kreitman, diputada de la Provincia de Neuquén, expresaron su preocupación por el masivo incumplimiento, por parte del Estado Nacional, sus organismos descentralizados o autárquicos, los entes públicos no estatales, las empresas del Estado y las empresas privadas concesionarias de servicios públicos, del cupo laboral del 4 % para personas con discapacidad instituido por la Ley N° 22.431 y sus modificatorias.Inquietud que fue remitida al Lic. Gustavo Víctor Crisafulli, Rector de Universidad Nacional de Comahue, a quien le recordaron que el artículo 8vo, de la norma mencionada, expresa claramente "la obligación del organismo que Ud. preside de ocupar personas con discapacidad, en una proporción no inferior al cuatro por ciento (4%) de la totalidad de su personal, y a establecer reservas de puestos de trabajo a ser exclusivamente ocupados por ellas".
Y mencionaron que "el Decreto 312/2010, reglamenta el cumplimiento de dicho artículo, estableciendo los mecanismos que los sujetos obligados deberán utilizar para informar a la Subsecretaría de Gestión y Empleo Público dependiente de la Secretaría de Gabinete y Coordinación Administrativa de la Jefatura de Gabinete de Ministros de la Nación, de la cantidad de personas con discapacidad empleadas, en cualquiera de sus modalidades".
Odarda y Kreitman resaltaron que de acuerdo al último informe emitido sobre el cumplimiento del cupo laboral para personas con discapacidad (referido al segundo semestre de 2013), "se revela el claro incumplimiento por parte del estado nacional del cupo del 4%: luego de 33 años de vigencia de la norma, apenas se alcanza hoy a cubrir el 0,77% en las Jurisdicciones Ministeriales y Entidades Descentralizadas. Poniendo el foco en las Universidades Nacionales el dato es más preocupante: sólo alcanzan el 0,24%. Esto no sólo evidencia la incapacidad de los sucesivos gobiernos para garantizar la inclusión laboral de los trabajadores y trabajadoras con discapacidad, sino además, expresa la inoperancia de los organismos de control, como la CONADIS y la Sindicatura General de la Nación".
En dicho informe además se señala que la Universidad Nacional de Comahue es una de las instituciones que no informa respecto del cumplimiento o no del cupo laboral. Por ello las legisladoras recordaron que "es una obligación legal brindar dicha información, debido a que el alcance de la normativa referida, sobre las Universidades Nacionales, ya fue resuelto en la sentencia del Juzgado Federal Civil de Tucumán, Secretaria II – Leyes especiales, de fecha 22 de octubre de 2010, en los Autos: “C. M. c/ UNIVERSIDAD NACIONAL DE TUCUMÁN S/ AMPARO”. Sentencia que luego fue ratificada por la Cámara en lo Contencioso Administrativo de la Sala I".
Por todo ello solicitaron se les informe la cantidad de trabajadores y trabajadoras con discapacidad empleados en la Universidad, así como también el cumplimiento o no del cupo laboral del 4%, instituido en la Ley Nº 22.431, artículo 8º.
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